Jueces y periodistas con el culo al aire (versión ampliada)

Es muy probable que haya sido José Manuel Soria el primero que echó al vuelo la teoría de que es el PSOE el culpable de que haya tanta corrupción del Partido Popular. O, por ser más precisos, que es el PSOE el culpable de que el Partido Popular esté envuelto en tantos casos de corrupción. Lo decía el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, luego presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno regional y por último ministro del Reino cuando estallaron en Canarias sucesivamente los casos Faycán, Eolo, Góndola, Patronato o Salmón, en los que aparecían directamente implicadas personas de su mismo partido, incluyendo en algún caso él mismo.

Pero, ¿qué culpa tenía el PSOE de los casos de corrupción en los que se veía directamente involucrado el partido que presidía por entonces el exministro Soria? Pues ni más ni menos que haber tenido un ministro también canario, de nombre Juan Fernando López Aguilar, que en 2006 puso en marcha en varias autonomías calientes las fiscalías anticorrupción, creadas por ley en 1995 pero durmiendo el sueño de los justos hasta que a Aznar lo sucedió Zapatero.

La sucesiva constatación de que los casos de corrupción del PP de Canarias tenían consistencia y de que los jueces y fiscales actuaron correctamente durante su tramitación no han servido sin embargo para que los herederos de esa teoría soriana se hayan bajado del burro. En las últimas semanas dos personajes muy cercanos a la corrupción, un juez y un periodista, han vuelto a agitarla para tratar de justificar sus trapisondas, alguna de ellas ya con condena firme del Supremo.

Es el caso este último del comentarista radiofónico Francisco Javier Chavanel, que ha quedado retratado dos veces consecutivas por su alocada defensa de los implicados en el caso Unión, el mayor escándalo de corrupción de la isla de Lanzarote hasta la fecha. Chavanel acaba de ser condenado por el Tribunal Supremo a indemnizar al juez César Romero Pamparacuatro con 44.000 euros por una intromisión en el derecho a su honor tras haberle atribuido un comportamiento cercano a lo delictivo durante la instrucción del caso Unión formando parte a su entender de una conspiración con lo más señero de “las cloacas del Partido Socialista”.

Chavanel, que anuncia que recurrirá ante el Tribunal Constitucional (se supone que por vulneración de alguno de sus derechos fundamentales) y ante “Luxemburgo” (donde él cree que se encuentra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo), se ha quejado amargamente estos días de su condena y sigue insistiendo en que él tenía razón cuando criticaba la instrucción que Pamparacuatro y el fiscal Ignacio Stampa hicieron del caso Unión, pasando por alto, pero muy por alto, no solo que toda la investigaciçon ha sido reiteradamente bendecida por las instancias judiciales superiores, sino también que los principales encartados a los que ha venido defendiendo numantinamente han acabado por reconocer los hechos conformándose con las condenas reducidas propuestas por la Fiscalía.

Al comentarista le ha sentado especialmente mal que el periódico Canarias7, donde llegó a publicar algunos de los artículos objeto de la condena del Supremo, se haya hecho eco de la sentencia, lo que atribuye no a un gesto honroso de reconocimiento del error cometido cuando lo tenía a él entre sus columnistas de referencia, sino a otra suerte de conspiración consistente en llevarse bien con el PSOE ahora que gobierna. Cree el ladrón que todos son de su condición.

Chavanel se ha llevado un revolcón del Supremo de los que avergonzaría a cualquier periodista con un poco de vergüenza, porque entre otras lindezas, el alto tribunal le afea que se haya hecho eco de rumores, cuando no que haya basado sus tesis en meras invenciones suyas que le servían muy bien para a continuación poner verde al juez que inició el caso Unión.

Muy cerca de la postura de Francisco Javier Chavanel encontramos la del juez corrupto Salvador Alba Mesa, que sigue participando en un programa de radio que dirige y presenta el que fuera durante casi dos décadas jefe de prensa de José Manuel Soria, el comentarista de rallies Juan Santana Hernández, al que el magistrado purgado le escribe los editoriales cuando van referidos a la justicia cuando no se presta a dar lecciones magistrales de Derecho y de buen hacer judicial. Manda trillos.

