Salud Gil y la patología grancanaria

Otras palabras pronunciadas sin retorno: “Nos pasamos la vida pidiendo inversiones, para que haya empleo, que los empresarios se arriesguen, que las administraciones públicas se comprometan, que se desbloqueen las inversiones, y cuando eso pasa, nos lanzamos todos contra lo que hemos pedido, algún momento habrá que ponerle nombre a esa patología que padece Gran Canaria” (María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, el 29 de agosto, durante la primera piedra de un proyecto deportivo privado en la Playa de Las Canteras). Se nos ocurren unos cuantos nombres para bautizar esa patología que no solo preocupa a la señora Gil sino a un amplio conjunto de promotores y constructores de Las Palmas. La primera palabra es “confusión”. Algunos empresarios confunden riqueza, inversión, empleo y actividad económica con absoluta desregulación o barra libre. Claro que es imprescindible invertir, siempre invertir, pero no haciendo una Gran Marina (que fue uno de los desafortunados ejemplos que puso la representante de la patronal para ilustrar sus palabras), sino inversiones no especulativas, que las hay. Dentro del capítulo de la confusión patológica podemos incluir en su modalidad EuroVegas el ejemplo de ese grupo empresarial poderoso que, sabedor de la demanda de parques temáticos de ocio del que es especialista, pretende que se le venda el suelo a precio de saldo, se modifiquen las clasificaciones urbanísticas y se le regalen hasta las licencias. Alfombra roja, que llama doña María de la Salud. Otro término que puede servir para definir tan preocupante patología es la seguridad jurídica, no sólo la del inversor, a la que sin duda tiene derecho, sino también la de sus competidores, la de los intereses públicos o privados en presencia, la de la legalidad local, nacional e internacional. El derecho a cualquier interesado a recurrir a las instancias administrativas o judiciales un proyecto inversor que consuma recursos de cualquier tipo o afecte a intereses ajenos no puede ponerse en discusión, ni siquiera ante la emergencia de crear empleo. Si un inversor poderosísimo como RIU quiere hacer un hotel en el oasis de Maspalomas está en su perfecto derecho, pero si pretende ejecutarlo llevándose por delante un bien o un valor de indiscutible valor público, al menos habrá de someterse a las consideraciones legales pertinentes por parte de las autoridades colocadas a tal fin por los ciudadanos. Y si la inversión tiene que esperar, que espere. Luego está la envidia, pecado capital, y el lote que podemos llamar frustraciones varias.

Otras palabras pronunciadas sin retorno: “Nos pasamos la vida pidiendo inversiones, para que haya empleo, que los empresarios se arriesguen, que las administraciones públicas se comprometan, que se desbloqueen las inversiones, y cuando eso pasa, nos lanzamos todos contra lo que hemos pedido, algún momento habrá que ponerle nombre a esa patología que padece Gran Canaria” (María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, el 29 de agosto, durante la primera piedra de un proyecto deportivo privado en la Playa de Las Canteras). Se nos ocurren unos cuantos nombres para bautizar esa patología que no solo preocupa a la señora Gil sino a un amplio conjunto de promotores y constructores de Las Palmas. La primera palabra es “confusión”. Algunos empresarios confunden riqueza, inversión, empleo y actividad económica con absoluta desregulación o barra libre. Claro que es imprescindible invertir, siempre invertir, pero no haciendo una Gran Marina (que fue uno de los desafortunados ejemplos que puso la representante de la patronal para ilustrar sus palabras), sino inversiones no especulativas, que las hay. Dentro del capítulo de la confusión patológica podemos incluir en su modalidad EuroVegas el ejemplo de ese grupo empresarial poderoso que, sabedor de la demanda de parques temáticos de ocio del que es especialista, pretende que se le venda el suelo a precio de saldo, se modifiquen las clasificaciones urbanísticas y se le regalen hasta las licencias. Alfombra roja, que llama doña María de la Salud. Otro término que puede servir para definir tan preocupante patología es la seguridad jurídica, no sólo la del inversor, a la que sin duda tiene derecho, sino también la de sus competidores, la de los intereses públicos o privados en presencia, la de la legalidad local, nacional e internacional. El derecho a cualquier interesado a recurrir a las instancias administrativas o judiciales un proyecto inversor que consuma recursos de cualquier tipo o afecte a intereses ajenos no puede ponerse en discusión, ni siquiera ante la emergencia de crear empleo. Si un inversor poderosísimo como RIU quiere hacer un hotel en el oasis de Maspalomas está en su perfecto derecho, pero si pretende ejecutarlo llevándose por delante un bien o un valor de indiscutible valor público, al menos habrá de someterse a las consideraciones legales pertinentes por parte de las autoridades colocadas a tal fin por los ciudadanos. Y si la inversión tiene que esperar, que espere. Luego está la envidia, pecado capital, y el lote que podemos llamar frustraciones varias.