Bento (Enrique) recopila documentación

La cosa se pone ciertamente interesante porque sitúa el debate sobre el escándalo de Vanyera en el cuadrante gubernamental exacto. El PP culpa a los Servicios Jurídicos porque sabe perfectamente que el decreto por el que se concedió el aval responsabiliza de todas las gestiones al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria. Basta con leérselo para tener que dejarse de pamplinas y para concluir que no puede ser culpable de un delito contra la seguridad vial el Parlamento que haya aprobado el Código de Circulación, sino el conductor que lo comete y/o el agente del orden que mira para otro lado. De libro. Un fallo clamoroso de los Servicios Jurídicos, que no contestan hasta septiembre un auto judicial de julio de 2010, alegando un error de notificación del juzgado de lo Mercantil, remata la sucesión de negligencias cometidas en la Consejería que comandaba Soria. Su interventor general de entonces, subsecretario del Ministerio de Industria ahora, Enrique Hernández Bento, ya ha salido con las patas por delante anunciando urbi et orbi que está recopilando papeles para demostrar, atención, atención, que no estaba tan claro que hiciera falta inscribir las garantías en el Registro Mercantil para consolidarlas ante el concurso de acreedores en el que ya estaba incursa la compañía avalada. Ha dicho Bento a La Provincia que los Servicios Jurídicos no le contestaron a este respecto, lo que refuerza aún más nuestras tesis de la negligencia que rodeó todo este asunto. Porque a cualquier profano que tiene una duda sobre una cuestión así no se le ocurre esperar a que alguien le ilumine, directamente actúa en defensa del interés general inscribiendo los bienes en el registro correspondiente, una diligencia que no costaba nada ni suponía quebrando alguno para la Comunidad Autónoma, sino más bien todo lo contrario. Quedamos a la espera de la documentación que dice estar recopilando el señor subsecretario para conocer hasta dónde puede llegar la inventiva y la desfachatez de estos individuos. De entrada, el Gobierno ya ha afirmado que desde Economía y Hacienda no se evacuó ninguna consulta a los Servicios Jurídicos, seguramente porque nadie quiso darse oficialmente por enterado de que se estaba actuando mal a sabiendas.

La cosa se pone ciertamente interesante porque sitúa el debate sobre el escándalo de Vanyera en el cuadrante gubernamental exacto. El PP culpa a los Servicios Jurídicos porque sabe perfectamente que el decreto por el que se concedió el aval responsabiliza de todas las gestiones al entonces consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria. Basta con leérselo para tener que dejarse de pamplinas y para concluir que no puede ser culpable de un delito contra la seguridad vial el Parlamento que haya aprobado el Código de Circulación, sino el conductor que lo comete y/o el agente del orden que mira para otro lado. De libro. Un fallo clamoroso de los Servicios Jurídicos, que no contestan hasta septiembre un auto judicial de julio de 2010, alegando un error de notificación del juzgado de lo Mercantil, remata la sucesión de negligencias cometidas en la Consejería que comandaba Soria. Su interventor general de entonces, subsecretario del Ministerio de Industria ahora, Enrique Hernández Bento, ya ha salido con las patas por delante anunciando urbi et orbi que está recopilando papeles para demostrar, atención, atención, que no estaba tan claro que hiciera falta inscribir las garantías en el Registro Mercantil para consolidarlas ante el concurso de acreedores en el que ya estaba incursa la compañía avalada. Ha dicho Bento a La Provincia que los Servicios Jurídicos no le contestaron a este respecto, lo que refuerza aún más nuestras tesis de la negligencia que rodeó todo este asunto. Porque a cualquier profano que tiene una duda sobre una cuestión así no se le ocurre esperar a que alguien le ilumine, directamente actúa en defensa del interés general inscribiendo los bienes en el registro correspondiente, una diligencia que no costaba nada ni suponía quebrando alguno para la Comunidad Autónoma, sino más bien todo lo contrario. Quedamos a la espera de la documentación que dice estar recopilando el señor subsecretario para conocer hasta dónde puede llegar la inventiva y la desfachatez de estos individuos. De entrada, el Gobierno ya ha afirmado que desde Economía y Hacienda no se evacuó ninguna consulta a los Servicios Jurídicos, seguramente porque nadie quiso darse oficialmente por enterado de que se estaba actuando mal a sabiendas.