Nueve años de Alcaide

El Partido Popular desplegó este miércoles en el Parlamento todo su repertorio de infamias para llenar de basura la labor del Diputado del Común, institución que mete en el mismo saco de las aboliciones de la Televisión Autonómica y la Guanchancha, lo que ya da una idea del percal. Sostiene el PP que ese papel de defensa de los ciudadanos frente a los atropellos de la Administración bien lo podrían ejercer los sesenta diputados que forman parte de la Cámara, sin que hasta la fecha se conozca cómo sería el modelo organizativo a ejecutar, si Águeda Montelongo defendería a los que no vistan de Ralph Lauren o si Manolo Fernández se ocuparía de los problemas de los que persiguen una vivienda pública sin éxito o de los vecinos de El Lechugal, afectados por la urbanización Anfi Tauro, de la que fue consejero delegado. Resulta difícil ver a Jorge Rodríguez, imputado por tráfico de influencias en el caso Faycan/Grupo Europa, reunido con los vecinos de Schamann, cabreados con el Ayuntamiento de Cardona, del que formó parte en la etapa soriana, por las torres del Canódromo y los continuos atropellos al barrio. Y eso si sus señorías canarias se libran del temporal antidemocrático que ha provocado la Cospedal desde Castilla La Mancha, suprimiendo los sueldos de los diputados y obligándoles a otras ocupaciones que, en el caso del modelo pepero canario, impediría que ninguno pudiera ejercer de defensor. Sin contar que, de aplicarse la doctrina de este mismo partido, habría que reducir el número de parlamentarios de Teobaldo Power, lo que complica mucho la misma teoría de supresión del Diputado del Común. Resulta curioso, por otro lado, observar cómo el PP empezó a reclamar la desaparición de esa institución cuando acababa su compadreo con Coalición Canaria, a finales de 2010, después de nueve interminables años de Manuel Alcaide (2002-2011), elevado a la condición de Diputado del Común, a mayor gloria del canapé, precisamente a propuesta del PP. Si ha habido alguien en Canarias que acabó con la imagen de diligencia y efectividad de la institución ese fue el defensor del pueblo promovido por los conservadores, por lo que pretender ahora que en el año que lleva Saavedra se recomponga la imagen del organismo y resulte “rentable” ?por emplear el verbo que más gusta a los populares- es como mínimo una impertinencia. Y reducirlo todo a un asunto meramente económico, como hizo ayer el diputado Moreno, una solemne soplapollez.

El Partido Popular desplegó este miércoles en el Parlamento todo su repertorio de infamias para llenar de basura la labor del Diputado del Común, institución que mete en el mismo saco de las aboliciones de la Televisión Autonómica y la Guanchancha, lo que ya da una idea del percal. Sostiene el PP que ese papel de defensa de los ciudadanos frente a los atropellos de la Administración bien lo podrían ejercer los sesenta diputados que forman parte de la Cámara, sin que hasta la fecha se conozca cómo sería el modelo organizativo a ejecutar, si Águeda Montelongo defendería a los que no vistan de Ralph Lauren o si Manolo Fernández se ocuparía de los problemas de los que persiguen una vivienda pública sin éxito o de los vecinos de El Lechugal, afectados por la urbanización Anfi Tauro, de la que fue consejero delegado. Resulta difícil ver a Jorge Rodríguez, imputado por tráfico de influencias en el caso Faycan/Grupo Europa, reunido con los vecinos de Schamann, cabreados con el Ayuntamiento de Cardona, del que formó parte en la etapa soriana, por las torres del Canódromo y los continuos atropellos al barrio. Y eso si sus señorías canarias se libran del temporal antidemocrático que ha provocado la Cospedal desde Castilla La Mancha, suprimiendo los sueldos de los diputados y obligándoles a otras ocupaciones que, en el caso del modelo pepero canario, impediría que ninguno pudiera ejercer de defensor. Sin contar que, de aplicarse la doctrina de este mismo partido, habría que reducir el número de parlamentarios de Teobaldo Power, lo que complica mucho la misma teoría de supresión del Diputado del Común. Resulta curioso, por otro lado, observar cómo el PP empezó a reclamar la desaparición de esa institución cuando acababa su compadreo con Coalición Canaria, a finales de 2010, después de nueve interminables años de Manuel Alcaide (2002-2011), elevado a la condición de Diputado del Común, a mayor gloria del canapé, precisamente a propuesta del PP. Si ha habido alguien en Canarias que acabó con la imagen de diligencia y efectividad de la institución ese fue el defensor del pueblo promovido por los conservadores, por lo que pretender ahora que en el año que lleva Saavedra se recomponga la imagen del organismo y resulte “rentable” ?por emplear el verbo que más gusta a los populares- es como mínimo una impertinencia. Y reducirlo todo a un asunto meramente económico, como hizo ayer el diputado Moreno, una solemne soplapollez.