Los menores no acompañados no eran un problema: en esto también nos tenían engañados

Desde la tarde de este martes, cuando el Congreso de los Diputados rechazó el comienzo de la tramitación parlamentaria para la reforma de la Ley de Extranjería se pusieron en marcha dos cronómetros en Canarias. 

El primero de ellos servirá para comprobar cuánto tarda el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en romper su acuerdo con el Partido Popular después del duro revolcón que le ha supuesto tener amarrado su apoyo a esta solución para dar salida a miles de niños y niñas migrantes hacinados en centros de Canarias y comprobar en pocos días la insoportable inconsistencia de ese ser llamado Manolo Domínguez cuando de medirlo con el tacticismo barato de Feijóo se trata. Es un cronómetro que se alimenta con energía fotovoltaica y que, con este solajero, va a aguantar todo lo que resta de legislatura. Por lo menos.

Clavijo no romperá su pacto de gobierno con el PP porque eso solo podría dar lugar a un adelanto electoral. No es fácil imaginarse al líder de Coalición Canaria dimitir como presidente y pactar un gobierno con el partido más votado, el PSOE, y asumir un rol de vicepresidente y, consecuentemente, menos consejerías, menos direcciones generales, menos estómagos agradecidos.

Clavijo aguantará, no se sabe muy bien cómo, y se tragará como un campeón mundial este desplante del PP. Falta por saber cómo va a explicar a la ciudadanía que el problema más difícil y más duro de su vida política, el de la tutela y custodia de 6.000 niños y niñas migrantes, cuyo número puede doblarse en cinco meses, no era para tanto, que ya encontraremos algo que nos acucie más. Tendrá que apoyarse nuevamente en el ministro Torres y ver de dónde saca profesionales y recursos para hacer frente a sus obligaciones legales con los menores, obligaciones por las que se puede incluso responder penalmente.

El segundo cronómetro está en marcha para ver cuánto tardan Clavijo y sus mariachis de Coalición Canaria en echar la culpa de este fracaso al Gobierno de España, y más en concreto a su ministro de Administraciones Públicas y Memoria Democrática, el aruquense Ángel Víctor Torres. Es norma nacionalista buscar, encontrar y disparar a un enemigo exterior cuando de tapar tus propias carencias se trata. Y es evidente que este fracaso, siendo generosos, cabe atribuirlo al menos en un 50% al presidente de Canarias, cuyo Gobierno se ha dedicado desde el principio de la legislatura a atizar el repunte migratorio en general y el de los menores en particular como el principal problema que sufre Canarias, como si por ensalmo hubieran desaparecido todos los demás eclipsados por este. 

No debemos olvidar que desde el Gobierno canario se promovió inicialmente una disparatada reforma del Código Civil y de la Ley del Menor para renunciar a una obligación constitucional que tienen las autonomías respecto de la tutela de los menores. Una ocurrencia que habría acabado en el Constitucional, con todo lo que eso supondría de mayores retrasos en la búsqueda de una solución. Fue el Gobierno de España el que encauzó la salida mediante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, lo que el Gobierno canario acogió con entusiasmo hasta el punto de defenderlo en todos los foros políticos (conferencias sectoriales, conferencias de presidentes, reuniones con grupos parlamentarios) y ante la ciudadanía.

El PP era siempre la duda que planeaba sobre todas las acciones que se ponían en marcha. Pero allí siempre estaba Clavijo asegurando urbi et orbi que eso lo tenía él controlado porque Manolo Domínguez, el presidente del PP canario, le había dado plenas garantías de que los suyos no pondrían zancadillas a una solución para un problema que no solo acucia a Canarias, sino también a Melilla, donde igualmente gobierna el PP.

Por lo tanto, después de Manuel Domínguez, que no lo va a hacer, es Clavijo el que tiene que dar explicaciones, bien por exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades de convicción, o bien por ver traicionada su confianza por parte su socio de gobierno.

Pero los principales damnificados por este tacticismo de Feijóo respecto a la inmigración no serán ni sus conmilitones del PP canario, que se quedan con el culo al aire, ni el pacto de gobierno con Clavijo. Serán una vez más los más débiles del cuento, los miles de jóvenes, niños y niñas que están siendo atendidos en condiciones deplorables por falta de interés y una pésima gestión política.

Desde la tarde de este martes, cuando el Congreso de los Diputados rechazó el comienzo de la tramitación parlamentaria para la reforma de la Ley de Extranjería se pusieron en marcha dos cronómetros en Canarias. 

El primero de ellos servirá para comprobar cuánto tarda el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, en romper su acuerdo con el Partido Popular después del duro revolcón que le ha supuesto tener amarrado su apoyo a esta solución para dar salida a miles de niños y niñas migrantes hacinados en centros de Canarias y comprobar en pocos días la insoportable inconsistencia de ese ser llamado Manolo Domínguez cuando de medirlo con el tacticismo barato de Feijóo se trata. Es un cronómetro que se alimenta con energía fotovoltaica y que, con este solajero, va a aguantar todo lo que resta de legislatura. Por lo menos.