Los festejos de los que debería huir Clavijo

El auto por el que se imputa al juez César Romero Pamparacuatro la presunta comisión de tres delitos tiene todo el olor, el color y el sabor del disparate. La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha acordado, sin ningún voto particular que sepamos, que hay indicios para investigar a este magistrado y a la secretaria de su juzgado por “retardo malicioso en la administración de justicia, infidelidad en la custodia de documentos, encubrimiento y falsedad en documento público”. El auto, que es un galimatías, no aclara qué delitos se imputan a cada cual, pero debemos deducir que a la secretaria judicial se le atribuyen los delitos que ella sola podría cometer, esto es, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento público, lo que por descarte permite encasquetar al juez los delitos de retardo malicioso y encubrimiento, sin menospreciar que también le hayan endilgado el de cualquier otra cosa que se nos escape. El auto es indigerible de principio a fin. En primer término porque otorga al querellante, un empresario de la noche lagunera imputado por varias causas penales, todas las ventajas del mundo al permitirle entrar hasta la cocina en una instrucción penal de la que es parte, neutralizando completamente al juez que le investigaba. Segundo, porque las acusaciones que Evaristo González vierte en su querella contra el magistrado y contra su secretaria deberían ser contrastadas con la más que sólida sospecha de que la desaparición de los autos, que llevaron a abrir una investigación por infidelidad en la custodia de documentos, podría estar vinculada por acción directa o por autoría intelectual al mismo presunto delincuente que ha conseguido noquear momentáneamente al juez. Tercero: el retardo malicioso es una figura tan volátil que no existe en España ninguna sentencia del Supremo que haya condenado jamás a ningún juez por ese delito. Retardo malicioso es congelar en el tiempo una causa judicial para infligir un daño a un justiciable de manera voluntaria y consciente. A la espera de conocer con más profundidad la investigación que lleva la magistrada Margarita Varona, la misma que le archivó a Soria el caso Salmón, llama la atención que la Sala pretenda investigar a un juez y a su secretaria por infidelidad en la custodia de documentos. Es necesario recordar llegados a este punto que se tramitan en los juzgados de La Laguna unas diligencias para averiguar quién o quiénes robaron –directamente- esos mismos autos en el juzgado que heredó Pamparacuatro. El robo es la teoría más plausible llegados a este punto en el que uno de los querellantes saldría teóricamente beneficiado de un alargamiento temporal de la causa penal en la que está encartado.

Ojito con lo que se celebra

Que el público municipal y espero confunda recusación con abstención, auto con sentencia, imputación con suspensión cautelar puede resultar comprensible. Se trata de terminología jurídica que incluso a los más iniciados obliga a consultar la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley Orgánica del Poder Judicial para no meter la pata. Pero que los que confunden el culo con las témporas sean políticos y políticas de altas responsabilidades y más altas pretensiones clama verdaderamente al cielo. Algunos dirigentes de Coalición Canaria, particularmente los que forman parte del equipo médico habitual de Fernando Clavijo, interpretaron la admisión de esta querella contra el juez César Romero Pamparacuatro como un castigo divino perpetrado contra el magistrado que osó abrir diligencias contra el candidato nacionalista a la Presidencia del Gobierno. Su tesis, burda como ninguna, es que esa admisión a trámite, con la consiguiente declaración del querellado como imputado, es la consecuencia de una instrucción fatal y la incorrecta imputación de Clavijo por varios delitos a los encartados. Los mismos voceros lanzan a los cuatro vientos que esta admisión a trámite de la querella por el TSJC supone el archivo automático de la causa contra el candidato, que de este modo confirmaría ante Dios y ante el mundo la clamorosa injusticia que supuso verse inmerso en un proceso penal por ser el más generoso alcalde que ha tenido la ciudad de La Laguna en todos sus siglos de historia. ¡Y lo volvería a hacer!, ha dicho el alcalde lagunero donde ha podido. Ajenos por completo a la prudencia, esos corifeos han unido irresponsablemente la suerte de Fernando Clavijo a la de Evaristo González, principal encartado en el caso Corredor y promotor de la querella contra el juez de la que fueron coautores intelectuales el omnipresente Eligio Hernández y el catedrático de Derecho Procesal venido a menos Gimeno Sendra. Porque por lo que se ha querellado González no es por una injusta imputación de nadie, ni por los autos sospechosamente desaparecidos. El núcleo duro de la querella gira en torno a un presunto delito de retardo malicioso, es decir, por retrasar una causa judicial más allá de lo razonable de manera indubitadamente arbitraria y con intención de causar quebranto a los justificables incursos en ella. Un delito que al querellante, que está bonito para sacarlo en procesión de los defensores de la Justicia, le va a costar un potosí demostrar. ¿Y los demás delitos? Uf: imputar a esta secretaria infidelidaden la custodia de documentos o la falsedad documental tiene que ver con el famoso affaire de la falta de medios tecnológicos denunciada por el juez en su famoso auto de noviembre pasado. Con el aval de su secretaria, que dio fe de todas esas vicisitudes, Pamparacuatro puso negro sobre blanco el clamor que existe en toda la judicatura por el pasotismo generalizado instalado en las administraciones autonómicas a la hora de dotar de medios suficientes a los juzgados.La instrucción de Varona sobre Pamparacuatro y su secretaria va a permitir a la ciudadanía profundizar en este grave asunto. A ver qué da de sí, porque por el TSJC van a tener que desfilar testigos muy significados de la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, así como otros jueces y secretarios que ejercen en Tenerife.

