Un concurso limpio en la tele canaria

Puede que Santiago Negrín no midiera bien su estrategia para agarrase como una lapa a la presidencia del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria cuando envió su artículo dominical de lamentaciones exclusivamente a los dos periódicos de Editorial Prensa Canaria, La Provincia y La Opinión de Tenerife. De alguna manera estaba delatando al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y a su viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, el director en la sombra de los medios de comunicación públicos. Y de una parte de los privados.

El artículo en cuestión se publicó este domingo en exclusiva en esos dos periódicos, los únicos que debemos entender que no han atacado al presidente de RTVC ni lo han insultado, ni han colaborado de manera mafiosa al descrédito que sufre la televisión pública y quien está a su frente desde hace dos años. Porque, a tenor de lo que dijo Negrín el viernes en la Comisión de Control de RTVC en el Parlamento de Canarias, es víctima de una cacería implacable en la que, al parecer, se encuentran periódicos y periodistas y una nutrida representación de partidos políticos, concretamente los partidos políticos que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, un 80%, ley electoral mediante.

A lo largo de ese artículo, de 1.262 palabras, el máximo responsable de RTVC anuncia que no piensa dimitir, que está en el cargo para defender no se sabe muy bien qué cosa de una televisión decente y de calidad. Y acusa a los que no le respaldan de ponerle palos en la rueda, de insultarle y de no respetar el magnífico trabajo que está realizando. Su escaso respeto por las fuerzas parlamentarias de la oposición es antológico, incluso les reprocha que abandonaran la sala del parlamento cuando en la comisión de control empezó a faltarles el respeto de una manera intolerable y, eso sí, después de presumir de haberles respetado siempre. El presidente de esa comisión, José Manuel Pitti, que se fundió en un abrazo con el compareciente al término de su heroicidad, ya sabía que Negrín se iba a despachar a gusto. Por eso desoyó las peticiones de amparo que le formularon algunos de los diputados cuando comenzó la balacera.

La gestión de Santiago Negrín no es que vaya a hacer buena la de su antecesor, es que ya la ha superado hacia atrás sobradamente, sin que haya que descartar en absoluto que termine acudiendo a los juzgados a defender algunos de sus comportamientos. De entrada, baste decir que la personación del ente público en el caso Willy García se desmoronará exactamente desde el momento en que la jueza instructora descubra que el método de contratación de programas tan vilipendiado sigue siendo utilizado por los sucesores del investigado, que pretenden empurar al anterior director general por lo mismo que se sigue haciendo.

Puede parecer anecdótico que se estén adoptando acuerdos en el Consejo Rector sin la mayoría necesaria, o sin la presencia de un secretario o secretario que asesore legalmente a ese órgano y que levante actas fiables de lo que allí se decide. O que el partido que lo puso y lo sustenta, Coalición Canaria, hasta ahora apoyado en esa estrategia por el PP, no haya tomado la decisión de cubrir las dos plazas vacantes en el consejo (una de cada uno de esos partidos). Pero es que esas deficiencias legales son las que están sirviendo a Negrín para tomar todos los atajos posibles y con la menor presencia de público y de votos que pudieran desactivarle el propósito por el que continúa en el puesto contra viento y marea.

Y ese propósito no es otro que sacar adelante el concurso de prestación de servicios informativos de la televisión canaria a la medida de lo que tiene decidido el presidente del Gobierno y su viceconsejero de Comunicación. Solo cuando lo haya conseguido dimitirá o Coalición Canaria lo dejará caer.

La portavoz de Coalición Canaria en la comisión de control de RTVC, Guadalupe González Taño, secretaria de Organización de ese partido y prueba viva de que los partidos políticos y los principios de capacidad y méritos son incompatibles, se preguntaba en tono ocurrente el viernes cómo era posible que a la oposición le preocupara tanto ese concurso de 140 millones de euros por ocho años de servicios. Y, con esa inteligencia política que tanto ha cultivado, obsequió a los presentes con uno de los consejos que dijo proporcionar a “los jóvenes que empiezan en política: si te tienen que criticar, que te critiquen por hacer, no por no hacer”. Ya es sorprendente que a este portento de la política alguien le pida consejos, pero más sorprendente es que no añadiera algo fundamental: que las cosas hay que hacerlas bien, no estilo Cantinflas.

Y lo que se le debe exigir a cualquier cargo público, en este caso concretamente a Santiago Negrín y a todos los que están apoyando su gestión al frente de RTVC, es que el concurso más dotado de la tele pública se haga con la máxima transparencia y el máximo rigor. Y la cosa empieza mal cuando convoca a los miembros del Consejo Rector deprisa y corriendo para anunciarles que ya tiene los pliegos y que inicia la tramitación del concurso como órgano de contratación que él dice ser apoyándose en unos informes ajenos a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma que él ha encargado. Unos pliegos que no han sido facilitados a los demás vocales del Consejo Rector y que, al parecer, ha elaborado una consultora externa cuya contratación también es un secreto.

Tanta diligencia para sacar adelante el concurso de informativos, cuyo actual contrato expira el 1 de julio de 2018, no ha sido aplicada sin embargo para el concurso de transporte de señal, cuyo actual contrato vence el 31 de agosto y pretende prorrogar por un año más porque no debe haber tenido tiempo de resolverlo de un modo más duradero. Y, claro, culpa de que la televisión pueda irse a negro y la radio caer en un silencio mortal a la única vocal del Consejo Rector que lleva meses reclamando que se cumpla la legalidad en ese órgano, entre otras cosas exigiendo que los acuerdos se tomen por tres votos, no por dos. Si Santiago Negrín y su compadre, el vocal del PP Alberto Padrón, han sido capaces de sacar adelante todos los acuerdos sospechosos de nulidad únicamente con sus votos, ¿qué les impide aprobar la prórroga a Abertis con esa exigua mayoría?

Para excusar todos sus excesos y su absoluta entrega a las órdenes de dudosa legalidad que provienen de la Presidencia del Gobierno y de los asesores mediáticos del presidente Clavijo, Santiago Negrín coloca a los trabajadores de la Televisión Canaria como escudos humanos. Como si yéndose a negro la televisión por su negligencia él no estuviera obligado a seguir pagando los 18 millones anuales a la actual proveedora de informativos, Videoreport Canarias, y ésta los salarios a los trabajadores.

Están tardando los grupos parlamentarios en activar medidas extraordinarias para acabar con este lamentable espectáculo.

Puede que Santiago Negrín no midiera bien su estrategia para agarrase como una lapa a la presidencia del Consejo Rector de la Radiotelevisión Canaria cuando envió su artículo dominical de lamentaciones exclusivamente a los dos periódicos de Editorial Prensa Canaria, La Provincia y La Opinión de Tenerife. De alguna manera estaba delatando al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y a su viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, el director en la sombra de los medios de comunicación públicos. Y de una parte de los privados.

El artículo en cuestión se publicó este domingo en exclusiva en esos dos periódicos, los únicos que debemos entender que no han atacado al presidente de RTVC ni lo han insultado, ni han colaborado de manera mafiosa al descrédito que sufre la televisión pública y quien está a su frente desde hace dos años. Porque, a tenor de lo que dijo Negrín el viernes en la Comisión de Control de RTVC en el Parlamento de Canarias, es víctima de una cacería implacable en la que, al parecer, se encuentran periódicos y periodistas y una nutrida representación de partidos políticos, concretamente los partidos políticos que representan a la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, un 80%, ley electoral mediante.