Industria, república bananera

Parecía imposible que pudieran detectarse más trapisondas en el expediente de autorización de prospecciones petrolíferas en Canarias en favor de Repsol, seguramente porque habíamos empezado a creer que el ministro de Industria no se iba a poder seguir permitiendo ciertas licencias con tantos focos sobre su cabeza. Pero nos equivocábamos una vez más: su capacidad para trasladar a Madrid el mismo modo de operar que tantos disgustos le ocasionó en Canarias parece no tener límite. José Manuel Soria ha convertido el Ministerio de Industria en su cortijo particular con tal sucesión de disparates que sólo justificarían su permanencia en la eficacia con la que seguramente está ejecutando instrucciones de la superioridad a cambio de reservarse para sí decisiones marca de la casa. Las autorizaciones a Repsol ya pueden encuadrarse sin ninguna duda en el capítulo de las más sospechosas de su mandato como ministro. Que el expediente, quince años después de su apertura, continúe sin estar foliado constituye una anomalía administrativa que por sí sola ya serviría para iniciar una acción de nulidad. Sobre todo si a esa carencia tan grave le añadimos todos los cambios que se han producido desde que la tramitación llegó a su fase final y empezaron a aflorar todos los defectos que Repsol creyó siempre que le dejarían pasar por algo. Lo comprobado este jueves en Madrid por la delegación canaria, en la que se incluía un magistrado emérito del Supremo nada sospechoso de ser un “camorrista”, en desafortunada expresión del subsecretario de Estado Enrique Hernández Bento, no ha hecho más que confirmar las sospechas de las irregularidades más descaradas. Todo es tan evidente que, si no fuera por los desvelos sorianos, casi cabría pensar que Repsol no quiere que le autoricen las prospecciones.

Movieron de sitio las perforaciones

Esta semana hemos acertado en uno de los dos presagios que les hemos adelantado aquí: los lugares para las perforaciones programados inicialmente por Repsol han sido movidos de sitio para evitar al máximo las zonas afectadas por el futuro Lugar de Interés Comunitario (LIC), retrasado precisamente para que no se produjera una conjunción nociva para los intereses de la petrolera. Pero por el momento no podemos confirmarles nuestro segundo presagio porque no hay indicios razonables de que, con las carencias detectadas en la visita de este jueves, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (el famoso MAGRAMA) se haya atrevido a otorgar una Declaración positiva de Impacto Ambiental. Muy al contrario, si nadie ha hecho trampas en el expediente y ha quitado papeles que no debía, constan escritos internos de ese ministerio instando a Costas a indicar los límites del LIC para comprobar la afección de los sondeos. No existe contestación que conste, lo que significa que la autorización no podría haber prosperado de ninguna de las maneras. Lo que sí parece evidente a la vista de lo que los comisionados canarios pudieron contemplar, que las exigencias del MAGRAMA a Repsol paralizaron el expediente y eran defectos verdaderamente graves como para no hacerlo. Entre otras cosas, el traslado de los lugares de las catas y la ausencia de estudios sobre el famoso Blowout (explosiones a grandes profundidades), los posibles movimientos sísmicos que se teme el Instituto Geológico Nacional o la influencia de un accidente sobre el abastecimiento de agua potabilizada a la población, no fueron tenidos en cuenta en ningún momento por los solicitantes en una constatación más de que su estudio de impacto ambiental, que recibió casi 11.000 alegaciones, fue una auténtica chapuza y una falta absoluta de respeto a Canarias y a sus ciudadanos. Soria trata por todos los medios de evitar una nueva información pública que pudiera retrasar unos cuantos meses más el negocio que le tiene prometido a su compadre Antonio Brufau.

