Clavijo desaforado, muy desaforado

Alguien debió haber dicho al presidente del Gobierno de Canarias que su presumible imputación en el caso Grúas iba a morir en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Era el lugar natural para hacerlo, como murió en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en manos de Manuel Marchena, la causa contra Pablo Casado por su máster fraudulento, o la que iba a caerle encima al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por conspirar contra autoridades catalanas utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía, si fuera menester.

Por eso a Clavijo y a los dirigentes de Coalición Canaria no les preocupaba lo más mínimo la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, y como consecuencia, la desaparición de los aforamientos para las autoridades de esta sandunguera nacionalidad. Tenían la seguridad de que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, iba a convencer a sus dos compañeras de la Sala de lo Penal de la conveniencia de sobreseer lo referido al presidente del Gobierno, lo que hubiera supuesto la muerte del procedimiento para los otros dos implicados, el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz de CC en ese ayuntamiento, Antonio Pérez-Godiño.

Sin embargo, algo empezó a torcerse la semana en la que se aprobó en el Senado el nuevo Estatuto de Autonomía. Fue como si, de repente, alguien se hubiera acordado de que esa causa, la de las grúas, estaba viva y había que resolverla. Desde el entorno del presidente del TSJC, Antonio Doreste, se filtró a varios periódicos que la decisión iba a ser la más razonable: si no se han abierto aún las diligencias y si el fiscal todavía no ha evacuado su informe, ¿para qué someterse al riesgo de escarnio público estando al caer el fin de los aforamientos?

Esa filtración coincidió con la entrada en el TSJC de una querella de la Fiscalía contra el actual secretario primero del Parlamento de Canarias, Mario Cabrera, y contra el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, ambos de CC. La decisión iba a ser la misma: aunque Cabrera estuviera en ese momento aforado y hubiera de ser estudiada la admisión de la querella (formulada por la Fiscalía del TSJC), había que renunciar a la competencia y enviar la causa a los juzgados de Puerto del Rosario, partido judicial donde presuntamente se cometieron los delitos, relacionados con la gestión del Consorcio Insular de Aguas de la isla.

Para entonces ya corría como la pólvora el rumor de que el fiscal encargado de evaluar la investigación a Clavijo había hecho un informe a su favor, y que el fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, lo había puesto en remojo y enviado a la Fiscalía General del Estado. Como se verificó más tarde, la decisión que se tomó entonces fue la de dejar pasar el tiempo para devolver la causa a los juzgados de La Laguna y esquivar una nueva crisis de imagen de la justicia ante la ciudadanía.

Y es a esa decisión del Ministerio Público a la que se aferra como palanca para el victimismo Clavijo y el clavijismo, intentando convencernos a todos de que el presidente del Gobierno de Canarias es víctima de una conspiración ideada desde La Moncloa, a través de la Fiscalía General del Estado, en la que pueden haber participado malvados socialistas como el exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar. Chupito.

Los autores y seguidores de tan poco original teoría olvidan varios aspectos de singular importancia:

Primero. Que la tutela judicial efectiva que invocan para el presidente del Gobierno, que se siente perseguido y víctima de un delito por el que piensa denunciar a la Fiscalía (chupito), también es un derecho que pueden exigir los denunciantes, capacitados igualmente para reclamar el juez predeterminado por la ley, en estos momentos la titular de Instrucción 2 de La Laguna, donde recayó su denuncia inicialmente.

Segundo. Que el aforamiento es un privilegio y que la jurisprudencia del Supremo es clara al respecto: en cuanto se pierde, salvo que ya se haya dictado auto de apertura de juicio oral, la causa contra el aforado debe pasar automáticamente a los juzgados ordinarios. Por lo tanto, afirmar que el caso Grúas pudo haberse sustanciado en el TSJC para su tramitación es un disparate jurídico que resulta bochornoso explicar.

Tercero. Que para alimentar la teoría de que Clavijo es una víctima del malvado sistema judicial presuntamente socialista ha sido decisivo el voto particular emitido sorpresivamente por el presidente del TSJC, Antonio Doreste, magistrado que accedió a tal rango por el turno de “juristas de reconocido prestigio” procedente de la jurisdicción laboral, y por lo tanto sin experiencia alguna en derecho penal. Eso se nota en el texto que todos hemos podido leer, que en ocasiones parece haber sido escrito por un becario o una becaria de un bufete de abogados, mayormente del despacho de Víctor Díaz, el abogado defensor de Clavijo, exconsejero, al igual que Doreste, de un gobierno nacionalista canario y olé. Ya se ha ocupado el fiscal jefe de Canarias de desacreditar las tesis expuestas por el presidente del TSJC con unos calificativos que seguro van a provocar que el año que viene tampoco haya acto solemne de apertura del año judicial ante tan profunda quiebra de relaciones entre Ministerio Fiscal y TSJC.

