Resetear La Laguna

Hace muchos años que el Ayuntamiento de La Laguna entró en barrena. Habría que remontarse a los años en los que ocupó su alcaldía la veterana Ana Oramas, hoy decisiva diputada en Madrid, que se marchó antes de terminar su segundo mandato dejando un agujero económico de 70 millones de euros producto de una pésima gestión en la que se inauguró la mala práctica de confundir gastos corrientes con inversiones electoralistas y actos institucionales con desayunos y chuletadas a mayor gloria de Coalición Canaria. Entonces asomaba la cabeza con la ambición necesaria un concejal de nombre Fernando Clavijo que desde el primer momento empezó a apuntar maneras como perfecto ejecutor de las prácticas clientelares -situadas en el punto inmediatamente anterior al delito- que han permitido a su partido mantenerse en el poder tantos años y en tantos y tantos municipios sin tocar banquillo. De momento.

Los 70 millones que dejó Ana Oramas de deuda ya ha alcanzado los 100, según ha reconocido recientemente su actual alcalde, José Alberto Díaz, y los chanchullos de Fernando Clavijo y sus compañeros de correrías vuelven a tocar a la puerta de los tribunales de justicia mientras la oposición -mayoritaria- se muestra incapaz de romper el bloqueo que mantienen tres concejales del PSOE atenazados por la hipoteca que la dirección socialista local tiene firmada con Coalición Canaria en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Allí, desde hace ya muchos años, funciona una oficina de colocación dirigida por el líder del PSOE lagunero, Pedro Ramos, el hombre de Pedro Sánchez en Tenerife. Afilia brazos de palo al ritmo que promociona personal en el HUC y, con la ayuda de su compadre José Luis Martín, mantiene a raya cualquier amenaza de moción de censura contra el alcalde nacionalista. Ambos, Martín y Ramos, se conjuraron hace años contra su propio partido creando un movimiento vecinal, Masca, financiado por Coalición Canaria con el único fin de impedir el triunfo del candidato socialista, Santiago Pérez, cosa que consiguieron. Masca se disolvió y José Luis Martín vio cumplida su venganza contra Pérez, que lo había metido un poco antes en el lote de concejales socialistas que coadyuvaron al pelotazo en la playa de Las Teresitas. Es Mónica Martín, su hija, la vicealcaldesa de la ciudad y ni con agua caliente está dispuesta a abandonar ese puesto de privilegio desde el que ha conseguido sobrevivir al anterior secretario general, Javier Abreu, expedientado y con orden de expulsión del PSOE, y a Zebenzuí González, el concejal de los WhatsApps machistas, ya expulsado pero con su acta de concejal intacta a la espera de que Coalición Canaria lo recoloque en algún puesto (público o privado) desde el que se compre su voto de sostén al escuálido y desprestigiado grupo de gobierno.

Ese tapón promovido por los tres concejales socialistas permitió que la comisión de investigación del caso grúas (del que ha informado ampliamente este periódico) acabara en chirigota, con el Partido Popular de cómplice circunstancial anunciando al mundo que tampoco en aquel asunto había nada reprochable. Tuvo que ser de nuevo la oposición la que llevara el escándalo a los juzgados de La Laguna, donde una jueza se apresuró a archivar el caso sin practicar las más esenciales diligencias. En un auto más que contundente, la Audiencia Provincial no solo la ha obligado a reabrirlo, sino que ha hecho una descripción tan descarnada del comportamiento de unos concejales y un alcalde, que hasta los más conspicuos defensores de Fernando Clavijo han empezado a ponerlo en remojo y a lanzarle muy sutiles recaditos al fiscal jefe de Canarias para que esté atento y haga lo que pueda cuando el caso llegue al palacio de San Agustín.

A estas alturas, el presidente de Canarias debe estar comunicando a los suyos que no tienen nada que temer, que pasó por un trance similar cuando estuvo imputado en el caso Corredor en vísperas de la campaña electoral y los juzgados de La Laguna, con la participación impagable de la Fiscalía y de una jueza que prorrogó indebidamente unas escuchas, archivaron la causa. El modo de operar era muy parecido al del caso Grúas: mangoneos, favores y ventajas para los amigos y para todo aquel o aquella que pudiera engrandecer el proyecto de Coalición Canaria, usando para ello el poder local y los dineros públicos. Marca de la casa.

Clavijo logró zafarse de todos esos escándalos mientras estuvo al frente de la alcaldía de La Laguna porque para eso invertía ingentes cantidades de dinero público en comprar periodistas y medios informativos. Creyó que jugando en la liga regional la cosa iba a poder hacerse igual, y siguió comprando periódicos y radios, tomó al asalto la tele pública y quiso matar la verdad material con propaganda y más propaganda. No va a ser posible.

La herencia de Clavijo en La Laguna sigue perpetuándose. El alcalde José Alberto Díaz continúa por la misma senda dejada por su predecesor y hasta ha tenido que recuperar a quien fuera compañero de andanzas del presidente en el caso grúas, el portavoz de CC Pérez Godiño, el que llama libelos a los periódicos que descubren sus vergüenzas. Se desprecian los informes del interventor cuando no sintonizan con los deseos del grupo de gobierno; se permite a los concejales enchufar a sus amantes en puestos de asesoramiento que pagan empresas concesionarias a las que se les prorrogan contratos desaforadamente; se incrementan las partidas para el fondo de reptiles… Todo ello con la complicidad irresponsable del Partido Socialista, y en ocasiones, del PP.