Se les rompe la fotocopiadora, vaya por dios

La visita de los comisionados canarios dio para unas cuantas anécdotas. En todo momento José Antonio Martín Pallín (miembro del gabinete científico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote), Fernando Ríos (comisionado para el autogobierno, del Gobierno de Canarias) y Pedro Hernández, representante del Cabildo de Lanzarote, estuvieron sometidos a un severo marcaje por parte de dos altos funcionarios del Ministerio de Industria. Sus órdenes eran claras: poner el mayor número de impedimentos para que los incómodos visitantes, por lo demás representantes de instituciones directamente interesadas en el asunto, pudieran ejecutar de manera adecuada su encomienda. Cuando descubrían algún documento extraordinario y manifestaban su deseo de llevarse copia, enseguida uno de los comisarios buscaba una excusa para no facilitarlo alegando, por ejemplo, que era “de uso interno, no disponible para el público”. Cuando ya la cosa se ponía golosa la mala suerte quiso que al Ministerio de Industria se le rompiera la fotocopiadora que debía estar a disposición de los comisionados, con la sorpresa de que se consiguió superar la avería cuando los ojeadores de Soria observaron la presencia de periodistas que informarían del detalle. A pesar de las pegas, los tres incómodos visitantes estuvieron cinco horas consultando el expediente, el tiempo necesario para llegar a las conclusiones que todos ustedes pueden conocer en las piezas que tenemos publicadas.

Más de 115.000 firmas piden la paralización

Mientras el expediente de Repsol sigue su abigarrado curso en la Administración española, y en el Congreso de los Diputados el Gobierno del PP hace prevalecer su mayoría absoluta para prohibir una consulta popular en Canarias, continúa a muy buen ritmo la campaña iniciada en diciembre pasado de captación de firmas contra las prospecciones. En estos momentos, la web de Save Canarias registra más de 115.000 firmas a una carta que será dirigida a los presidentes del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea y del Gobierno de España (con copia a los presidentes de las petroleras Repsol, Woodside y RWE) pidiéndoles que intervengan “con carácter de urgencia para frenar definitivamente esta amenaza ambiental y para promover modelos energéticos que beneficien al interés general”. En la carta se explica con detalle el daño que podría infligirse a Canarias y a sus habitantes en caso de un posible accidente, y se relatan las cualidades ambientales del Archipiélago que podrían correr peligro. Precisamente este viernes se celebrará en Lanzarote un nuevo acto de Save Canarias con la presencia de todas las entidades, asociaciones, profesionales, instituciones y particulares que respaldan esta acción.

El PSOE patina ante el Oasis

Con la portería vacía, sin un portero atento que pudiera parar el disparo, los portavoces del PSOE y de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, cogidos de la mano y a la altura del punto de penalti, echaron el balón fuera. Se sometía a la consideración del pleno de la Corporación la propuesta de ambos partidos de constituir una comisión de investigación sobre la actuación del presidente, José Miguel Bravo de Laguna, durante los meses previos a la apertura del expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) del Oasis de Maspalomas, y lejos de colocar al sospechoso en posición de fuera de juego, se emborracharon de balón y perdieron el partido. No estuvo bien del todo Bravo de Laguna defendiendo sus posiciones, le falta descender un poco más al detalle de las relaciones que tuvo con el denunciante, y contar cómo éste tejió una red de pruebas para embaucarle en la denuncia que ahora se sustancia en la fiscalía de Las Palmas. Pero al menos hay que reconocerle que se acercó un poco más a lo que le es exigible a un cargo público: explicarse a calzón quitado. Su vieja concepción de la política como terreno de seres intocables le jugó malas pasadas en más de una ocasión. Los grupos proponentes, sabedores de que la comisión de investigación ni siquiera iba a contar con el respaldo de toda la oposición (Nueva Canarias se abstuvo alegando que es preciso cerrar primero el trámite judicial), fueron incapaces de hacer un requiebro y dejarla en suspenso a la espera de nuevos acontecimientos. Especialmente después de escuchar la grabación que Bravo ofreció a los presentes en la que se podía oír al denunciante decir lo que dijo y en el tono en que lo dijo: No es que RIU esté detrás de la denuncia, es que está delante buscando la manera de querellarse contra el presidente del Cabildo. La portavoz socialista, Carolina Darias, cometió el error del año confundiendo el caso Marichal o, como mucho, el caso Bravo, en el caso Oasis, con lo que ha comprometido el valor científico de los informes de técnicos muy prestigiosos sobre los que no pesa ninguna sospecha de haber sido comprados por nadie para apoyar el BIC en este espacio natural de la isla de Gran Canaria. ¿O hay alguien en el PSOE que dude de científicos tan cercanos como Enma Pérez-Chacón o Víctor Montelongo? ¿O alguien en CC duda de la excelencia del historiador Manuel Lobo Cabrera?