Cuarto. Que el mismo Doreste, sin pretenderlo, parece justificar su esfuerzo intelectual en atención al estado en el que descubrió de buenas a primeras al presidente del Gobierno, al que llama “desaforado”. Desaforado es, según la RAE, persona “que obra sin ley ni fuero, atropellando por todo”. Pues eso. Ese regalo ha permitido al clavijismo alimentar la tesis de que existe una esperanza de dejar residenciado el asunto en el tribunal de los aforados, algo imposible del todo.

Quinto. Si Clavijo (y sus mariachis) están tan convencidos de su inocencia, ¿qué temor hay a que pueda ser investigado por cualquier juez o jueza? ¿Es que los jueces ordinarios son más estrictos que los del TSJC? ¿Los aforamientos ocultaban algo más que debamos saber? Lo cierto es, sin embargo, que el presidente del Gobierno y su sucesor al frente de la alcaldía de La Laguna, José Alberto Díaz, hermano del dueño del bufete de abogados donde trabaja el becario que puede haber sido el autor del voto particular del presidente del TSJC, tienen mucho miedo a un juzgado de instrucción ordinario, donde las causas se dirimen mediante la Ley de Enjuiciamiento Criminal de aplicación al común de los mortales, y con capacidad de apelación ante la Audiencia Provincial. No hay jueces o juezas nombrados por el Parlamento para juzgar a aforados, ni contaminación por eso que algunos llamamos la mafia del canapé, ya se sabe, el cariño que nace del roce de tanto acto público en moquetas y cócteles pagados con el dinero del común.

Sexto. Por si fuera poco vía crucis el que se le viene encima a Clavijo con el caso Grúas, mejor es no arrendarle las ganancias con lo que pueda ocurrirle con otra causa que ya tiene varios tomos en el Juzgado de Instrucción 4 de La Laguna. Allí ha quedado residenciada otra denuncia de los partidos de la oposición en ese ayuntamiento, concretamente lo que tiene que ver con la inveterada manía de prorrogar contratos de suministros y de servicios a empresas a las que se les vencía sin que se convocara concurso y en contra -cómo no- del criterio del interventor general del Ayuntamiento. Este caso supera en gravedad y en cuantía al de las grúas, y hay actos desde 2013 hasta la fecha, es decir, desde que Fernando Clavijo era alcalde de la ciudad hasta que le sucedió José Alberto Díaz.

Séptimo. Hasta aquí hemos llagado porque una comisión de estudio (por no llamarla de investigación) abierta a principios de este mandato en el Ayuntamiento de La Laguna se saldó con unas conclusiones sencillamente infames, diciendo que todo se hizo bajo la más estricta legalidad gracias a el voto del propio alcalde, implicado en la trama, emitido contra el criterio jurídico de la secretaria de la Corporación y, con el respaldo del PP y del PSOE, cómplices políticos del caso Grúas, por mucho que les pese.

Alguien debió haber dicho al presidente del Gobierno de Canarias que su presumible imputación en el caso Grúas iba a morir en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Era el lugar natural para hacerlo, como murió en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en manos de Manuel Marchena, la causa contra Pablo Casado por su máster fraudulento, o la que iba a caerle encima al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por conspirar contra autoridades catalanas utilizando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Fiscalía, si fuera menester.

Por eso a Clavijo y a los dirigentes de Coalición Canaria no les preocupaba lo más mínimo la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, y como consecuencia, la desaparición de los aforamientos para las autoridades de esta sandunguera nacionalidad. Tenían la seguridad de que el presidente del TSJC, Antonio Doreste, iba a convencer a sus dos compañeras de la Sala de lo Penal de la conveniencia de sobreseer lo referido al presidente del Gobierno, lo que hubiera supuesto la muerte del procedimiento para los otros dos implicados, el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y el portavoz de CC en ese ayuntamiento, Antonio Pérez-Godiño.