Dejan a Paquirrín in puris naturalibus

Ahora depende de la juez, del fiscal y de la Policía. El Gobierno de Canarias, en un gesto que quizás no ha sido valorado en su justa medida por los miembros del pacto que lo sustenta, acaba de provocar un auténtico cataclismo en el seno de la operación Góndola, aquel famoso caso que estalló en 2006 por el que se investiga una trama de corrupción política vinculada al Ayuntamiento de Mogán y a algunos empresarios, entre ellos Santiago Santana Cazorla, co-propietario de Anfi del Mar. Y Anfi Tauro, claro, a ver si les suena. La desestimación del Plan General de ese municipio por parte de la Dirección General de Urbanismo es una decisión administrativa normal, aunque no por ello muy frecuente, pero en este caso se torna auténtica tragedia para el alcalde y su grupo de gobierno porque supone dejar en pelotas la batería de atenuantes que habían montado para cubrir las decisiones urbanísticas arbitrarias denunciadas e investigadas en su momento. Hay convenios lesivos para el interés general y recalificaciones que sobrepasan la alcaldada para entrar directamente en el disparate y en el Código Penal. Así que, a empezar de nuevo, a ver si en una de éstas se reactiva la instrucción y tenemos novedades que contarles.

Ahora depende de la juez, del fiscal y de la Policía. El Gobierno de Canarias, en un gesto que quizás no ha sido valorado en su justa medida por los miembros del pacto que lo sustenta, acaba de provocar un auténtico cataclismo en el seno de la operación Góndola, aquel famoso caso que estalló en 2006 por el que se investiga una trama de corrupción política vinculada al Ayuntamiento de Mogán y a algunos empresarios, entre ellos Santiago Santana Cazorla, co-propietario de Anfi del Mar. Y Anfi Tauro, claro, a ver si les suena. La desestimación del Plan General de ese municipio por parte de la Dirección General de Urbanismo es una decisión administrativa normal, aunque no por ello muy frecuente, pero en este caso se torna auténtica tragedia para el alcalde y su grupo de gobierno porque supone dejar en pelotas la batería de atenuantes que habían montado para cubrir las decisiones urbanísticas arbitrarias denunciadas e investigadas en su momento. Hay convenios lesivos para el interés general y recalificaciones que sobrepasan la alcaldada para entrar directamente en el disparate y en el Código Penal. Así que, a empezar de nuevo, a ver si en una de éstas se reactiva la instrucción y tenemos novedades que contarles.