Jueces y fiscales, a la greña también

Se reduce de manera dramática el número de colectivos indemnes a las reformas del gobierno. La judicatura, mayoritariamente conservadora por proceder y por procedencia, se ha sumado de manera activa a los que protestan por medidas del Gobierno que desde luego distan bastante de tener que ver con la eficiencia, con el déficit público o la competitividad. Los jueces y los fiscales son funcionarios públicos, y por lo tanto están afectados por la batería de medidas de recortes salariales y de derechos laborales proferida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Al igual que la reforma educativa, algunos de estos serruchazos están siendo acogidos con mucho malestar, como por ejemplo la reducción de los días de asuntos propios, que en el caso de los jueces, ha pasado de dieciocho a tres cada año. No han tardado en reaccionar sus señorías alegando que tal medida no produce ningún ahorro a las arcas públicas porque no se designan sustitutos cuando disfrutan de esos permisos, y sí un notable perjuicio a la conciliación familiar. En el caso concreto de Canarias, se reduce a la mínima expresión un beneficio que estaba consiguiendo erradicar uno de los males endémicos de la Administración de Justicia, la insoportable inestabilidad de las plantillas, la fuga de jueces destinados a las Islas que salían por patas en cuanto acababa su periodo de destino obligado. Al cabreo por la desaparición derechos sumen el mosqueo que los jueces tienen con Gallardón por las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales del CGPJ sean elegidos por la carrera y no por las Cortes generales, representante del pueblo español, del que emana la Justicia. Hasta los más conservadores empiezan a convenir en que la idea no es tan buena, y no por que hayan sufrido un rapto de soberanía popular, sino porque los candidatos que están aflorando no son precisamente lo más lustroso de la casa.

Se reduce de manera dramática el número de colectivos indemnes a las reformas del gobierno. La judicatura, mayoritariamente conservadora por proceder y por procedencia, se ha sumado de manera activa a los que protestan por medidas del Gobierno que desde luego distan bastante de tener que ver con la eficiencia, con el déficit público o la competitividad. Los jueces y los fiscales son funcionarios públicos, y por lo tanto están afectados por la batería de medidas de recortes salariales y de derechos laborales proferida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Al igual que la reforma educativa, algunos de estos serruchazos están siendo acogidos con mucho malestar, como por ejemplo la reducción de los días de asuntos propios, que en el caso de los jueces, ha pasado de dieciocho a tres cada año. No han tardado en reaccionar sus señorías alegando que tal medida no produce ningún ahorro a las arcas públicas porque no se designan sustitutos cuando disfrutan de esos permisos, y sí un notable perjuicio a la conciliación familiar. En el caso concreto de Canarias, se reduce a la mínima expresión un beneficio que estaba consiguiendo erradicar uno de los males endémicos de la Administración de Justicia, la insoportable inestabilidad de las plantillas, la fuga de jueces destinados a las Islas que salían por patas en cuanto acababa su periodo de destino obligado. Al cabreo por la desaparición derechos sumen el mosqueo que los jueces tienen con Gallardón por las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales del CGPJ sean elegidos por la carrera y no por las Cortes generales, representante del pueblo español, del que emana la Justicia. Hasta los más conservadores empiezan a convenir en que la idea no es tan buena, y no por que hayan sufrido un rapto de soberanía popular, sino porque los candidatos que están aflorando no son precisamente lo más lustroso de la casa.