Cardona condena a Soria

Hace tan solo unos días, exactamente el lunes, el afamado periodista Jordi Évole exponía a los lectores de El Periódicode Cataluña el caso del ministro de Turismo que se ufana de veranear en un hotel de lujo en Lanzarote, el Gran Meliá Volcán , declarado ilegal por la justicia española. A su vez, Évole recordaba las palabras pronunciadas por José Manuel Soria en el Congreso de los Diputados respondiendo a una pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares: “No acostumbro a pedir la licencia de apertura a los hoteles donde me hospedo”. Chulería marca de la casa. La misma semana en que el director de Salvados recordaba esos episodios, solamente resaltados en Canarias por este periódico, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, del mismo partido que el ministro transgresor, cometía uno de sus deslices habituales: para defender a la Biblioteca Pública del Estado, condenada a la piqueta por la negligencia del mismo ministro cuando era el alcalde, a Juan José Cardona no se le ocurría nada mejor que manifestarse partidario de derribar antes “los cuarenta hoteles” ilegales de Lanzarote. Además de la exageración en el número de establecimientos infractores, propia quizás de la desesperación del momento, Cardona olvidó, en primer lugar, las vacaciones de su jefe de filas, que ha soslayado siempre la ilegalidad de los hoteles en los que veranea. Y, en segundo lugar, la postura oficial y prieta las filas de su propio partido, el PP, siempre tan laxo con los atentados contra el territorio y contra las leyes que a duras penas tratan de preservarlo de la mano nunca vacilante de los depredadores.

Patadón p’adelante y que arree el que venga

Por lo demás, la rueda de prensa “urgente” de Juan José Cardona, tan urgente que fue convocada un día después de que se conociera la sentencia del Supremo que condena definitivamente a la demolición a la Biblioteca Pública del Estado, sólo sirvió para corroborar el alto grado de consternación que reina en el grupo de gobierno de Las Palmas de Gran Canaria, de mayoría absoluta del PP. Sabe que no hay mucho que hacer, que el recurso de amparo ante el Constitucional es bastante endeble porque pretende hacer prevalecer el derecho de los ciudadanos a la cultura por encima de la ley, lo que ya el Supremo se apresuró a aclarar en la sentencia conocida este martes. De lo que se trata es de ganar tiempo para hacer creer a la opinión pública que el recurso ante el Constitucional paraliza la ejecución de la sentencia y así esperar a que acabe el mandato sin tener que asumir las responsabilidades políticas y económicas que esa resolución entraña. Políticas, porque Cardona estaba en el grupo de gobierno que promovió y aprobó esa licencia, ahora ilegal, y porque tendrá que apechugar con el escarnio ciudadano de ocupar el sillón de la alcaldía desde el que tendría que firmar la licencia de derribo. Su despeje a córner le permitirá remitir el duro trago al que le suceda. Y consecuencias económicas porque la ejecución de la sentencia lleva aparejado un importante coste económico para las maltrechas arcas municipales, a no ser que alguien active el procedimiento legal de exigencia de responsabilidades patrimoniales a los funcionarios y cargos públicos que participaron en el desaguisado. Y si fue votado unánimemente por toda la Corporación, como se ocupó de recordar este miércoles el alcalde, que repita contra todos los concejales la misma reclamación de exigencias. Se trata de que no sigan pagando los vecinos toda esta sucesión interminable de trapisondas.

El día del varapalo doble

Pero no ha sido solo el Supremo y Cardona los que han jeringado la jornada a José Manuel Soria, el primero declarando nula la licencia otorgada por él durante su alcaldía en 1997, y el segundo recordando la ilegalidad del hotel donde veranea. Tras ellos, este mismo miércoles salió el Tribunal Constitucional echando por tierra el penúltimo atropello político propinado a Canarias por el Ministro de Industria, y Energía y Turismo al recurrir la Ley de Modernización del sector. La sentencia deja caer una muy puñetera desautorización a las pretensiones sorianas al rechazar los argumentos presuntamente defensores de la libertad y del interés general que se invocaron para, a la postre, cercenar de un lado la autonomía de una región y, a su vez, frenar las posibles inversiones que, vinculadas a la tantas veces reclamada renovación de la plante hotelera, pudieran haberse generado. El empeño de Soria por recurrir al tribunal de garantías con petición expresa de suspensión de la norma canaria, con el único fin de hacer la puñeta a Paulino Rivero con patada al culo de sus compatriotas, se viene abajo con todo el equipo, lo que supone una nueva derrota ministerial y una nueva comprobación de lo que es capaz de hacer el presidente del PP con tal de humillar a las instituciones de su propia tierra.

