Los tres mosqueteros de José Manuel Soria

Causa general contra la juez, hoy diputada de Podemos, Victoria Rosell. No parece haber servido de escarmiento la sucesión vergonzosa de revolcones judiciales que se han llevado los fiscales de Las Palmas Guillermo García-Panasco y Evangelina Ríos en su búsqueda ilegal de pruebas con las que tratar de incriminar a la magistrada en excedencia. No han querido recular ante las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial que ya ha archivado dos denuncias consecutivas por este mismo asunto; ni la durísima sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló sus pesquisas por flagrante ilegalidad. Ni parecen haberse dado por aludidos ante el contundente informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo pidiendo el archivo de la rocambolesca querella que contra la misma diputada firmó el ex fiscal general del Estado –el también ilegal Eligio Hernández- en nombre del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. Han avergonzado al Ministerio Público y a la Justicia con un comportamiento que reprueba gran parte de la carrera fiscal y que podría ser constitutivo de comportamientos delictivos. Ahora se han encomendado a un tercer mosquetero, el magistrado Salvador Alba Mesa, que ya colaboró con ellos en la primera fase de la investigación, anulada por la justicia por ilegal, suscribiendo un informe plagado de falsedades (hasta ahora no enmendadas) en el que se apoyaron tanto estos dos fiscales como el ex fiscal general ilegal Eligio Hernández para arremeter impunemente contra la diputada de Podemos. En el límite de su comisión de servicios en el juzgado de Victoria Rosell, Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el magistrado Salvador Alba ha propinado una nueva patada a las normas procesales llamando a declarar por tercera vez al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en la causa que se sigue contra él desde 2014 por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Pero lejos de dedicar el interrogatorio a resolver esas diligencias, Alba y la fiscal Evangelina Ríos sólo le preguntaron por las relaciones comerciales que hayan podido tener sus empresas con la editora de este periódico, Canarias Ahora.

Al Supremo a través de ‘El Mundo’

Al menos eso es lo que ha publicado hace unos días el periódico El Mundo, y en concreto el periodista de cabecera que tiene en ese diario el magistrado Salvador Alba, el experto en seguridad y terrorismo Fernando Lázaro, el mismo que recibió generosamente la sentencia del caso Kárate, del que fue ponente el mismo magistrado, un mes antes de que se hiciera pública. Lázaro sólo tuvo que esperar unas pocas horas a recibir una llamada en su teléfono a través del cual le fueron detallados los contratos que entre 2000 y 2010 celebraron algunas de las empresas históricamente propietarias de este periódico. Era el titular que esperaba Soria que se publicara: que en ese periodo, al parecer, hubo varios contratos que podrían sumar 90.000 euros, siempre según la versión de El Mundo, es decir, un promedio de 9.000 euros al año. Pero como entre 2010 y 2014, año de la apertura de diligencias contra Miguel Ángel Ramírez, distan cuatro años, en los titulares se incluyó que esa relación comercial persiste en la actualidad. Falso. Lo verdaderamente grave no es la filtración, al fin y al cabo en este culebrón de venganza protagonizado por los fiscales Panasco y Ríos y el magistrado Alba, los soplos al periódico El Mundo han sido la tónica habitual. Lo dramático es comprobar cómo se sigue haciendo un uso obsceno de la justicia, en clamorosa coincidencia con los intereses del ministro José Manuel Soria, presidente del PP canario y rival directo de Victoria Rosell en las urnas el pasado diciembre y, presumiblemente, el próximo 26 de junio. Porque si por la vía de la Fiscalía ha quedado cortocircuitada cualquier posibilidad de reabrir una investigación que ha sido declarada ilegal por los tribunales, la única baza que quedaba a los tres mosqueteros de Soria era utilizar la causa abierta contra Miguel Ángel Ramírez por fraude fiscal para mantener viva la causa general contra Rosell. Ramírez, siempre según El Mundo, no sólo relató los contratos que constan en los archivos de su empresa (todos ellos anteriores a 2010), sino que los aportó documentalmente para que no quedaran dudas. Pero, ¿qué hacen un juez y una fiscal preguntando a un investigado por fraude fiscal por sus contratos de publicidad y patrocinio con un determinado medio de comunicación? ¿Acaso tiene algo que ver ese gasto publicitario con el asunto que se investiga, verbigracia el pago de horas extra en forma de dietas y kilometraje? ¿Por qué sólo se pregunta por las inversiones publicitarias en este medio y no en todos los demás? ¿Es consciente el magistrado Alba de que es manifiestamente incompetente para investigar a una diputada? ¿Por qué no ha corregido aún de oficio el informe que, a instancias de la Fiscalía, redactó vertiendo al menos dos falsedades sobre la instrucción que la misma juez Rosell hizo del mismo caso hasta que abandonó el juzgado en octubre de 2015?

