“Le he dicho que en Tenerife”

Editada la publicación, su autor, el catedrático del que hablábamos, ejecutó su parte del convenio enviando el número de ejemplares pactados a la sede de Educación en Las Palmas de Gran Canaria. Pero sorpresivamente, poco después recibió una atenta llamada de la consejería, pero desde Santa Cruz de Tenerife, para requerirle que enviara los volúmenes a esa ciudad por ser allí donde se encuentra la sede del departamento que dirige José Miguel Ruano. El autor del libro se plantó y recordó que el convenio habla de entregar equis ejemplares a la Consejería de Educación y que en ella los había depositado en tiempo y forma. La funcionaria se encrespó e insistió ardientemente en que la sede de la consejería está en Santa Cruz de Tenerife; y el catedrático, cada vez más encantado de conocer a tan diligente empleada pública, informándole de que precisamente esa circunstancia se la trae absolutamente al fresco, que los libros estaban en la consejería y punto. Pero no fue suficiente. Se llegaron a poner al teléfono otros dos funcionarios más de Educación insistiendo en las mismas tesis que su agitada compañera. De nada sirvieron los argumentos del catedrático, que insistía en que la Universidad firmante es la de Las Palmas de Gran Canaria, que la consejería tiene oficinas aquí y que si Educación quiere enviar sus cosas a otra isla o a territorio continental es muy libre de hacerlo. Total, que los libros siguen en Las Palmas, el catedrático alucinando en colores y los funcionarios preguntándose qué cosa es ésta de la nacionalidad. Nosotros, de puro malos que somos, nos preguntamos si serán válidas nuestras operaciones de pago de impuestos como el IGIC, que los hemos hecho siempre en Las Palmas de Gran Canaria cuando la sede de Hacienda está en Santa Cruz. Será que cuando hablamos de billetes no hay tanta pijotería.

Editada la publicación, su autor, el catedrático del que hablábamos, ejecutó su parte del convenio enviando el número de ejemplares pactados a la sede de Educación en Las Palmas de Gran Canaria. Pero sorpresivamente, poco después recibió una atenta llamada de la consejería, pero desde Santa Cruz de Tenerife, para requerirle que enviara los volúmenes a esa ciudad por ser allí donde se encuentra la sede del departamento que dirige José Miguel Ruano. El autor del libro se plantó y recordó que el convenio habla de entregar equis ejemplares a la Consejería de Educación y que en ella los había depositado en tiempo y forma. La funcionaria se encrespó e insistió ardientemente en que la sede de la consejería está en Santa Cruz de Tenerife; y el catedrático, cada vez más encantado de conocer a tan diligente empleada pública, informándole de que precisamente esa circunstancia se la trae absolutamente al fresco, que los libros estaban en la consejería y punto. Pero no fue suficiente. Se llegaron a poner al teléfono otros dos funcionarios más de Educación insistiendo en las mismas tesis que su agitada compañera. De nada sirvieron los argumentos del catedrático, que insistía en que la Universidad firmante es la de Las Palmas de Gran Canaria, que la consejería tiene oficinas aquí y que si Educación quiere enviar sus cosas a otra isla o a territorio continental es muy libre de hacerlo. Total, que los libros siguen en Las Palmas, el catedrático alucinando en colores y los funcionarios preguntándose qué cosa es ésta de la nacionalidad. Nosotros, de puro malos que somos, nos preguntamos si serán válidas nuestras operaciones de pago de impuestos como el IGIC, que los hemos hecho siempre en Las Palmas de Gran Canaria cuando la sede de Hacienda está en Santa Cruz. Será que cuando hablamos de billetes no hay tanta pijotería.