En el colmo de la desfachatez, el alcalde Díaz se ha visto obligado a hacer un contrato de personal eventual a su director de comunicación en la sombra ante el descaro que suponía verlo desde hace meses entre bambalinas actuando en los plenos y en todas las crisis municipales y ocupando despacho cercano a la alcaldía. Y todo porque a Unid@s se Puede se le ocurrió presentar una pregunta por escrito para conocer el desempeño del periodista Alfonso González Jerez en la Corporación. La iniciativa de la oposición se presentó con fecha 1 de noviembre y la contratación formal del periodista, el 6 del mismo mes, tres días antes exactamente de que se tuvieran que rendir cuentas ante el pleno.

González Jerez, que ya trabajó para Coalición Canaria desde su puesto de director de comunicación de la empresa pública Emmasa (concesionaria del ciclo integral del agua en Santa Cruz de Tenerife, Zerolo mediante) no ha querido aclarar a este periódico desde cuándo lleva asesorando al alcalde de La Laguna y, en tal caso, qué empresa (pública o privada) le ha venido pagando hasta ahora por esos servicios. Sí ha reconocido que, a pesar de ocupar un cargo de libre disposición sujeto al régimen general de incompatibilidades, no ha tramitado la compatibilidad necesaria para poder cobrar como columnista en los periódicos de Editorial Prensa Ibérica, donde ejerce de espada flamígera contra todos los enemigos del partido que le paga. Su penúltima víctima ha sido el presidente del PP de Canarias, Asier Antona, al que dedicó unas delicadas coplillas el pasado día 11 -cinco días después de ser fichado como dircom del alcalde lagunero- por aliarse a Nueva Canarias y a Podemos en el feo conflicto de la Televisión Canaria.

Coalición Canaria siempre protege a los suyos, y Clavijo da sobradas muestras de fiel seguidor de esa norma. Mantiene en su entorno gubernamental a personajes que defenestró en La Laguna por su comportamiento inapropiado. Como aquel concejal que tuvo que destituir por firmar un contrato ilegal, que hoy ejerce de asesor en presidencia; o aquella concejala que conducía ebria en dirección prohibida y que desoyó el alto de la Policía Local: hoy es viceconsejera de Medio Ambiente para disgusto y vergüenza de todos los ambientalistas porque no da una a derechas.  

Esperar a que la justicia actúe y resuelva en todos los escándalos que sacuden a la ciudad de La Laguna es pretender que las decisiones políticas se tomen en los juzgados. Si Ángel Víctor Torres y el nuevo secretario del PSOE de Tenerife, Pedro Martín, no actúan de inmediato para resetear La Laguna, seguirán siendo corresponsales de lo que haga allí el grupo de gobierno, en el que se integran dos concejalas socialistas. No es una cuestión de oportunidad ni de conveniencia política, cambiar ese gobierno municipal es una emergencia democrática.

Hace muchos años que el Ayuntamiento de La Laguna entró en barrena. Habría que remontarse a los años en los que ocupó su alcaldía la veterana Ana Oramas, hoy decisiva diputada en Madrid, que se marchó antes de terminar su segundo mandato dejando un agujero económico de 70 millones de euros producto de una pésima gestión en la que se inauguró la mala práctica de confundir gastos corrientes con inversiones electoralistas y actos institucionales con desayunos y chuletadas a mayor gloria de Coalición Canaria. Entonces asomaba la cabeza con la ambición necesaria un concejal de nombre Fernando Clavijo que desde el primer momento empezó a apuntar maneras como perfecto ejecutor de las prácticas clientelares -situadas en el punto inmediatamente anterior al delito- que han permitido a su partido mantenerse en el poder tantos años y en tantos y tantos municipios sin tocar banquillo. De momento.

Los 70 millones que dejó Ana Oramas de deuda ya ha alcanzado los 100, según ha reconocido recientemente su actual alcalde, José Alberto Díaz, y los chanchullos de Fernando Clavijo y sus compañeros de correrías vuelven a tocar a la puerta de los tribunales de justicia mientras la oposición -mayoritaria- se muestra incapaz de romper el bloqueo que mantienen tres concejales del PSOE atenazados por la hipoteca que la dirección socialista local tiene firmada con Coalición Canaria en el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Allí, desde hace ya muchos años, funciona una oficina de colocación dirigida por el líder del PSOE lagunero, Pedro Ramos, el hombre de Pedro Sánchez en Tenerife. Afilia brazos de palo al ritmo que promociona personal en el HUC y, con la ayuda de su compadre José Luis Martín, mantiene a raya cualquier amenaza de moción de censura contra el alcalde nacionalista. Ambos, Martín y Ramos, se conjuraron hace años contra su propio partido creando un movimiento vecinal, Masca, financiado por Coalición Canaria con el único fin de impedir el triunfo del candidato socialista, Santiago Pérez, cosa que consiguieron. Masca se disolvió y José Luis Martín vio cumplida su venganza contra Pérez, que lo había metido un poco antes en el lote de concejales socialistas que coadyuvaron al pelotazo en la playa de Las Teresitas. Es Mónica Martín, su hija, la vicealcaldesa de la ciudad y ni con agua caliente está dispuesta a abandonar ese puesto de privilegio desde el que ha conseguido sobrevivir al anterior secretario general, Javier Abreu, expedientado y con orden de expulsión del PSOE, y a Zebenzuí González, el concejal de los WhatsApps machistas, ya expulsado pero con su acta de concejal intacta a la espera de que Coalición Canaria lo recoloque en algún puesto (público o privado) desde el que se compre su voto de sostén al escuálido y desprestigiado grupo de gobierno.