Los intereses ocultos de Soria

Nadie en el Gobierno de Canarias se atreve a dar una explicación razonable (y legal) sobre los intereses que estos dos últimos años han llevado a José Manuel Soria a su actual encrucijada política y personal: despreciado en Canarias, cuestionado por los suyos, hundido en las encuestas, desacreditado por su gestión ministerial entre la clase empresarial más poderosa del país... Cualquiera que analizara su comportamiento desde fuera llegaría a dos dramáticas conclusiones: o ha perdido la cabeza o ha perdido la cabeza. La primera opción (“ha perdido la cabeza”) debería desembocar irremediablemente en su dimisión: para intentar sin éxito arreglar el déficit tarifario se ha enfrentado a las eléctricas; los grandes grupos inversores demandan al Reino de España por el hundimiento del sector de las renovables, que en lo doméstico ha supuesto el final de miles de pequeñas empresas y la pérdida de millares de puestos de trabajo. No atina con las centrales nucleares, ni con el fracking ni con el gas. En definitiva, es un pésimo gestor que ha perdido la cabeza, lo que en cualquier otro país del mundo civilizado de esos con los que presuntuosamente nos equiparamos, le habría conducido ya a la dimisión. Luego está, en nuestro particular análisis, la opción B: “ha perdido la cabeza 2”. Este estadio enlaza directamente con el primero, pero a él se añade su atribulada relación con la petrolera Repsol, lo que complica aún más la cosa. Porque si a esa deriva delirante que le reconfirma como un pésimo gestor de lo público añadimos lo que vamos sabiendo de sus intimidades con la compañía que preside su compadre Antonio Brufau, nos encontramos con un panorama como mínimo inquietante. Nadie se atreve a cifrar, perdón, explicar, qué poderosos vínculos llevan al señor ministro a soportar el vilipendio público por su conchabo con una empresa que reniega de cualquier tipo de connivencia con él y que lo acusa directamente de estar más empeñado en las prospecciones en Canarias que la compañía misma. “Nos obliga el operador”, han asegurado a Paulino Rivero tanto los directivos de Repsol como sus dos accionistas españoles de referencia, Caixabank y Sacyr, que aseguran que el desgaste que están sufriendo aquí no les compensa ante un incierto proyecto de explotaciones de hidrocarburos en Canarias. Entonces, ¿por qué ese empeño?

“Yo por España me inmolo”

La primera teoría que circula en los cenáculos políticos, incluido el de sus más acendrados adversarios y, por supuesto, el de sus seguidores más leales, es que Soria cree que lo mejor que le puede pasar a Canarias es que haya petróleo en sus aguas cercanas. Sería un acontecimiento notable que eso fuera cierto porque el mantra de los enormes beneficios que reportaría para el Archipiélago un negocio así es de lo más frecuente en su repertorio. Su trayectoria y sus antecedentes podrían hacer creíble esta teoría, que en verdad tenga interiorizada hasta el tuétano la bondad de los hidrocarburos hasta el punto de convertirla en su lema y su legado político. Pero todo se desvanecería si aplicamos la lógica de las cosas: una apuesta tan obsesiva por las energías fósiles en un escenario en el que, puestos en el más optimista de los casos, reportaría a Canarias unas migajas y a España tan sólo el 10% del consumo anual, es un esfuerzo rayano en lo estúpido. Avalarían esta teoría algunos episodios recientes del acendrado patriotismo del que hace gala el ministro en cuestión, al que en algunos cenáculos castellanos se le ha escuchado pronunciar –pecho henchido y voz atronadora- una frase antológica: “Yo por España me inmolo”. Y vaya si se está inmolando. Sólo falta saber (y lo sabremos más pronto que tarde) si la inmolación es por España o por sí mismo, duda que, como comprenderán, viene alimentada por la trayectoria política y vital del personaje en cuestión.

El regulador desregulado

La segunda tesis es mucho más puñetera, y tan en el borde del Código Penal que nos la vamos a ahorrar para mejor proveer. Beneficiar a Repsol del modo que ha hecho Soria y su equipo más nuclear del Ministerio de Industria, Energía y Turismo requiere un análisis pausado. Es cierto que desde que en 2009, cuando ni siquiera soñaba con ser ministro, visitó a Brufau en su despacho de Madrid, todo hace pensar que había hecho promesas que ahora cumple. Y es cierto también que desde que llegó al Gobierno no ha cejado en su afán por otorgar a la petrolera los permisos que le fueron congelados por Zapatero. Resulta innegable también que Repsol vio con muy buenos ojos desde el principio esa entrega ministerial, pero desconociendo en los albores que todo se iba a conducir por los vericuetos que se ha conducido: un exceso de pasión convertido en daño severo no estaba en ninguna de las previsiones. Tiene razón Soria cuando dice que si hubiera sido otro el ministro que llevara a buen puerto los negocios de Repsol no estaríamos ahora en el actual escenario de confrontación, crispación y pronunciado desgaste de imagen del ministro y de la propia petrolera. Porque, ciertamente, a ningún otro ministro del ramo en su sano juicio se le habría ocurrido gestionar el asunto de tan mala manera. De ahí que, pasados los meses desde la eclosión del idilio, la relación se haya tornado tan perversa que ha conducido a los directivos y a los accionistas de la compañía a renegar del enamorado y a afirmar tanto ante los políticos como ante los periodistas que las prospecciones en Canarias “no son estratégicas” para Repsol y, en el colmo del despecho, que se harán porque hay un empeño especial “del regulador”.

