Corrales no tenía 10 años

Es una pena que el protagonismo lo haya querido asumir casi en exclusiva esa prima donna de la política santacrucera que es José Manuel Corrales, concejal de, de, de? de algún partido del que todavía no lo han echado. Porque de no haberse puesto delante de los focos como se puso desde el momento mismo en que se conocieron los nuevos y reveladores documentos de Las Teresitas, todos estaríamos apuntando en exclusiva al alcalde del pelotazo más glorioso de todos los tiempos y a los concejales, funcionarios, empresarios y banqueros que le acompañaron en la confabulación. A Corrales y a un selecto grupo de la izquierda de la izquierda, al fondo a la izquierda, de Tenerife, les ha dado por divulgar, desde el minuto uno y sin conocer con detalle el contenido de los documentos, que éstos responden sencillamente a un montaje urdido por la actual mayoría municipal (CC-PSOE) para perdonarle a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia los 53 millones de euros de la compra-venta del frente de playa. Para respaldar su nuevo delirio, los vengadores del antifaz argumentan que por culpa de esos documentos quedó suspendida la vista oral de la circunscripción civil en la que se iba a resolver este miércoles una de las demandas de reclamación de cantidades. Porque ha sido este Ayuntamiento y no el anterior el que ha reclamado por fin a los compadres que devuelvan el dinerito de todos los chicharreros en aplicación de la sentencia del Supremo que anuló la compra-venta. Y ha sido esta mayoría de gobierno y no otra la que, tras recopilar los documentos de la polémica, los ha puesto en manos de la Fiscalía Anticorrupción para que los incorpore a la causa penal que se instruye en el Supremo y donde están imputados, mira tú qué cosas, los mismos empresarios que Corrales y la izquierda más audaz considera beneficiados por esta decisión. En ninguna cabeza con un poco de seso cabe que se pueda mantener una causa civil de anulación de la compra-venta cuando los terrenos objeto de litigio, que habrían de ser devueltos a sus vendedores, no son de éstos sino del comprador. Parece complicado de entender, pero hasta Corrales lo cogería a la primera.

Es una pena que el protagonismo lo haya querido asumir casi en exclusiva esa prima donna de la política santacrucera que es José Manuel Corrales, concejal de, de, de? de algún partido del que todavía no lo han echado. Porque de no haberse puesto delante de los focos como se puso desde el momento mismo en que se conocieron los nuevos y reveladores documentos de Las Teresitas, todos estaríamos apuntando en exclusiva al alcalde del pelotazo más glorioso de todos los tiempos y a los concejales, funcionarios, empresarios y banqueros que le acompañaron en la confabulación. A Corrales y a un selecto grupo de la izquierda de la izquierda, al fondo a la izquierda, de Tenerife, les ha dado por divulgar, desde el minuto uno y sin conocer con detalle el contenido de los documentos, que éstos responden sencillamente a un montaje urdido por la actual mayoría municipal (CC-PSOE) para perdonarle a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia los 53 millones de euros de la compra-venta del frente de playa. Para respaldar su nuevo delirio, los vengadores del antifaz argumentan que por culpa de esos documentos quedó suspendida la vista oral de la circunscripción civil en la que se iba a resolver este miércoles una de las demandas de reclamación de cantidades. Porque ha sido este Ayuntamiento y no el anterior el que ha reclamado por fin a los compadres que devuelvan el dinerito de todos los chicharreros en aplicación de la sentencia del Supremo que anuló la compra-venta. Y ha sido esta mayoría de gobierno y no otra la que, tras recopilar los documentos de la polémica, los ha puesto en manos de la Fiscalía Anticorrupción para que los incorpore a la causa penal que se instruye en el Supremo y donde están imputados, mira tú qué cosas, los mismos empresarios que Corrales y la izquierda más audaz considera beneficiados por esta decisión. En ninguna cabeza con un poco de seso cabe que se pueda mantener una causa civil de anulación de la compra-venta cuando los terrenos objeto de litigio, que habrían de ser devueltos a sus vendedores, no son de éstos sino del comprador. Parece complicado de entender, pero hasta Corrales lo cogería a la primera.