Destituciones a la zorruna en Emalsa

Sacyr, o por ser más precisos, su filial acuática Valoriza, tiene declarados dos incendios fuera de control en ambas capitales canarias. En Santa Cruz de Tenerife, donde ganó de aquella manera durante la era Zerolo la privatización del servicio municipal de aguas, el Ayuntamiento se afana en recuperar la concesión ante la evidencia de que los pliegos no se están cumpliendo como es menester. El ex alcalde, hoy senador y cliente asiduo del Tribunal Supremo, necesitaba la pasta que aflojó Valoriza para pagar el pelotazo de Las Teresitas, y no se detuvo en minucias acerca de las garantías exigibles a un servicio tan sensible como el del abastecimiento del agua. ¿Para qué? Eso es una vulgaridad, habrá pensado mientras cubría el hoyo doce de su campo de golf favorito. Pero en Las Palmas de Gran Canaria Sacyr tiene otro problema, en este caso inducido por dos de sus más activos ejecutivos, el mentado Pablo Abril-Martorell, y su compañero de andanzas José Luis Rubio Díaz de Tudanca. Como les hemos contado en Canarias Ahora, ambos han sido pasto de la dimisión obligada por la central para ir desvinculándola del tremendo follón que se avecina cuando se conozcan con detalles sus idas y venidas entre Emalsa y Sercanarias, la empresa que dio lugar a la querella de la Fiscalía por delitos societarios todavía presuntos. A los conocedores del andar de la perrita ha llamado poderosamente la atención el método que ha tenido el alcalde Cardona de aceptar gentilmente esas dimisiones (acompañadas de otros tres consejeros de Saur y dos más de Valoriza) porque lo hizo mediante junta general convocada una tarde de diciembre, víspera de vacaciones, en las Casas Consistoriales de Santa Ana y sin mediar la más que recomendable convocatoria pública mediante publicación en prensa del orden del día con tiempo suficiente para que los partícipes puedan cambiar sus agendas. El más mosqueado con estas destituciones es, como cabe entender, el presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuán, vocal a su vez del consejo de administración de Sacyr, puesto desde el que muy probablemente ha podido tener acceso a información de primera mano de todo lo que se cocía a su alrededor en el negocio del agua que la compañía gestiona en Canarias. A Satocan no se le puede haber escondido siquiera la información manuscrita que tuvo oportunamente en su poder el ex presidente Luis del Rivero acerca de comisiones que jamás se debieron haber hecho efectivas. Que siendo quien es se le haya incluido en el lote de los demás ejecutivos en la carta que Sacyr envió al alcalde retirándole la confianza de Madrid es una espinita que tardará algún tiempo en desclavarse don Juan Miguel.

Sacyr, o por ser más precisos, su filial acuática Valoriza, tiene declarados dos incendios fuera de control en ambas capitales canarias. En Santa Cruz de Tenerife, donde ganó de aquella manera durante la era Zerolo la privatización del servicio municipal de aguas, el Ayuntamiento se afana en recuperar la concesión ante la evidencia de que los pliegos no se están cumpliendo como es menester. El ex alcalde, hoy senador y cliente asiduo del Tribunal Supremo, necesitaba la pasta que aflojó Valoriza para pagar el pelotazo de Las Teresitas, y no se detuvo en minucias acerca de las garantías exigibles a un servicio tan sensible como el del abastecimiento del agua. ¿Para qué? Eso es una vulgaridad, habrá pensado mientras cubría el hoyo doce de su campo de golf favorito. Pero en Las Palmas de Gran Canaria Sacyr tiene otro problema, en este caso inducido por dos de sus más activos ejecutivos, el mentado Pablo Abril-Martorell, y su compañero de andanzas José Luis Rubio Díaz de Tudanca. Como les hemos contado en Canarias Ahora, ambos han sido pasto de la dimisión obligada por la central para ir desvinculándola del tremendo follón que se avecina cuando se conozcan con detalles sus idas y venidas entre Emalsa y Sercanarias, la empresa que dio lugar a la querella de la Fiscalía por delitos societarios todavía presuntos. A los conocedores del andar de la perrita ha llamado poderosamente la atención el método que ha tenido el alcalde Cardona de aceptar gentilmente esas dimisiones (acompañadas de otros tres consejeros de Saur y dos más de Valoriza) porque lo hizo mediante junta general convocada una tarde de diciembre, víspera de vacaciones, en las Casas Consistoriales de Santa Ana y sin mediar la más que recomendable convocatoria pública mediante publicación en prensa del orden del día con tiempo suficiente para que los partícipes puedan cambiar sus agendas. El más mosqueado con estas destituciones es, como cabe entender, el presidente de Satocan, Juan Miguel Sanjuán, vocal a su vez del consejo de administración de Sacyr, puesto desde el que muy probablemente ha podido tener acceso a información de primera mano de todo lo que se cocía a su alrededor en el negocio del agua que la compañía gestiona en Canarias. A Satocan no se le puede haber escondido siquiera la información manuscrita que tuvo oportunamente en su poder el ex presidente Luis del Rivero acerca de comisiones que jamás se debieron haber hecho efectivas. Que siendo quien es se le haya incluido en el lote de los demás ejecutivos en la carta que Sacyr envió al alcalde retirándole la confianza de Madrid es una espinita que tardará algún tiempo en desclavarse don Juan Miguel.