Repsol consolida derechos

El escenario que se ha abierto ahora, tras la publicación el miércoles en el BOE de la autorización de Industria a las prospecciones, promete grandes acontecimientos. Y no hablamos solamente de los recursos administrativos o judiciales, que se plantearán como se han venido planteando hasta ahora todos los que en Derecho han dado lugar a las partes contrarias (cabildos de Lanzarote y Fuerteventira y Gobierno de Canarias). También habrá movilizaciones, que se barruntan numerosas y multitudinarias por el cabreo generado y pendiente de generar. Y habrá acciones ante instancias internacionales, como la Unión Europea y la ONU, donde se preparan actos muy llamativos. No descarten, desde luego, acciones ante la jurisdicción penal, donde habrán de dilucidarse iniciativas que ya se cuecen en algunos despachos referidas a los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, para las cuales hace tiempo que se hace acopio de pruebas documentales y testificales verdaderamente inquietantes. No hay que descartar que alguna de esas acciones administrativas y contenciosas logren paralizar las prospecciones, ni se puede dar por perdida la opción de que Repsol termine desistiendo ante el balance negativo que pueda proporcionarle el intento. Pero, mientras tanto, la compañía va avanzando en la consolidación de sus derechos y a partir del primer euro gastado en Canarias, podrá exigir compensaciones futuras si, llegado el caso, le fueran cancelados los permisos. No debe descartarse nada. Porque si bien es cierto que Soria ha llegado un poco más allá de lo que debía, lo cierto es que si apareciera petróleo en alguna de las tres (o en las tres) prospecciones previstas, más cierto es que el permiso de explotación no va a poder tramitarlo el actual Gobierno sino aquel que salga de las urnas en 2015, es decir, el año que viene. Sería esa Gobierno, en tal caso, el que además corriera con la responsabilidad de denegarlas, o en caso contrario, de llevar a término esa fantasmagórica promesa del ministro de reformar la Ley de Hidrocarburos para otorgar a las Islas participación en los beneficios fiscales que se produjeran.

No habrá acelerómetros por las buenas

Pero volvamos al escenario actual, el de esta misma semana en que se conoció el texto de la autorización de Industria a Repsol. Estamos ante un nuevo insulto a la inteligencia de los ciudadanos, sean canarios o murcianos, un insulto extensible a todos aquellos que conozcan algo de Derecho o de Geografía. Ya les hemos contado en este periódico lo ridículo de las cantidades previstas para hacer frente a cualquier accidente (60 millones de euros, de los que Repsol sólo habrá de depositar previamente 20); o la ausencia de cualquier previsión para atender un eventual cero en la producción de agua potable en Lanzarote y Fuerteventura; por no mencionar la incorporación con calzador, y a petición de las instituciones canarias, de la peligrosidad que entrañaría para la actividad un posible movimiento sísmico. Clama al cielo, por lo demás, el absoluto desprecio al resto a las alegaciones canarias, que ni siquiera son contestadas, o que se contestan por el ministro diciendo que en nada afectan al núcleo mismo de la autorización. Todo parece haberse cocinado en un fogón de Repsol, con los calderos de Repsol y con Soria y Brufau de jefes de cocina y Enrique Hernández Bento de ayudante primero. Tan precario parece todo que ni siquiera se ha previsto en Madrid que los acelerómetros que se obliga a Repsol instalar en tierra para prever movimientos sísmicos han de contar con la autorización de los respectivos cabildos insulares, que ya les adelantamos que no los van a dejar pasar. Será precioso ver al Estado facilitando terrenos de Defensa o de Interior para complementar el proyecto de una compañía privada. Si es que por España están dispuestos a inmolarse todos los ministros.

Nadie en el Gobierno de Canarias se atreve a dar una explicación razonable (y legal) sobre los intereses que estos dos últimos años han llevado a José Manuel Soria a su actual encrucijada política y personal: despreciado en Canarias, cuestionado por los suyos, hundido en las encuestas, desacreditado por su gestión ministerial entre la clase empresarial más poderosa del país... Cualquiera que analizara su comportamiento desde fuera llegaría a dos dramáticas conclusiones: o ha perdido la cabeza o ha perdido la cabeza. La primera opción (“ha perdido la cabeza”) debería desembocar irremediablemente en su dimisión: para intentar sin éxito arreglar el déficit tarifario se ha enfrentado a las eléctricas; los grandes grupos inversores demandan al Reino de España por el hundimiento del sector de las renovables, que en lo doméstico ha supuesto el final de miles de pequeñas empresas y la pérdida de millares de puestos de trabajo. No atina con las centrales nucleares, ni con el fracking ni con el gas. En definitiva, es un pésimo gestor que ha perdido la cabeza, lo que en cualquier otro país del mundo civilizado de esos con los que presuntuosamente nos equiparamos, le habría conducido ya a la dimisión. Luego está, en nuestro particular análisis, la opción B: “ha perdido la cabeza 2”. Este estadio enlaza directamente con el primero, pero a él se añade su atribulada relación con la petrolera Repsol, lo que complica aún más la cosa. Porque si a esa deriva delirante que le reconfirma como un pésimo gestor de lo público añadimos lo que vamos sabiendo de sus intimidades con la compañía que preside su compadre Antonio Brufau, nos encontramos con un panorama como mínimo inquietante. Nadie se atreve a cifrar, perdón, explicar, qué poderosos vínculos llevan al señor ministro a soportar el vilipendio público por su conchabo con una empresa que reniega de cualquier tipo de connivencia con él y que lo acusa directamente de estar más empeñado en las prospecciones en Canarias que la compañía misma. “Nos obliga el operador”, han asegurado a Paulino Rivero tanto los directivos de Repsol como sus dos accionistas españoles de referencia, Caixabank y Sacyr, que aseguran que el desgaste que están sufriendo aquí no les compensa ante un incierto proyecto de explotaciones de hidrocarburos en Canarias. Entonces, ¿por qué ese empeño?

“Yo por España me inmolo”