Una sucesión de negligencias

No es esta de Vanyera la primera ocasión en que al equipo jurídico y económico que sucedió a Soria tras su marcha del Gobierno en 2010 se le encienden las alarmas por negligencias del hoy ministro de Industria en la gestión de los intereses públicos. Su desempeño en la crisis desatada por el empresario Rafael Bittini cuando reclamaba 102 millones de euros a la Comunidad Autónoma por los derechos que decía tener en la montaña de Tebeto, condujeron a que Paulino Rivero en persona le arrebatara las competencias en la cuestión y las trasladara al Consejo de Gobierno ante la evidencia de que José Manuel Soria parecía hacer todo lo posible por pagar al empresario sin plantear una mínima batalla jurídica. Las sospechas de negligente tibieza se vieron reforzadas cuando el Tribunal Supremo acabó dando la razón a la Comunidad Autónoma, que se ahorró esos dineros. Claro que antes aquí, en Canarias, algunas sentencias fueron favorables al demandante, pero igualmente es cierto que gracias a otras negligencias colaterales del hermano del ministro, Luis Soria, que actuó remando a favor de la misma corriente cuando fue consejero de Industria (2003-2005). El remate que permitió al magistrado Gómez Cáceres, siempre presente en estas inmensidades, dar la razón a Bittini fue una tasación realizada por un tío de los hermanos Soria, que fue quien fijó el montante de la indemnización que el presidente del PP canario estuvo a punto de aflojar. Tan a punto que hasta ofreció a los canarios una comparativa de lo que nos iba a costar en servicios públicos el pago del sablazo. El síndrome de Tebeto ha vuelto a hacerse patente en la sala donde se reúne el Consejo de Gobierno de Canarias. Ahora, con el aval a Vanyera, no ha habido la misma suerte y entre todos vamos a tener que pagar este quebranto. Por eso el Gobierno quiere que lo pague Soria. O los que le acompañaron en su alocada gestión de esa operación. Que sepamos, sólo se registró, seis meses después, la dimisión de la directora general del Tesoro, Cristina Domingo Yoldi, pero hasta esa salida intempestiva está siendo analizada nuevamente.

No es esta de Vanyera la primera ocasión en que al equipo jurídico y económico que sucedió a Soria tras su marcha del Gobierno en 2010 se le encienden las alarmas por negligencias del hoy ministro de Industria en la gestión de los intereses públicos. Su desempeño en la crisis desatada por el empresario Rafael Bittini cuando reclamaba 102 millones de euros a la Comunidad Autónoma por los derechos que decía tener en la montaña de Tebeto, condujeron a que Paulino Rivero en persona le arrebatara las competencias en la cuestión y las trasladara al Consejo de Gobierno ante la evidencia de que José Manuel Soria parecía hacer todo lo posible por pagar al empresario sin plantear una mínima batalla jurídica. Las sospechas de negligente tibieza se vieron reforzadas cuando el Tribunal Supremo acabó dando la razón a la Comunidad Autónoma, que se ahorró esos dineros. Claro que antes aquí, en Canarias, algunas sentencias fueron favorables al demandante, pero igualmente es cierto que gracias a otras negligencias colaterales del hermano del ministro, Luis Soria, que actuó remando a favor de la misma corriente cuando fue consejero de Industria (2003-2005). El remate que permitió al magistrado Gómez Cáceres, siempre presente en estas inmensidades, dar la razón a Bittini fue una tasación realizada por un tío de los hermanos Soria, que fue quien fijó el montante de la indemnización que el presidente del PP canario estuvo a punto de aflojar. Tan a punto que hasta ofreció a los canarios una comparativa de lo que nos iba a costar en servicios públicos el pago del sablazo. El síndrome de Tebeto ha vuelto a hacerse patente en la sala donde se reúne el Consejo de Gobierno de Canarias. Ahora, con el aval a Vanyera, no ha habido la misma suerte y entre todos vamos a tener que pagar este quebranto. Por eso el Gobierno quiere que lo pague Soria. O los que le acompañaron en su alocada gestión de esa operación. Que sepamos, sólo se registró, seis meses después, la dimisión de la directora general del Tesoro, Cristina Domingo Yoldi, pero hasta esa salida intempestiva está siendo analizada nuevamente.