Qué es lo que se busca

Como hemos reflejado aquí y en la crónica correspondiente, sólo existen en España dos sentencias del Supremo sobre delitos de retardo malicioso atribuidos a jueces, y en ambos casos el resultado final ha sido la absolución. Y eso lo saben tanto Evaristo González como sus dos asesores jurídicos. Por lo tanto, lo que se busca con esta querella contra Pamparacuatro es otra cosa, y en gran medida ya se ha conseguido con la admisión a trámite de la querella: desacreditar al juez instructor para lograr la apariencia de una instrucción defectuosa y ganar tiempo para computarlo al final de todo el proceso como dilaciones indebidas, un atenuante que permite a los acusados ver sustancialmente reducidas sus condenas. No debe en consecuencia tirar voladores el equipo médico habitual de Clavijo porque todo el tiempo que va a ganar Evaristo González es tiempo que va a perder el candidato para ver cumplidas sus pretensiones de que la parte que le afecta sea sobreseída. Si la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife accediera a las pretensiones de algunas partes personadas y otorgara la prejudicialidad de la causa, es decir, la congelación de la misma hasta que se resuelvan las diligencias abiertas al juez, el candidato de CC tendría la certeza de que se convertirá en el primer presidente canario en sentarse en el banquillo. Además es más que probable que la causa abierta al juez de Instrucción 1 de La Laguna se cierre tras la práctica de las primeras diligencias ante la evidencia de los hechos que va a “investigar” la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Eso significa que César Romero Pamparacuatro podrá volver a instruir el caso Corredor, valorar más pruebas relacionadas con su querellante y tomar finalmente las decisiones que considere más ajustadas a Derecho. Porque, contrariamente a lo que también circuló este jueves, su nueva situación procesal no conlleva la suspensión cautelar de sus funciones jurisdiccionales, extremo al que se llegaría en el caso de la apertura de procedimiento abreviado o de juicio oral (caso Garzón).

