Stratvs, malos tiempos para la impunidad

No hay por dónde cogerla. La bodega Stratvs, propiedad del influyente empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, ha sido merecedora de uno de los autos más duros (y más largos, diecinueve folios) que contra la impunidad se han dictado en la historia reciente de Canarias. Leyendo lo que ha dicho en esa pieza la jueza Silvia Muñoz da la impresión de que lo único bueno que ha pasado en las hectáreas de Yaiza que ocupa es el vino que hasta este viernes producía porque, en el colmo de la desfachatez, no sólo se trata de una construcción ilegal e ilegalizable que supera “de manera exagerada y grosera lo inicialmente autorizado”; no sólo se llevó por delante una construcción de alto valor etnográfico alegando que se iba a restaurar; no sólo presenta un grave peligro de salud pública por su red de saneamiento, sino que, para colmo, una parte de la bodega se levanta sobre suelo que es propiedad ajena. Todo ello, como resaltan la jueza y el fiscal, “ante los ojos de las instituciones públicas que, pese a su conocimiento, omitieron control alguno”. Es, probablemente, el paradigma insuperable de la impunidad que imperó durante años (quizás desde la muerte de César Manrique hasta que estalló el caso Unión) en la isla de Lanzarote ante los ojos incrédulos e indignados de sus habitantes. Algunos empresarios, de entre los que destaca Juan Francisco Rosa, se han amparado en su poder y en su capacidad de influir sobre determinados políticos locales para hacer lo que les ha dado la real gana. El fiscal, cuyas impresiones comparte la jueza, llega a cifrar en quince los años en que el propietario de esta bodega ha estado “desafiando a la Justicia” instalado en “un permanente engaño” para desarrollar en Stratvs una serie de actividades sin autorización alguna. Como ocurre a menudo con determinados dirigentes empresariales, la defensa de Rosa ha consistido en reclamar de la Justicia una suerte de manga ancha apelando a motivos económicos y turísticos, y por supuesto al mantenimiento de puestos de trabajo, lo mismo exactamente que se ha alegado para tratar de mantener en pie los diecisiete hoteles y complejos turísticos declarados ilegales en sentencia firme en la misma y maltratada isla de Lanzarote. La juez se lo deja claro al infractor: será él y no quien aplica las leyes el responsable de la pérdida de puestos de trabajo por “haber jugado con fuego”.

No hay por dónde cogerla. La bodega Stratvs, propiedad del influyente empresario lanzaroteño Juan Francisco Rosa, ha sido merecedora de uno de los autos más duros (y más largos, diecinueve folios) que contra la impunidad se han dictado en la historia reciente de Canarias. Leyendo lo que ha dicho en esa pieza la jueza Silvia Muñoz da la impresión de que lo único bueno que ha pasado en las hectáreas de Yaiza que ocupa es el vino que hasta este viernes producía porque, en el colmo de la desfachatez, no sólo se trata de una construcción ilegal e ilegalizable que supera “de manera exagerada y grosera lo inicialmente autorizado”; no sólo se llevó por delante una construcción de alto valor etnográfico alegando que se iba a restaurar; no sólo presenta un grave peligro de salud pública por su red de saneamiento, sino que, para colmo, una parte de la bodega se levanta sobre suelo que es propiedad ajena. Todo ello, como resaltan la jueza y el fiscal, “ante los ojos de las instituciones públicas que, pese a su conocimiento, omitieron control alguno”. Es, probablemente, el paradigma insuperable de la impunidad que imperó durante años (quizás desde la muerte de César Manrique hasta que estalló el caso Unión) en la isla de Lanzarote ante los ojos incrédulos e indignados de sus habitantes. Algunos empresarios, de entre los que destaca Juan Francisco Rosa, se han amparado en su poder y en su capacidad de influir sobre determinados políticos locales para hacer lo que les ha dado la real gana. El fiscal, cuyas impresiones comparte la jueza, llega a cifrar en quince los años en que el propietario de esta bodega ha estado “desafiando a la Justicia” instalado en “un permanente engaño” para desarrollar en Stratvs una serie de actividades sin autorización alguna. Como ocurre a menudo con determinados dirigentes empresariales, la defensa de Rosa ha consistido en reclamar de la Justicia una suerte de manga ancha apelando a motivos económicos y turísticos, y por supuesto al mantenimiento de puestos de trabajo, lo mismo exactamente que se ha alegado para tratar de mantener en pie los diecisiete hoteles y complejos turísticos declarados ilegales en sentencia firme en la misma y maltratada isla de Lanzarote. La juez se lo deja claro al infractor: será él y no quien aplica las leyes el responsable de la pérdida de puestos de trabajo por “haber jugado con fuego”.