Caso Vanyera: el PP cambia de táctica

Interesante cambio de táctica del Partido Popular en el escándalo Vanyera, el aval fallido de 5,2 millones de euros otorgado a esa empresa grancanaria que se fue por el sumidero por no haberle exigido suficientes garantías ni inscribir en el Registro Mercantil las exiguas que aportó sin que la Consejería de Economía y Hacienda, en poder de Soria, rechistara lo más mínimo. Si los populares salieron inicialmente en tromba atribuyendo la única culpa al Parlamento de Canarias, por haber autorizado la concesión previa del aval, ahora ha corregido el tiro al enterarse por esta misma sección de que los Servicios Jurídicos del Gobierno no actuaron con la diligencia exigible en agosto de 2010 oponiéndose ante el juzgado de lo Mercantil al plan de liquidación de la empresa avalada, que incluía la venta de los bienes muebles que había presentado como garantía. Mala táctica. Porque al Gobierno le han faltado minutos para hacer lo que hasta ahora no había hecho: señalar con nombre y apellidos a José Manuel Soria y aportar detalles que hasta ahora sólo se conocían de manera oficiosa. Porque siendo cierto que los Servicios Jurídicos no fueron precisamente eficientes al actuar ante el juzgado de lo Mercantil, más cierto es que esos episodios forman parte de la fase final del disparate, cuando difícilmente la Comunidad Autónoma podía inscribir en el concurso de acreedores sus derechos como crédito preferente por la negligente actuación de la consejería de Soria, que ni exigió las garantías mínimas que cubrieran la cantidad que se avalaba en caso de impago ni inscribió las que Vanyera3 aportó como le dio la gana. Pero constituye toda una satisfacción escuchar al PP responsabilizar directa y exclusivamente del desaguisado al consejero de Presidencia de la época, José Miguel Ruano, compadre de muchas andanzas de José Manuel Soria en aquellos años en que Coalición Canaria y el Partido Popular compartían huevo y sobraba huevo.

Interesante cambio de táctica del Partido Popular en el escándalo Vanyera, el aval fallido de 5,2 millones de euros otorgado a esa empresa grancanaria que se fue por el sumidero por no haberle exigido suficientes garantías ni inscribir en el Registro Mercantil las exiguas que aportó sin que la Consejería de Economía y Hacienda, en poder de Soria, rechistara lo más mínimo. Si los populares salieron inicialmente en tromba atribuyendo la única culpa al Parlamento de Canarias, por haber autorizado la concesión previa del aval, ahora ha corregido el tiro al enterarse por esta misma sección de que los Servicios Jurídicos del Gobierno no actuaron con la diligencia exigible en agosto de 2010 oponiéndose ante el juzgado de lo Mercantil al plan de liquidación de la empresa avalada, que incluía la venta de los bienes muebles que había presentado como garantía. Mala táctica. Porque al Gobierno le han faltado minutos para hacer lo que hasta ahora no había hecho: señalar con nombre y apellidos a José Manuel Soria y aportar detalles que hasta ahora sólo se conocían de manera oficiosa. Porque siendo cierto que los Servicios Jurídicos no fueron precisamente eficientes al actuar ante el juzgado de lo Mercantil, más cierto es que esos episodios forman parte de la fase final del disparate, cuando difícilmente la Comunidad Autónoma podía inscribir en el concurso de acreedores sus derechos como crédito preferente por la negligente actuación de la consejería de Soria, que ni exigió las garantías mínimas que cubrieran la cantidad que se avalaba en caso de impago ni inscribió las que Vanyera3 aportó como le dio la gana. Pero constituye toda una satisfacción escuchar al PP responsabilizar directa y exclusivamente del desaguisado al consejero de Presidencia de la época, José Miguel Ruano, compadre de muchas andanzas de José Manuel Soria en aquellos años en que Coalición Canaria y el Partido Popular compartían huevo y sobraba huevo.