El incesante bochorno en Televisión Canaria

En busca de corregir sus estrepitosos errores, producto de la precipitación y la opacidad, el Gobierno de Canarias está protagonizando un bochornoso ridículo nacional e internacional en la convocatoria del concurso más goloso de la Radiotelevisión Canaria: el de los informativos de la tele, presupuestado en 144 millones de euros en cuatro años. El cuajo que le echó el presidente del consejo rector de la corporación, Santiago Negrín, cuando en su última comparecencia ante el Parlamento retó a los representantes de los grupos parlamentarios hasta provocar la estampida de la mayoría, empieza a tornarse reculada a la vista de las tres sucesivas modificaciones que de momento han sufrido los pliegos de condiciones de esa licitación.

Aquel cuajo, aquella seguridad -y también chulería- que mostraba Negrín en la comisión de control parlamentaria, cuando agitaba en el aire los informes jurídicos del prestigioso cátedro Martín Orozco, empezaron a menguar a partir del momento en el que el ilustre asesor jurídico pidió su liquidación y se mandó a mudar cabreado por la manipulación pública que se hacía de sus informes. Unos informes, dicho sea de paso, que guardan en RTVC como si se tratara del Santo Grial, conocedores sus templarios de que algunos extremos de sus conclusiones echarían por tierra la capacidad de Santiago Negrín para licitar concursos por encima del millón de euros.

Lo que empieza mal tiende a terminar peor, y por el camino podría considerarse un relajo si no fuera porque se trata de contratar un servicio público por un importe enorme al que pueden acceder empresas de toda la Unión Europea. Por eso resulta bochornosa esta tercera modificación del pliego de condiciones, forzada, al parecer, por las continuas dudas que plantean las productoras potencialmente interesadas.

Bajo la excusa de la seguridad jurídica, lo que está haciendo el equipo de Santiago Negrín es tapar constantemente los agujeros que tiene abiertos en el pliego de condiciones, lo que hace sospechar que, de mantenerse la tendencia, los documentos no se van a parecer nada a los originales. Tercera versión y vuelta a cero el cronómetro de los cincuenta días que tienen las empresas interesadas en presentar sus ofertas, si es que a estas alturas todavía le quedan ganas a alguna empresa ajena al ecosistema Clavijo de arriesgar su tiempo y su dinero.

Para esa tarea de enmendar la chapuza el Gobierno se ha vuelto a hacer con los servicios del abogado tinerfeño Carlos Cabrera, profundo conocedor del negocio audiovisual por haber sido el que muy brillantemente ganara para el grupo Prisa el pleito entablado contra la Comunidad Autónoma por el último concurso de asignación de frecuencias de radio. Precisamente en la reedición de esa licitación, parcialmente anulada por los tribunales, también trabaja el letrado Cabrera, después de haber superado el trance que debe haberle provocado el evidente conflicto de intereses que eso representa.

Cabrera no da a abasto porque tiene que ser una trabajera eso de sustituir a Martín Orozco a poner orden en medio de esa fauna de tramposos que le rodean.

“Supervisada por Daida”

El equipo de Fernando Clavijo en la Televisión ya no se esconde para ejecutar las chapuzas que rodean este concurso. En el primer pantallazo que se pudo captar de esta última modificación de las bases del concurso de informativos podía leerse este lunes el nombre de la persona que supervisó la última versión antes de su publicación, tanto en la web de RTVC como en los boletines oficiales, incluido el de las Comunidades Europeas.

“Versión final supervisada por Daida”, se leía en la pantalla. ¿Quién es Daida? Se trata de Daida Rodríguez, la periodista que Fernando Clavijo metió en el staff de Radiotelevisión Canaria para que ejerciera de comisaria política del Gobierno en el ente público. Su cargo viene siendo algo así como el de responsable de relaciones institucionales, mayormente con el Parlamento de Canarias, institución que ha dado no pocos quebraderos de cabeza a Santiago Negrín y a su mentor, Fernando Clavijo.

La intervención de Daida Rodríguez en este expediente parece ser decisiva. Y si supervisa, esa intervención se convierte en ineludible, lo que viene a confirmar que la mano del presidente Clavijo en la Radiotelevisión pública de Canarias está en las operaciones estratégicas de la casa, como no podía ser de otro modo. Y el contrato de informativos es la más ansiada presa que el presidente quiere controlar hasta que quede en buenas manos.

Siendo así las cosas, como se confirma a cada atolondrado paso que da esta corporación pública, se desmorona por completo la tesis que intenta imponernos a todos el Gobierno de Fernando Clavijo con calzador: que la responsabilidad de esta vergüenza pública es del Parlamento de Canarias, al que la ley atribuye exclusivamente la fiscalización política, y no del Ejecutivo, que se desentiende de los problemas pero que interviene, controla e impone sin recato en lo que le interesa.

El último en hacer el ridículo de modo clamoroso ha sido el responsable del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, Pedro Gómez, al que le costará mucho trabajo en el futuro resultar creíble a la vista de su reciente resolución inadmitiendo un recurso metiéndose con casco y bayoneta en esa trinchera que ha tratado de cavar Clavijo para separarse sanitariamente de los problemas que en el presente y en el futuro le causa y le causará su mala gestión en la Radiotelevisión Canaria.

En busca de corregir sus estrepitosos errores, producto de la precipitación y la opacidad, el Gobierno de Canarias está protagonizando un bochornoso ridículo nacional e internacional en la convocatoria del concurso más goloso de la Radiotelevisión Canaria: el de los informativos de la tele, presupuestado en 144 millones de euros en cuatro años. El cuajo que le echó el presidente del consejo rector de la corporación, Santiago Negrín, cuando en su última comparecencia ante el Parlamento retó a los representantes de los grupos parlamentarios hasta provocar la estampida de la mayoría, empieza a tornarse reculada a la vista de las tres sucesivas modificaciones que de momento han sufrido los pliegos de condiciones de esa licitación.

Aquel cuajo, aquella seguridad -y también chulería- que mostraba Negrín en la comisión de control parlamentaria, cuando agitaba en el aire los informes jurídicos del prestigioso cátedro Martín Orozco, empezaron a menguar a partir del momento en el que el ilustre asesor jurídico pidió su liquidación y se mandó a mudar cabreado por la manipulación pública que se hacía de sus informes. Unos informes, dicho sea de paso, que guardan en RTVC como si se tratara del Santo Grial, conocedores sus templarios de que algunos extremos de sus conclusiones echarían por tierra la capacidad de Santiago Negrín para licitar concursos por encima del millón de euros.