Hace escasas semanas el juez Alba se despachó en ese programa abrazando la misma teoría de la conspiración del PSOE contra la corrupción del PP y señalando específicamente a Juan Fernando López Aguilar como instigador de investigaciones tan señeras como la del caso Faycán. Nada que objetar a una opinión de un ciudadano libre (de momento) si no fuera porque fue el juez Alba el que presidió el tribunal en el que fueron juzgados los dirigentes del PP, los funcionarios del Ayuntamiento de Telde y algunos empresarios acusados en esa sonada causa y el que, en una pirueta marca de la casa, absolvió a los dos exalcaldes populares -Francisco Valido y Mari Carmen Castellano- que se negaron a reconocer los hechos que sus cómplices sí habían reconocido y por los que fueron condenados. Una cuadratura del círculo muy propia del juez ponente de la sentencia que opina públicamente que el caso que sentenció fue un invento del PSOE para jeringar al PP.

Sin contar la causa de su condena a seis años y medio de prisión, los últimos años de ejercicio como juez de Salvador Alba han sido especialmente escandalosos, muy vinculados a causas de corrupción, que casualmente le correspondía resolver en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, aquella donde se movía como pez en el agua hasta que decidió grabar a sus compañeros en una deliberación informal, precisamente sobre el caso Unión. Alba decía a los demás magistrados -y quedó registrado para la posteridad- que cuidado con las alegaciones de Luis Lleó, el empresario que admitió los hechos (y los delitos cometidos) y que consiguió con su batería de recursos que este juez corrupto llegara a anular la grabación en la que se intentaba sobornar a un consejero (socialista, mira tú qué cosas). Fue aquel un auto, inmediatamente revocado por sus compañeros de sala, que pasará a los anales de la historia jurídica de Canarias como ejemplo palmario de una resolución puesta por un juez en defensa propia en los momentos en los que se enfrentaba a una grabación en la que aparecía delinquiendo, como ha quedado meridianamente fijado en los hechos probados de una sentencia.

En singular paralelismo encontramos también al juez ya jubilado Rafael Lis Estévez, al que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de salvar de una querella muy enrevesada por la aberrante instrucción que hizo de una causa penal contra el denunciante del caso Unión, mira tú que casualidad. Lis fue sancionado en abril por el Consejo General del Poder Judicial por un retardo injustificado en esas diligencias, que transformó en procedimiento abreviado por indicación de una asociación de juristas alentada por los corruptos del caso Unión, y el TSJC ha ido detrás ocho meses después diciendo que, total, como él no se benefició de ese retardo, no hay dolo ni malicia ni nada que pueda hacer sospechar al mundo de que detrás de todo pudiera estar la larga mano de los poderosos empresarios lanzaroteños que mecen la cuna.

Esta es la segunda sanción disciplinaria que recibe Rafael Lis, esta última a título póstumo (ya jubilado) y ambas han tenido que ver con el caso Unión, lo que no ha llamado la atención ni al promotor de la acción disciplinaria del Poder Judicial ni a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. La primera fue por no apartarse de una causa en la que estaba el empresario Juan Francisco Rosa, a la que asistía en otros asuntos la esposa del magistrado sancionado, y esta segunda por retrasarse solamente en una de las instrucciones que dirigía en su juzgado de Arrecife, casualmente (otra vez casualmente) la que perjudicaba al denunciante del caso Unión, Carlos Espino, al que llegó a fijar una fianza de un millón de euros a petición de la misma asociación alentada por los corruptos antes de verse obligado a expulsarla del procedimiento.

La causa contra Espino ha sido archivada con cajas destempladas por el sustituto de Lis, que ha hecho una enmienda a la totalidad de la instrucción que llevó a cabo este ex juez tan sandunguero.

Lo dejó escrito Burke para la posteridad: para que triunfe el mal, solo hace falta que las buenas personas no hagan nada. O que se junten dos o tres golfos para hacer de las suyas.

Es muy probable que haya sido José Manuel Soria el primero que echó al vuelo la teoría de que es el PSOE el culpable de que haya tanta corrupción del Partido Popular. O, por ser más precisos, que es el PSOE el culpable de que el Partido Popular esté envuelto en tantos casos de corrupción. Lo decía el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, luego presidente del Cabildo de Gran Canaria, vicepresidente del Gobierno regional y por último ministro del Reino cuando estallaron en Canarias sucesivamente los casos Faycán, Eolo, Góndola, Patronato o Salmón, en los que aparecían directamente implicadas personas de su mismo partido, incluyendo en algún caso él mismo.

Pero, ¿qué culpa tenía el PSOE de los casos de corrupción en los que se veía directamente involucrado el partido que presidía por entonces el exministro Soria? Pues ni más ni menos que haber tenido un ministro también canario, de nombre Juan Fernando López Aguilar, que en 2006 puso en marcha en varias autonomías calientes las fiscalías anticorrupción, creadas por ley en 1995 pero durmiendo el sueño de los justos hasta que a Aznar lo sucedió Zapatero.