La sentencia que el Gobierno ocultó

El Gobierno de Canarias se supera día a día en sus explicaciones a la ciudadanía. Mientras su presidente, Paulino Rivero, afirmaba desde Bruselas que no había ido hasta allí para que los periodistas le preguntaran sobre asuntos de Canarias (la próxima vez habrá que hacerlo sobre la crisis de los mejillones en la capital belga), el portavoz, Martín Marrero, ofrecía unas extravagantes explicaciones sobre los motivos por los que se ocultó a la opinión pública la ejecución de la sentencia por la que el Gobierno ha de pagar 33 millones de euros. Marrero, que es periodista (o lo fue, y de los buenos) dice que en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno en el que se acordaron los recortes presupuestarios para cubrir esa cantidad se optó por no hablar del asunto porque hubo otros de mayor importancia. Y, efectivamente, hemos repasado la hemeroteca y ese asunto de mayor importancia era, nada más y nada menos, que otra sentencia condenatoria, la de Tebeto, que el Ejecutivo se negaba entonces (y se niega ahora) a abonar.

El Gobierno de Canarias se supera día a día en sus explicaciones a la ciudadanía. Mientras su presidente, Paulino Rivero, afirmaba desde Bruselas que no había ido hasta allí para que los periodistas le preguntaran sobre asuntos de Canarias (la próxima vez habrá que hacerlo sobre la crisis de los mejillones en la capital belga), el portavoz, Martín Marrero, ofrecía unas extravagantes explicaciones sobre los motivos por los que se ocultó a la opinión pública la ejecución de la sentencia por la que el Gobierno ha de pagar 33 millones de euros. Marrero, que es periodista (o lo fue, y de los buenos) dice que en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno en el que se acordaron los recortes presupuestarios para cubrir esa cantidad se optó por no hablar del asunto porque hubo otros de mayor importancia. Y, efectivamente, hemos repasado la hemeroteca y ese asunto de mayor importancia era, nada más y nada menos, que otra sentencia condenatoria, la de Tebeto, que el Ejecutivo se negaba entonces (y se niega ahora) a abonar.