Varapalo del Consejo de Estado

O reformula la futura Ley o estará atentando contra nuestra Constitución, poco menos que ha venido a concluir el Consejo de Estado ante el Gobierno en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y aporta, en consecuencia, nuevos y sustantivos elementos a una controversia que, entre el desacuerdo de las formaciones políticas, las estrecheces gubernamentales y las interpretaciones contrapuestas de buena parte del texto articulado, había alcanzado un nivel de incertidumbre que ni la holgada mayoría parlamentaria del Partido Popular (PP), ya puestos, lograba disminuir.

Decimos esto porque, entre otras consideraciones (como por ejemplo, si lo que pretende el Gobierno del Estado, con este Anteproyecto de Ley, es el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, no era necesaria esta nueva norma: bastaría con la aplicación de las medidas ya contenidas en la Ley Orgánica del mismo nombre), hay que destacar que el Consejo de Estado hace que se tambaleen los dos principales pilares en los que el Gobierno del Estado asienta el nuevo modelo de régimen local que busca imponer. En otras palabras, desmonta la línea de flotación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Veamos.

Con respecto a la fórmula del coste estándar, el Consejo de Estado es contundente. Lo poco que dice el Anteproyecto de Ley de cómo se llevará a cabo la evaluación del coste de los servicios municipales, remitiéndolo, casi todo, al futuro desarrollo reglamentario, es, en palabras del Consejo, “tan amplia y carente de parámetros legales que prácticamente puede considerarse como una habilitación en blanco al Gobierno”.

Para el Consejo, al menos, debería especificarse a quién corresponde la competencia para realizar tal evaluación, precisar los criterios que deben tomarse en consideración para llevarla a cabo y regular, siquiera de forma sucinta, el cauce procedimental a través del cual ha de discurrir esta operación.

La referencia que hace a la necesidad de precisar los criterios para la evaluación no es baladí. Como reclama el municipalismo, el Consejo de Estado reconoce que estamos ante una realidad heterogénea, a partir de la cual sugiere que se introduzcan factores de corrección que atiendan a diversas variables como: la orografía, el clima o la estructura social y económica del municipio.

Pero ahí no queda la cosa. Es más, llega a afirmar que la aplicación del coste estándar “no debería producir el efecto condicionante que se le atribuye, que, en última instancia, puede llegar a suponer una atribución ”en precario“ a los municipios de su autonomía”. E incluso que “pueda también hacer operar de manera inadecuada las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

Huelga decir, por tanto, que estamos ante un duro varapalo al sistema concebido por el Gobierno del Estado.

En cuanto al régimen de traslación de las competencias municipales a favor de los Cabildos insulares, el Consejo de Estado parte de un hecho, que parece una obviedad: el nuevo régimen “supone un desapoderamiento ex lege de las competencias municipales, en favor de la isla”, en el caso de Canarias, claro está. Lo que pudiera derivar en un “cuestionamiento de la garantía institucional de la Autonomía Municipal”.

El Consejo de Estado advierte de la incongruencia y diferente trato que se dispensa a los Municipios y a los cabildos ya que se parte de la prestación de los servicios municipales por parte de los Cabildos insulares, cuando los municipios no superen la evaluación de su coste estándar, pero sin tener en cuenta el posible escenario en el que el Cabildo al que haya de encomendarse dicha prestación “se encuentre en una situación de déficit que puede dificultar o impedir razonablemente asumir la gestión de esos mismos servicios”. En este sentido, el Consejo echa en falta algún tipo de consecuencias para el caso de incumplimiento, por los cabildos, del coste estándar.

El órgano consultivo advierte que “disponer la supresión de contenidos fundamentales de la Autonomía Local con base en el incumplimiento de un parámetro económico y único (coste estándar), configurado como elemento del que depende la continuidad de la prestación de servicios por parte del municipio, puede afectar negativamente al núcleo esencial de la citada garantía institucional”.

Pero ahí no queda la cosa, el Consejo se moja y reconoce que más que por la traslación de las competencias a los cabildos, el Anteproyecto debería abogar por otras alternativas enfocadas a la asociación voluntaria de municipios (mancomunidades e incluso fusiones), “no solo más respetuosas con la Autonomía Local, sino también con la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera”.

En definitiva, para el Consejo de Estado, el Anteproyecto de Ley genera serias dudas, incertidumbres e incongruencias que provocan altas dosis de inseguridad jurídica y que pueden llegar incluso a “dificultar la consecución de los objetivos que con la nueva regulación se pretenden alcanzar”. Es por ello que invita a su revisión.

Porque el varapalo es de los que hacen época.

O reformula la futura Ley o estará atentando contra nuestra Constitución, poco menos que ha venido a concluir el Consejo de Estado ante el Gobierno en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Y aporta, en consecuencia, nuevos y sustantivos elementos a una controversia que, entre el desacuerdo de las formaciones políticas, las estrecheces gubernamentales y las interpretaciones contrapuestas de buena parte del texto articulado, había alcanzado un nivel de incertidumbre que ni la holgada mayoría parlamentaria del Partido Popular (PP), ya puestos, lograba disminuir.

Decimos esto porque, entre otras consideraciones (como por ejemplo, si lo que pretende el Gobierno del Estado, con este Anteproyecto de Ley, es el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, no era necesaria esta nueva norma: bastaría con la aplicación de las medidas ya contenidas en la Ley Orgánica del mismo nombre), hay que destacar que el Consejo de Estado hace que se tambaleen los dos principales pilares en los que el Gobierno del Estado asienta el nuevo modelo de régimen local que busca imponer. En otras palabras, desmonta la línea de flotación del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Veamos.