El presidente del TSJC también te invita a un acto electoral

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, no ha querido ser menos que el fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, y también ha cursado una amable invitación para el acto electoral del sábado 28 en el salón de actos del Colegio de Abogados de Las Palmas con los ministros de Justicia y de Industria del Gobierno de España. Si el jefe del Ministerio Público utilizó el método tradicional de la nota informativa escrita en papel de oficio de la fiscalía y con fecha 17 de octubre, Doreste ha optado por la más económica y veloz fórmula del correo electrónico dirigido a todos los jueces y magistrados con destino en las Islas Canarias. El mail del presidente del TSJC está fechado este mismo viernes, 20 de noviembre (con perdón), y presenta como novedad respecto a la nota de Garrido la aclaración de que es la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia la que le “ha indicado que haga llegar a todos los compañeros” la información “por si fuera de su interés asistir al Encuentro en el que podrán formular verbalmente las iniciativas que estimen oportunas en relación con sus competencias en el área de justicia”. Y es aquí donde se revela en todo su esplendor el carácter electoralista del “encuentro” porque si la invitación se genera para “un encuentro abierto a todos los operadores jurídicos” y en él se pueden “formular verbalmente” iniciativas relacionadas con esa administración, ¿qué pinta ahí el ministro de Industria, Energía y Turismo, casualmente candidato del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas? Nadie puede oponerse a que el PP haga todos los actos electorales que quiera, incluso movilizando para ello a ministros del Reino, incluso que soliciten para la ocasión la sede del Colegio de Abogados. Lo que verdaderamente clama al cielo es que el presidente del TSJC y el fiscal jefe de Canarias se presten a servir de convocantes. Todavía está pendiente de sentencia un caso por corrupción en el que figura como acusada una diputada del Partido Popular, Águeda Montelongo, y como presidente del tribunal que la juzgó el mismísimo Antonio Doreste.

El regreso de Jorge Rodríguez a Grupo Europa

Hablando del TSJC y de sumarios de corrupción relacionados con lustrosas figuras del Partido Popular, ya es firme la sentencia del caso Grupo Europa una vez el Supremo ha casado la sentencia de la que fue ponente el actual presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, al que se le espera el sábado 28 en el acto electoral de los ministros Catalá y Soria en el Colegio de Abogados de Las Palmas. Navarro Miranda emitió una dura sentencia para todos los acusados excepto para uno, el portavoz económico del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez, al que absolvió del delito de tráfico de influencias. Y ya saben por qué: porque su intermediación para que el principal encartado en la causa, José Manuel Antón Marín, pudiera entrar a hacer chanchullos en el Ayuntamiento de Telde, entre otros de Gran Canaria, fue un tráfico de influencias chiquitito. Una birria de tráfico de influencias que, sin embargo, dio lugar a que Antón Marín fuera el que redactara las bases del concurso para hacer viviendas sociales en la ciudad y empezara a sobornar a todo bicho viviente para que se cambiara el planeamiento, le otorgaran licencias y desaparecieran las pegas administrativas que se presentaron. Jorge Rodríguez, que cobró por sus servicios más de 60.000 euros a pesar de estar disfrutando del régimen de dedicación exclusiva en el Parlamento de Canarias, aparece citado en cuatro ocasiones en la sentencia del Supremo, siempre como introductor del principal condenado en el Ayuntamiento de Telde. Es evidente que de no haber sido él quien intermediara, Antón Marín se habría buscado a otro, pero lo que resulta probado es que, sin su concurso, el cabecilla de la trama no hubiera podido actuar como hizo. Pero lo definitivo, ya que la fiscalía no se molestó ni en recurrir, es Jorge Rodríguez que está absuelto y que sigue dando lecciones de integridad política y moral en el Parlamento de Canarias. Como ocurrió este viernes.

