Varapalo al sistema educativo canario

Ocurrió hace apenas un mes con la publicación del Barómetro Sanitario 2009, en el que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias otorgan la peor nota de todas las comunidades a los servicios sanitarios; y, además, son con diferencia los que optarían en un mayor porcentaje por acudir a la privada en caso de una enfermedad grave: sólo el 39,8% de los canarios apuesta por la pública, mientras que en el conjunto de España se inclinarían por la Sanidad pública el 57,9%, es decir, dieciocho puntos más.

Asimismo, es muy escaso el desarrollo de la Ley de Dependencia en el Archipiélago, como reiteró hace unas semanas el Observatorio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que nos sitúa a la cola de todo el Estado. Canarias es la comunidad que acumula mayor desatención, con un 60% de personas que, teniendo grado y nivel suficientes para ejercer el derecho a ser atendidos, siguen a la espera del Plan Individualizado de Atención (PIA), así como la comunidad con la menor tasa de atendidos de todo el Estado, 3,4 por 1.000 habitantes cuando la media estatal es 11,8. Esto provocará, además, que el Archipiélago reciba menos fondos para su financiación ya que se han modificado los criterios de reparto incrementando el peso de las personas efectivamente atendidas.

Competencias básicas

Por si lo anterior fuera poco, esta semana hemos conocido un diagnóstico de las competencias básicas del alumnado de cuarto curso de Enseñanza Primaria que confirma que la crítica situación de los servicios públicos no es menor en el caso del sistema educativo. Este riguroso informe del Ministerio de Educación ha analizado a cincuenta centros educativos de las Islas, con 1.624 estudiantes y sus familias, así como profesores y directores de los colegios participantes. Un informe que tiene como finalidad “contribuir a la mejora de la calidad y la equidad de la educación, orientar las políticas educativas, aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo y ofrecer información sobre el grado de adquisición de las competencias básicas”.

A lo largo del prolífico estudio, Canarias se codea con Ceuta y Melilla, Baleares y Comunidad Valenciana en los últimos lugares en competencias básicas lingüísticas, matemáticas (en la que aparecemos como última comunidad autónoma), conocimiento e interacción con el medio y sociales.

Contamos, además, con las mayores tasas de repetidores, un 6,5% en 4º de Primaria, sólo peor ubicados que castellano manchegos y baleares, y muy lejos de comunidades como Cataluña (1,3), La Rioja (2,9) y Comunidad Valencia (3,4). Circunstancia que es aún peor en 6º de Primaria, curso en el que Canarias alcanza un porcentaje del 7,9. En el propio informe se destaca que los resultados de los alumnos que han repetido un curso están por debajo que el de los demás en las cuatro competencias analizadas.

Otros datos arrojados por el estudio son de enorme interés para saber el estado actual de la educación canaria. Entre ellos, el gasto por alumno y año en la enseñanza no universitaria. Canarias, con 5.874 euros, es la de las que menos invierte, junto a Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana, y a enorme distancia de comunidades como Navarra (7.587), Asturias (7.742) y País Vasco (9.835).

Ratios

Igualmente, nuestra comunidad tiene las ratios (número de alumnos por enseñante) más altas de España, junto a Melilla y Andalucía, mientras que la más baja la encontramos en la exitosa Asturias, la región que, tras La Rioja, es la que mejor aparece en el global de las competencias básicas analizadas en este diagnóstico.

Arrastramos todavía, además, las consecuencias de la escasa atención que recibió la educación en Canarias hasta bien entrado el último cuarto del siglo XX. Hasta iniciados los años ochenta manteníamos graves problemas de escolarización ?con una deficiente red de centros en todo el Archipiélago y plantillas de profesorado completamente insuficientes- y altas tasas de analfabetismo. Es preciso reconocer el enorme esfuerzo que Canarias hizo tras la asunción de las competencias educativas y en todo el proceso de implantación de la LOGSE.

Pero siguen persistiendo importantes diferencias respecto al nivel educativo de la población con la media estatal. España está casi veinte puntos por debajo de los países de la Unión Europea y de la OCDE en población adulta que posee estudios de secundaria postobligatoria y superiores, 51% frente a algo más del 71%. En nuestro caso, el canario, el porcentaje es del 45,9%, cinco por debajo de la media estatal y muy lejos de la Comunidad de Madrid (61,5%) o Euskadi (63,8%).

Un informe tan negativo como este diagnóstico debe animar a la realización de profundos cambios en el sistema educativo canario que nos acerquen a mayores niveles de calidad y de equidad. Ello implica que el Gobierno canario vuelva a colocar a la educación como una prioridad política, dotándola de los recursos necesarios, pero también necesita de un imprescindible convencimiento y compromiso de todos los sectores educativos, especialmente de los docentes, pero también de las familias y el alumnado.

*Presidente de Nueva Canarias

Román Rodríguez*

Ocurrió hace apenas un mes con la publicación del Barómetro Sanitario 2009, en el que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias otorgan la peor nota de todas las comunidades a los servicios sanitarios; y, además, son con diferencia los que optarían en un mayor porcentaje por acudir a la privada en caso de una enfermedad grave: sólo el 39,8% de los canarios apuesta por la pública, mientras que en el conjunto de España se inclinarían por la Sanidad pública el 57,9%, es decir, dieciocho puntos más.

Asimismo, es muy escaso el desarrollo de la Ley de Dependencia en el Archipiélago, como reiteró hace unas semanas el Observatorio de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que nos sitúa a la cola de todo el Estado. Canarias es la comunidad que acumula mayor desatención, con un 60% de personas que, teniendo grado y nivel suficientes para ejercer el derecho a ser atendidos, siguen a la espera del Plan Individualizado de Atención (PIA), así como la comunidad con la menor tasa de atendidos de todo el Estado, 3,4 por 1.000 habitantes cuando la media estatal es 11,8. Esto provocará, además, que el Archipiélago reciba menos fondos para su financiación ya que se han modificado los criterios de reparto incrementando el peso de las personas efectivamente atendidas.