Segundo error: pedir la devolución del BIC

Confundir las presuntas andanzas de Bravo con la indiscutible necesidad de recuperar para el uso ciudadano el Oasis de Maspalomas e impedir, por tanto, el adefesio que quiere plantar allí RIU, no es el único error que ha cometido el PSOE en este expediente. La reclamación que hace unos días lanzó el socialista José Antonio Godoy para que el Gobierno devuelva al Cabildo el BIC ya aprobado por la Corporación es de una torpeza incomprensible en un partido que, de gobernar a partir de 2015, podría tener que tragarse su borrachera de balón con un nuevo hotel de RIU que despedace las opciones por recuperar el Oasis para el uso público. Devolver el BIC al Cabildo y enredarlo con una denuncia que tiene que ver con hechos anteriores a su tramitación, es dispararse en un pie. Hasta ahora sólo se sabe que el denunciante de Bravo le acusa de hechos cometidos antes de que se iniciara el BIC, y se sabe que, por el resultado de este, no es precisamente el excliente del bufete del expediente precisamente beneficiado. Por lo tanto, mezclar la denuncia con el BIC es un error que el PSOE va a pagar muy caro, en el caso (por fortuna improbable) de que el Gobierno haga caso al imprudente Godoy y a su portavoz Darias. Y todo por creer que tienen a Bravo de Laguna cogido por los humildes, sin haberse leído la denuncia del presunto empresario Rodríguez Marichal, sin haber contrastado correos, sms y reuniones con fuentes que conoce a la perfección, y lo peor, sin haber medido las consecuencias políticas que en su contra puede acarrear una cacería al presidente si, por vaya usted a saber qué razones, la denuncia ante la fiscalía resultara finalmente archivada.

La empanada mental de Marichal

Gracias al presidente Bravo de Laguna supimos este jueves de la existencia de una jugosa entrevista realizada por nuestro compañero Diego Recio, de Radio Sol, al denunciante de la presunta corruptela, Cristóbal Rodríguez Marichal. De inmediato nos hicimos con una copia y la escuchamos atentamente para llegar a la misma conclusión aquí expuesta cuando hicimos las primeras averiguaciones en torno a la denuncia. El presunto empresario tiene tal empanada mental que a lo largo de la media hora larga de entrevista es incapaz de explicar a la audiencia en qué consiste exactamente su denuncia, qué hechos concretos son los que pudieran derivar en responsabilidades penales del denunciado y cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron por esos comportamientos denunciados. Se confirma, eso sí, que es muy bueno el refranero español cuando dedica uno de sus asertos a describir cómo se levanta uno por la mañana cuando con niños se acuesta, lo que muy probablemente no supo medir adecuadamente el presidente del Cabildo cuando se juntó con personajes como los de esta historia. También queda muy claro, porque él mismo termina confesándolo, que a Marichal le anima en esta causa la cadena mallorquina RIU, que “no es que esté detrás, está delante” de la denuncia para poder encontrar motivos para levantar a Bravo por los aires por ese BIC que tan poco le gusta en sus dominios. La empanada de Marichal y su verborrea imparable le llevan a confesar que el encargo de los RIU incluye también denunciar a Lopesan hasta la eternidad, que para eso es el competidor a batir por RIU y el culpable, según sus propias palabras, de que él no pudiera hacer el negocio de su vida en el centro comercial Maspalomas.