Petróleo y arena rubia

El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, ha tratado de arreglar con escasa fortuna sus palabras de hace unos días en las que vinculó turismo con petróleo, emulando de una manera un tanto macarrónica, los mismos argumentos que en su momento utilizó Soria para sostener que el petróleo termina por beneficiar al turismo. En su artículo de opinión aclaratorio, que con mucho gusto hemos publicado, Marichal construye un hiperbólico panorama en el que el hallazgo de petróleo en las costas canarias pudiera ser comparable al que explotan desde hace decenios los Emiratos Árabes, que han ido transformando esa riqueza natural, a medida que se ha ido agotando en algunos de ellos, en inversiones turísticas y medios modernos y eficientes de transporte aéreo. Difícil de comprar la doctrina, por mucho que el representante empresarial haya querido adornarla con las socorridas acusaciones a tirios y troyanos de politización del asunto. Cuando un empresario reclama que se despolitice algo es porque o ignora que toda decisión que tenga que ver con una administración pública o con el gobierno de una comunidad de vecinos es puramente política o porque no le gusta la deriva que las decisiones políticas pudieran tener para su negocio. En el caso que nos ocupa, Ashotel está atrapada en esa maraña que conforman los intereses políticos y económicos que defiende el ministro del ramo (Ashotel es la patronal turística de la provincia tinerfeña) y los que enarbolan los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, junto a un ingente número de entidades, asociaciones y organizaciones (algunas de ellas también empresariales), con el Gobierno de Canarias al frente, con el que tampoco conviene a patronal alguna tener más pulsos que los estrictamente deseables. En su artículo, Marichal produce un giro copernicano al menos en un asunto, la sostenibilidad energética y ambiental, y se muestra desconfiado hacia las prospecciones por una estricta razón económica: el tamaño de las migajas que pueda llevarse Canarias. La contradicción es bastante elocuente.

Litoral color turquesa

Es bueno, no obstante, repasar las palabras pronunciadas ante una amplia representación de periodistas por los directivos de Ashotel. Porque, además de petróleo, se habló de otros asuntos, como la necesidad de regenerar las playas de la provincia tinerfeña dotándolas de arena rubia. Pero no de una arena rubia procedente del machaqueo, no. Los empresarios quieren arena rubia trasladada de otras playas, entendemos que de otras islas, a lo que la autoridad ambiental parece haberse negado para gran indignación patronal. Entre la indefinición evidente acerca de las prospecciones y el rechazo a las medidas de protección de playas, se confirma el mal que aqueja a muchos empresarios canarios: las rigideces ambientales están bien para los demás, pero enfoquen para nosotros el lado grueso del fonil, que para esos representamos un buen cacho del PIB. Pero es probable que tengan razón y que sea necesario cambiar las playas de arena negra que hasta ahora han convertido a Tenerife en la isla con más turistas por otras de arena rubia, a ser posible importada desde el Caribe para que los fondos del litoral adquieran ese colorcillo turquesa tan mono.

Hace tan solo unos días, exactamente el lunes, el afamado periodista Jordi Évole exponía a los lectores de El Periódicode Cataluña el caso del ministro de Turismo que se ufana de veranear en un hotel de lujo en Lanzarote, el Gran Meliá Volcán , declarado ilegal por la justicia española. A su vez, Évole recordaba las palabras pronunciadas por José Manuel Soria en el Congreso de los Diputados respondiendo a una pregunta parlamentaria de Gaspar Llamazares: “No acostumbro a pedir la licencia de apertura a los hoteles donde me hospedo”. Chulería marca de la casa. La misma semana en que el director de Salvados recordaba esos episodios, solamente resaltados en Canarias por este periódico, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, del mismo partido que el ministro transgresor, cometía uno de sus deslices habituales: para defender a la Biblioteca Pública del Estado, condenada a la piqueta por la negligencia del mismo ministro cuando era el alcalde, a Juan José Cardona no se le ocurría nada mejor que manifestarse partidario de derribar antes “los cuarenta hoteles” ilegales de Lanzarote. Además de la exageración en el número de establecimientos infractores, propia quizás de la desesperación del momento, Cardona olvidó, en primer lugar, las vacaciones de su jefe de filas, que ha soslayado siempre la ilegalidad de los hoteles en los que veranea. Y, en segundo lugar, la postura oficial y prieta las filas de su propio partido, el PP, siempre tan laxo con los atentados contra el territorio y contra las leyes que a duras penas tratan de preservarlo de la mano nunca vacilante de los depredadores.

Patadón p’adelante y que arree el que venga