Lifeblood conmociona a la Fiscalía de Las Palmas

Otro acontecimiento de primer orden tiene que ver con lo que también puede considerarse una escandalosa ocultación de bienes y de intereses. Nos referimos al caso Roldós, el del concurso para la adjudicación del servicio de hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín y Molina Orosa, y el del empeño absolutamente compulsivo del PP y de CC por ocultar lo que verdaderamente hay detrás. Si las informaciones de Canarias7 son ciertas, la Fiscalía Anticorrupción ha aceptado la denuncia que les adelantábamos aquí que habían presentado la presidenta de la Asociación de Vecinos Avecalta y dos sindicalistas de USO y Cobas vinculados a Sanidad. Esa aceptación ha llevado aparejadas dos consideraciones más que también merecen ser destacadas: de un lado, la acumulación de la denuncia de estos representantes de colectivos sociales al caso Palop, que investiga en Instrucción 8 la juez Victoria Rosell; y de otro, el envío de un fiscal adscrito a Anticorrupción de Madrid para evitar cualquier tipo de presiones sobre los fiscales de aquí. Se trata, por lo tanto, de una decisión de Antonio Salinas, fiscal jefe de esa división, que ya está ocasionando una auténtica conmoción en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Y en el PP canario. Expliquemos por qué.

Otro acontecimiento de primer orden tiene que ver con lo que también puede considerarse una escandalosa ocultación de bienes y de intereses. Nos referimos al caso Roldós, el del concurso para la adjudicación del servicio de hemodiálisis en los hospitales Doctor Negrín y Molina Orosa, y el del empeño absolutamente compulsivo del PP y de CC por ocultar lo que verdaderamente hay detrás. Si las informaciones de Canarias7 son ciertas, la Fiscalía Anticorrupción ha aceptado la denuncia que les adelantábamos aquí que habían presentado la presidenta de la Asociación de Vecinos Avecalta y dos sindicalistas de USO y Cobas vinculados a Sanidad. Esa aceptación ha llevado aparejadas dos consideraciones más que también merecen ser destacadas: de un lado, la acumulación de la denuncia de estos representantes de colectivos sociales al caso Palop, que investiga en Instrucción 8 la juez Victoria Rosell; y de otro, el envío de un fiscal adscrito a Anticorrupción de Madrid para evitar cualquier tipo de presiones sobre los fiscales de aquí. Se trata, por lo tanto, de una decisión de Antonio Salinas, fiscal jefe de esa división, que ya está ocasionando una auténtica conmoción en la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Y en el PP canario. Expliquemos por qué.