Nacho González cuenta intimidades de don José

Continúan los fastos en el periódico El Día tras la muerte de su editor, presidente, director y gran timonel, José Rodríguez. Y lo hace con dedicatorias a este periódico por haber osado dudar de la grandeza periodística del fallecido y de su aportación a la convivencia pacífica de todos los canarios. Dicen los herederos de la línea editorial que mantendrán unos días el nombre de Rodríguez Ramírez en la mancheta, como director, un homenaje tan absurdo como dudosamente legal, porque como todo el mundo sabe, una cabecera periodística ha de tener siempre un responsable, a ser posible vivo, al que poder exigirle cuentas en caso necesario. Claro que, puestos a analizar el fondo del homenaje, lo que subyace es el miedo de los escribanos de cabecera a ver extendidas las responsabilidades de la editorial (y las extinguidas legalmente al editor desaparecido) a sus propios cogotes, una vez comprobado que continúan reeditando ideas y las mismas enojosas formas de exponerlas. La obligada prudencia (y el respeto que no nos es correspondido) nos impide comentar algunos aspectos de los apresurados fastos fúnebres con policía urbana de honor, y algunas sentidas lágrimas derramadas por políticos que quedan en la más inconsolable orfandad periodística. Así que, pelillos a la mar, ocupémonos levemente de lo que decía este jueves en un emocionado artículo el líder del CCN, Nacho González. El peloteo del líder centrista (y hasta nacionalista) es de tal calibre que llega a llamar a Rodríguez “el mejor periodista del mundo en 2014”, título que asegura le ha otorgado la Asociación de Periodistas y Artistas (sic), muy conocida en su casa a la hora de la sopa con fideos. Pero dice algo que desde luego don José no le perdonaría: “Su campaña para que el Parlamento de Canarias modificara el Estatuto de Autonomía, le quitara el ”gran“ a la isla de Gran Canaria y la dejara sólo en Canaria, fue motivo de una de las mayores polémicas mediáticas de los últimos tiempos, para su regocijo personal. Don José tenía un ”gran“ desconocido por la mayoría sentido de humor y para los negocios. No dudó en confesarme que las polémicas le hicieron aumentar sus ventas. Era verdad. Los que lo criticaban y los criticados compraban El Día para leer que decía hoy don José y si se metía con ellos, sin darse cuenta que al hacerlo le seguían la corriente”. El patriotismo y el amor por Tenerife resultó ser puro marketing, qué decepción más grande.

Parecía imposible que pudieran detectarse más trapisondas en el expediente de autorización de prospecciones petrolíferas en Canarias en favor de Repsol, seguramente porque habíamos empezado a creer que el ministro de Industria no se iba a poder seguir permitiendo ciertas licencias con tantos focos sobre su cabeza. Pero nos equivocábamos una vez más: su capacidad para trasladar a Madrid el mismo modo de operar que tantos disgustos le ocasionó en Canarias parece no tener límite. José Manuel Soria ha convertido el Ministerio de Industria en su cortijo particular con tal sucesión de disparates que sólo justificarían su permanencia en la eficacia con la que seguramente está ejecutando instrucciones de la superioridad a cambio de reservarse para sí decisiones marca de la casa. Las autorizaciones a Repsol ya pueden encuadrarse sin ninguna duda en el capítulo de las más sospechosas de su mandato como ministro. Que el expediente, quince años después de su apertura, continúe sin estar foliado constituye una anomalía administrativa que por sí sola ya serviría para iniciar una acción de nulidad. Sobre todo si a esa carencia tan grave le añadimos todos los cambios que se han producido desde que la tramitación llegó a su fase final y empezaron a aflorar todos los defectos que Repsol creyó siempre que le dejarían pasar por algo. Lo comprobado este jueves en Madrid por la delegación canaria, en la que se incluía un magistrado emérito del Supremo nada sospechoso de ser un “camorrista”, en desafortunada expresión del subsecretario de Estado Enrique Hernández Bento, no ha hecho más que confirmar las sospechas de las irregularidades más descaradas. Todo es tan evidente que, si no fuera por los desvelos sorianos, casi cabría pensar que Repsol no quiere que le autoricen las prospecciones.

Movieron de sitio las perforaciones