PP de Canarias, S.A.

Viernes 16 de marzo de 2012. A la misma hora que José Manuel Soria se partía la cara por Repsol en el Consejo de Ministros, una de las personas de su máxima confianza política hacía lo propio por el dueño de Islas Airways, Miguel Concepción, ante el Ministerio de Fomento. Soria defiende un negocio colosal de la multinacional española con la excusa de que en tiempos de crisis no se puede desaprovechar ninguna oportunidad para explotar recursos naturales propios e ingresar impuestos en las arcas del Estado. Rodríguez intenta desbloquear el pago de unos 15 millones de euros que Fomento tiene retenidos al empresario tinerfeño tras abrirle un expediente por un presunto fraude millonario en la gestión de los descuentos aéreos a residentes en las Islas Canarias. Sólo dos días antes, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, que compartió con Soria y Rodríguez el primer mandato del PP en 1995, comparecía ante un juez para explicar por qué aquel equipo de gobierno municipal permitió que un particular se embolsara nueve millones de euros en un pelotazo urbanístico gracias a un convenio y unas sobrevaloraciones que nadie es capaz de explicar con tino.

Viernes 16 de marzo de 2012. A la misma hora que José Manuel Soria se partía la cara por Repsol en el Consejo de Ministros, una de las personas de su máxima confianza política hacía lo propio por el dueño de Islas Airways, Miguel Concepción, ante el Ministerio de Fomento. Soria defiende un negocio colosal de la multinacional española con la excusa de que en tiempos de crisis no se puede desaprovechar ninguna oportunidad para explotar recursos naturales propios e ingresar impuestos en las arcas del Estado. Rodríguez intenta desbloquear el pago de unos 15 millones de euros que Fomento tiene retenidos al empresario tinerfeño tras abrirle un expediente por un presunto fraude millonario en la gestión de los descuentos aéreos a residentes en las Islas Canarias. Sólo dos días antes, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, que compartió con Soria y Rodríguez el primer mandato del PP en 1995, comparecía ante un juez para explicar por qué aquel equipo de gobierno municipal permitió que un particular se embolsara nueve millones de euros en un pelotazo urbanístico gracias a un convenio y unas sobrevaloraciones que nadie es capaz de explicar con tino.