La importancia de llamarse Pamparacuatro

No las tiene todas consigo la Sala de lo Civil y Penal del TSJC con el asunto Pamparacuatro. De entrada, no hubo unanimidad en la admisión a trámite de esta endiablada querella. Algunas de sus señorías consideran que la iniciativa del querellante está muy forzada, como debió haberse percatado en su momento el fiscal Luis del Río antes de informar favorablemente a su admisión. Pero precisamente esa postura del Ministerio Público hacía más difícil archivar de plano la querella, como sí ocurrió con la ampliación que el mismo imputado, Evaristo González, interpuso por prevaricación contra el mismo juez. En esa ocasión, la Fiscalía sí se opuso a la admisión a trámite, lo que facilitó la desestimación de esas pretensiones. Un hecho inusual porque cuando se archivó esa ampliación la querella madre todavía no había sido admitida a trámite. Pero así sobrevuelan los burros el Palacio de Justicia. A Pamparacuatro lo estaban esparando en la bajadita algunos compañeros del gremio. Investigar casos de corrupción en Canarias es actividad de alto riesgo, y desde que este hombre le hincó el diente al caso Unión, pisando algunos charcos con relaciones en las más altas instancias del Estado, algunos togados ya se fijaron en sus modales. La tregua pareció venir dada por su marcha a La Laguna, pero el destino le puso por delante otro caso de corrupción masiva en la ciudad que afecta tangencialmente al que hoy es su alcalde, Fernando Clavijo, al que seguramente debió haber imputado formalmente antes de que lo hicieran candidato a presidir el Gobierno. Seguramente nada de lo que estamos viendo ahora hubiera ocurrido entonces. Porque el caso Corredor existía antes de que este juez llegara a la ciudad; hubo detenciones, prisión preventiva para algunos encartados (entre otros esta buena pieza de Evaristo González), y escuchas policiales que no ordenó precisamente él, sino sus antecesoras. En Pamparacuatro pueden estar viendo otros colegas formas poco ortodoxas, pero en él parece reflejarse también que el corporativismo tiene unos límites que acaban en los jueces que no son acomodaticios.

El auto por el que se imputa al juez César Romero Pamparacuatro la presunta comisión de tres delitos tiene todo el olor, el color y el sabor del disparate. La Sala de lo Civil y Penal del TSJC ha acordado, sin ningún voto particular que sepamos, que hay indicios para investigar a este magistrado y a la secretaria de su juzgado por “retardo malicioso en la administración de justicia, infidelidad en la custodia de documentos, encubrimiento y falsedad en documento público”. El auto, que es un galimatías, no aclara qué delitos se imputan a cada cual, pero debemos deducir que a la secretaria judicial se le atribuyen los delitos que ella sola podría cometer, esto es, infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento público, lo que por descarte permite encasquetar al juez los delitos de retardo malicioso y encubrimiento, sin menospreciar que también le hayan endilgado el de cualquier otra cosa que se nos escape. El auto es indigerible de principio a fin. En primer término porque otorga al querellante, un empresario de la noche lagunera imputado por varias causas penales, todas las ventajas del mundo al permitirle entrar hasta la cocina en una instrucción penal de la que es parte, neutralizando completamente al juez que le investigaba. Segundo, porque las acusaciones que Evaristo González vierte en su querella contra el magistrado y contra su secretaria deberían ser contrastadas con la más que sólida sospecha de que la desaparición de los autos, que llevaron a abrir una investigación por infidelidad en la custodia de documentos, podría estar vinculada por acción directa o por autoría intelectual al mismo presunto delincuente que ha conseguido noquear momentáneamente al juez. Tercero: el retardo malicioso es una figura tan volátil que no existe en España ninguna sentencia del Supremo que haya condenado jamás a ningún juez por ese delito. Retardo malicioso es congelar en el tiempo una causa judicial para infligir un daño a un justiciable de manera voluntaria y consciente. A la espera de conocer con más profundidad la investigación que lleva la magistrada Margarita Varona, la misma que le archivó a Soria el caso Salmón, llama la atención que la Sala pretenda investigar a un juez y a su secretaria por infidelidad en la custodia de documentos. Es necesario recordar llegados a este punto que se tramitan en los juzgados de La Laguna unas diligencias para averiguar quién o quiénes robaron –directamente- esos mismos autos en el juzgado que heredó Pamparacuatro. El robo es la teoría más plausible llegados a este punto en el que uno de los querellantes saldría teóricamente beneficiado de un alargamiento temporal de la causa penal en la que está encartado.

Ojito con lo que se celebra