Jorge O’Hara

Pues sí. Este viernes, en la comisión de Empleo, Políticas Sociales y Viviendas del Parlamento de Canarias pudimos ver a un Jorge Rodríguez, portavoz económico del PP, verdaderamente crecido. E incluso ofendido. El motivo de su reacción, que relata con precisión en su crónica nuestro compañero Salvador Lachica, fueron las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Patricia Hernández, que achacó a la reforma laboral del PP la bajísima calidad del empleo que se disfruta en España y la situación de pobreza que padecen personas con un puesto de trabajo. Rodríguez se cogió un tremendo cabreo, y lejos de su habitual cortesía y el estilo gentleman del que es máximo exponente en la Cámara autonómica, se desmelenó con lo que le queda de cabellera invocando nada menos que Lo que el viento se llevó, película ambientada en el Sur de los Estados Unidos del siglo XIX. Mentó a la protagonista femenina, Scarlett O’Hara, elevando sorprendentemente el volumen de su voz para clamar que aquí no hay esclavitud y que lo más que se ha acercado a esa situación han sido los momentos en los que el PSOE ha gobernado. Se hablaba de fraude en la contratación y dijo que las cosas que sostiene el PSOE denigran a empresarios y a trabajadores ya que los primeros cumplen con la legalidad y los segundos gozan en España de una gran protección gracias a su partido. El presidente de la comisión, Marcos Hernández, del Grupo Socialista, estaba tan sorprendido como todos los presentes por el tono y el estilo poco habitual de Jorge Rodríguez, y dio por zanjado su turno de intervención agradeciéndole “sus aportaciones”. Jorge Rodríguez juró un día, como hizo Scarlett, no volver a pasar hambre, y si en cumplimiento de esa promesa en varias legislaturas compatibilizó de modo anómalo su condición de diputado con cobro de exclusividad con su despacho (primero de influencias y luego de influencias y de derecho urbanístico), ahora ya ha decidido que lo mejor es renunciar a ese régimen tan ventajoso para no volver a verse envuelto en otra igual a lo de Grupo Europa.

Benjamín Trujillo entra en los juzgados

Parece no tener fin la aparición de candidatos al 20D con problemas judiciales. Ya les hemos contado en este periódico que el Partido Popular presenta al Senado por la isla de Tenerife a una persona imputada por prevaricación, Milagros Pérez, que está a punto de recibir la petición de apertura de juicio oral por prevaricación. Su caso se remonta a la etapa en que fue alcaldesa de Santa Úrsula, periodo en el que enchufó sin miramientos legales a una veintena de personas de su cuerda. El PP permanece de momento impertérrito, aún cuando todos los indicios apuntan a que la señora se podría sentar en el banquillo en cuestión de meses y solo en función de los recursos que se interpongan y la disponibilidad que tengan para celebrar juicios los juzgados de lo Penal de Santa Cruz de Tenerife. En una fase más embrionaria se encuentra el caso de Benjamín Trujillo, candidato al Senado por La Gomera en la lista de Coalición Canaria. A tal fin, Trujillo acaba de dimitir como presidente del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia, una especie de canonjía donde los partidos que gobiernan colocan compromisos insalvables, como es el caso. A Trujillo lo ha denunciado un trabajador de ese organismo por acoso laboral y presunta malversación de fondos públicos, y el juez de instrucción 6 de Las Palmas de Gran Canaria le ha abierto diligencias previas a ver en qué desemboca el asunto. El pasado martes ya se le ofrecieron acciones al denunciante que, por lo que parece, no es el único que ha dejado muy cabreado el señor Trujillo en el mentado instituto por unos modales que dejan mucho que desear. Les iremos contando.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, no ha querido ser menos que el fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, y también ha cursado una amable invitación para el acto electoral del sábado 28 en el salón de actos del Colegio de Abogados de Las Palmas con los ministros de Justicia y de Industria del Gobierno de España. Si el jefe del Ministerio Público utilizó el método tradicional de la nota informativa escrita en papel de oficio de la fiscalía y con fecha 17 de octubre, Doreste ha optado por la más económica y veloz fórmula del correo electrónico dirigido a todos los jueces y magistrados con destino en las Islas Canarias. El mail del presidente del TSJC está fechado este mismo viernes, 20 de noviembre (con perdón), y presenta como novedad respecto a la nota de Garrido la aclaración de que es la Jefatura de Gabinete del Ministerio de Justicia la que le “ha indicado que haga llegar a todos los compañeros” la información “por si fuera de su interés asistir al Encuentro en el que podrán formular verbalmente las iniciativas que estimen oportunas en relación con sus competencias en el área de justicia”. Y es aquí donde se revela en todo su esplendor el carácter electoralista del “encuentro” porque si la invitación se genera para “un encuentro abierto a todos los operadores jurídicos” y en él se pueden “formular verbalmente” iniciativas relacionadas con esa administración, ¿qué pinta ahí el ministro de Industria, Energía y Turismo, casualmente candidato del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas? Nadie puede oponerse a que el PP haga todos los actos electorales que quiera, incluso movilizando para ello a ministros del Reino, incluso que soliciten para la ocasión la sede del Colegio de Abogados. Lo que verdaderamente clama al cielo es que el presidente del TSJC y el fiscal jefe de Canarias se presten a servir de convocantes. Todavía está pendiente de sentencia un caso por corrupción en el que figura como acusada una diputada del Partido Popular, Águeda Montelongo, y como presidente del tribunal que la juzgó el mismísimo Antonio Doreste.