Lo que pretendían

Claro que son conscientes de que son manifiestamente incompetentes para hacer lo que hacen, pero parece compensarles el riesgo si a cambio consiguen el favor del ministro beneficiado y saciar así sus ansias ciegas de venganza. Porque lo que trataban, lejos de resolver unas pesquisas de carácter fiscal, era conseguir un titular en El Mundo que pueda llamar la atención del Tribunal Supremo ante la eventualidad de que éste archive la querella de José Manuel Soria por indicaciones contundentes de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que grosso modo ha venido a decir que Soria no está legitimado para emprender esas acciones contra Rosell ni ha presentado pruebas que pudieran sostener sus graves acusaciones. Y para que no quedara duda alguna de que ese era el propósito y del conocimiento que tiene el líder del PP canario de lo ocurrido el miércoles en ese juzgado, en la entrevista que este domingo le hizo al ministro en funciones el periódico La Provincia, todo se aclara. A preguntas del periodista sobre ese informe de la Fiscalía del Supremo y la evidencia de que en su querella no se aportaron pruebas, Soria contesta que “el Ministerio Fiscal tiene que investigar; que investigue y pida toda la documentación, que supongo lo hará, al juzgado de instrucción en el que esta señora instruía una causa en relación con una persona con la que su marido (sic) al mismo tiempo estaba haciendo negocios”. La táctica ha cambiado: si en la querella que Eligio Hernández presentó ante el Supremo aparecieron citas textuales del informe de Salvador Alba incorporado a las diligencias de la Fiscalía declaradas ilegales por el TSJC, hasta el punto de llamar la atención del fiscal del Supremo, que habla de conocimientos de “ignota procedencia”, la solución ahora consistiría en que el juez Alba recabara los datos necesarios para que se los pudieran pedir por el conducto reglamentario. Sería redondo si no fuera porque un juez de instrucción debería dedicarse a investigar auténticos delitos y a hacer sus guardias, en las que no siempre permanece, desde que ocupa dos plazas judiciales.

El jueves, junta de fiscales

Si estos dos señores y esta señora son capaces de hacer lo que están haciendo con una magistrada de carrera, diputada en estos momentos, ¿qué no habrán hecho a lo largo de su dilatada carrera con cualquier justiciable de a pie, de esos con nulos conocimientos de Derecho, sin recursos o con abogados asustadizos incapaces de plantar cara a intocables como estos? El escándalo ya está formado y no tiene marcha atrás: los tres mosqueteros creen que consiguiendo –si lo consiguen- que el Supremo abra diligencias contra Rosell sus andanzas van a quedar impunes. No ocurrió así cuando se atrevieron a abrir una causa franquista e inquisitorial en el seno de la Fiscalía de Las Palmas, aquellas diligencias coincidentes con el inicio de la campaña electoral de diciembre que creyeron tener controladas bajo sus togas. Ni ocurrió cuando intentaron por tierra, mar y aire que el TSJC fallara en contra de las pretensiones de la diputada de que se reconociera que estos dos sujetos vulneraron sus derechos mediante una investigación ilegal. Por lo tanto, no deberían estar tranquilos si, como dice El Mundo, el juez promovió un interrogatorio a un imputado por fraude fiscal para buscar algo contra la magistrada en excedencia, un interrogatorio en el que, naturalmente, participó gozosa la fiscala Ríos, que tiene la obligación de guardar y hacer guardar la legalidad de todo proceso judicial. La misma fiscal a la que se echa de menos en algunas diligencias judiciales y a la que le ha prescrito en la mesa algún delito contra la hacienda pública. No les preocupan tanto los evidentes retrasos en los graves casos de corrupción de Canarias, al fin y al cabo el principal perjudicado es el PP, el partido del jefe de los mosqueteros. Este próximo jueves está convocada con carácter ordinario la Junta de Fiscales de Las Palmas, el órgano del Ministerio Público que García-Panasco se comprometió a reunir pasadas las navidades de 2015 para dar cuenta de su actuación contra la jueza Rosell. Ahora las explicaciones van a tener que ser dobles teniendo como tiene la petición formal de al menos una asociación de fiscales (la APIF) de que dimita por su comportamiento al margen de la ley.

Pero les garantizo que no van a parar. Permanezcan atentos a sus pantallas porque ya metidos en esta alocada dinámica, los tres mosqueteros van a ser capaces de lo más grande. Ya lo verán.

Causa general contra la juez, hoy diputada de Podemos, Victoria Rosell. No parece haber servido de escarmiento la sucesión vergonzosa de revolcones judiciales que se han llevado los fiscales de Las Palmas Guillermo García-Panasco y Evangelina Ríos en su búsqueda ilegal de pruebas con las que tratar de incriminar a la magistrada en excedencia. No han querido recular ante las resoluciones del Consejo General del Poder Judicial que ya ha archivado dos denuncias consecutivas por este mismo asunto; ni la durísima sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anuló sus pesquisas por flagrante ilegalidad. Ni parecen haberse dado por aludidos ante el contundente informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo pidiendo el archivo de la rocambolesca querella que contra la misma diputada firmó el ex fiscal general del Estado –el también ilegal Eligio Hernández- en nombre del ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria. Han avergonzado al Ministerio Público y a la Justicia con un comportamiento que reprueba gran parte de la carrera fiscal y que podría ser constitutivo de comportamientos delictivos. Ahora se han encomendado a un tercer mosquetero, el magistrado Salvador Alba Mesa, que ya colaboró con ellos en la primera fase de la investigación, anulada por la justicia por ilegal, suscribiendo un informe plagado de falsedades (hasta ahora no enmendadas) en el que se apoyaron tanto estos dos fiscales como el ex fiscal general ilegal Eligio Hernández para arremeter impunemente contra la diputada de Podemos. En el límite de su comisión de servicios en el juzgado de Victoria Rosell, Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, el magistrado Salvador Alba ha propinado una nueva patada a las normas procesales llamando a declarar por tercera vez al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en la causa que se sigue contra él desde 2014 por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Pero lejos de dedicar el interrogatorio a resolver esas diligencias, Alba y la fiscal Evangelina Ríos sólo le preguntaron por las relaciones comerciales que hayan podido tener sus empresas con la editora de este periódico, Canarias Ahora.

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