La corrupción, según ATI y la defensa nacional, según el PP

El primer partido que salió en defensa de Fernando Clavijo no fue Coalición Canaria, que dejó reposar dos días el auto del juez Pamparacuatro para cerrar filas en torno a su candidato. Fue el PP, por boca de su siempre locuaz Manuel Fernández, el que apeló a la indiscutible presunción de inocencia (una obviedad muy común) y redujo las cuatro imputaciones penales a hechos menores. Parece natural que a los populares le queden escasas ganas de remover la paja en ojo ajeno con lo que le está cayendo encima, lo que además se complementa en el caso que nos ocupa con la idoneidad que desde el principio apreció en el candidato lagunero, mucho más propenso a devolverlos al poder que el actual presidente, Paulino Rivero. Manolo Fernández, como establece el manual, se dio por satisfecho con las explicaciones que ofreció en su rueda de prensa Fernando Clavijo y se congratuló de que no haya habido “ningún aprovechamiento personal” en los delitos atribuidos al alcalde lagunero, como si la corrupción y los comportamientos indeseables hayan de quedar reducidos siempre al soborno o al saqueo. El que fuera secretario general del PP sabe de lo que habla porque estuvo colateralmente imputado en el caso salmón al descubrirse que era el conseguidor de Anfi del Mar, el que reservaba las suites a José Manuel Soria y el que llevaba a esa compañía los asuntos urbanísticos simultaneándolo con sus labores como parlamentario. Fernández sí obtuvo lucro personal con esa dualidad, y Clavijo y su partido, ventajas políticas gracias a los comportamientos que aparecen reflejados en el auto del polémico juez Pamparacuatro.

La corrupción según Melchior

Lo que sostiene Manolo Fernández constituye realmente el abono que ha permitido que la corrupción haya campado a sus anchas durante demasiado tiempo en Canarias. Pero no está solo en esa permisividad hacia los delitos y comportamientos indeseables de clase B. Si se fijan bien, hasta el PSOE canario ha sido hasta ahora un poco tibio ante la imputación de Clavijo, en parte porque en el mismo auto aparece una concejala socialista, María José Castañeda, beneficiada por unas ayudas irregulares en su calidad de inquilina de la urbanización Las Chumberas, pero también porque el PSC anda sumido estas semanas en una tormenta interna provocada por la imposición de Ferraz de que se someta a valoración la imputación de muchos candidatos a las municipales de 2015. José Miguel Pérez ha recomendado a Clavijo que dimita, pero Patricia Hernández, la candidata, sabedora de todo lo que se podría mover bajo sus pies con una generalización sobre todos los imputados, ha sido mucho más tibia. Pero el que realmente ha dado muestras indiscutibles de cuál ha sido la vara de medir de la corrupción en Canarias, esa vara de medir que ha alimentado la impunidad, es Ricardo Melchior, ex presidente del Cabildo de Tenerife e histórico dirigente de ATI-Coalición Canaria. En una grandiosa entrevista que este domingo publicaba El Día con gran alarde gráfico en su portada de papel, Melchior muestra su debilidad al considerar corruptos al núcleo duro de Podemos por “dedicar a dar clases el 5% de su tiempo” y reducir a la consideración de error o pecado lo hecho por Andrés Hernández Pedreira en la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi). A su juicio, todo se debió haber resuelto con un tirón de orejas y con la exigencia de que devolviera el dinero porque “se le ha desgraciado la vida para siempre”. El periodista, que lo acorrala, lo lleva a reconocer entre dientes que quizá se hizo bien al denunciarlo, pero se queda el hombre jodido porque no se le dio “la opción de arrepentirse”. Desgraciadamente para la humanidad, la entrevista de El Día a Ricardo Melchior fue realizada antes de que se conociera el auto de imputación de Fernando Clavijo, pero no resulta muy difícil imaginarse lo que pudo haber contestado, teniendo en cuenta que al alcalde de La Laguna no se le pegaron 600.000 euros al bolsillo y el nada desdeñable dato de que, como Clavijo no salga de La Laguna, al expresidente insular le va a costar mucho trabajo ver realizado su sueño de ser alcalde de esa ciudad.

Lo intentaron sobornar y no lo denunció

En su corruptómetro personal, Melchior también deja fuera de sospecha a Jordi Pujol, se pone de lado con Monago y dispara a córner con el feo asunto de las reformas de carreteras insulares de Tenerife. La corrupción tan ricamente instalada en determinados ambientes de la isla de Tenerife es tan corrupción como cualquier otra, pero entre la pasividad que hasta hace muy poco presentaban ante ese fenómeno los medios de comunicación de la isla por la implicación en ella de buena parte de su oligarquía y la doctrina de que cualquier cosa vale si de lo que se trata es de que todo quede en casa, degeneraron en lo que estamos viendo: desde Zerolo a Clavijo. Porque a Zerolo –bueno es recordarlo en estos momentos- se le ha condenado por solo uno de los cuatro delitos (prevaricación administrativa) por los que ahora ha de empezar a responder el candidato de CC. Pero volvamos a la entrevista a Ricardo Melchior porque revela un hecho tan grave como revelador. Dice que cuando era vicepresidente del Cabildo, cargo que abandonó en 1999 para pasar a ser presidente, recibió la visita de dos empresarios que le trataron de sobornar. No identifica a esos empresarios, ni cuenta lo que pidieron o lo que ofrecieron, pero deja claro que el intento de cohecho se produjo sin que él acudiera de inmediato a denunciarlo, como obliga desde los años ochenta la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Que alguien se atreva a hacer una oferta de soborno a un político requiere de dos elementos indiscutibles: el primero, ser un corrupto redomado, y segundo, tener la esperanza de que el interlocutor lo sea también. Porque el riesgo es máximo cuando se decide hacer algo así, y no solo por la negativa que se puede conseguir, sino también porque todo puede terminar en el juzgado de guardia, como ocurrió con el intento de soborno del consejero conejero Carlos Espino y el consecuente estallido del caso Unión.

Esperando agilidad de Pamparacuatro

Sentadas las bases conceptuales de la corrupción según la visión de la cúpula de ATI, bueno es regresar al conflicto que se ha abierto en el seno de Coalición Canaria con su candidato a presidente del Gobierno. Los nacionalistas esperan que el juez Pamparacuatro agilice a partir de ahora una causa que lleva viva cuatro años y que, en versión de su señoría, se ha retrasado indebidamente por culpa de la falta de medios materiales y humanos en su juzgado, Instrucción 1 de La Laguna. Lo tienen difícil, aventuramos, y no solo por la acreditada lentitud de la justicia o, en el caso de este juez, su reconocimiento en autos del atasco que sufre su juzgado. Una causa judicial con 8.000 folios, más otros 80.000 de documentos y los expedientes municipales objeto de las imputaciones, no se va a despachar ahora solamente con las declaraciones de los catorce imputados. Habrá que practicar más pruebas, comprobar la veracidad de lo que se deponga en sede judicial y resolver recursos y más recursos. Además, nadie puede en estos momentos garantizar que las explicaciones de Clavijo y los demás encartados convenzan indubitadamente al juez como para decretar un sobreseimiento libre. Las aseveraciones que vierte en el auto de imputación, fruto de unos seis meses de escuchas telefónicas, suenan bastante contundentes y sólo tendrían refutación suficiente si los imputados pudieran demostrar que tanto el juez como la Policía se han equivocado de plano. De lo contrario, la agilidad que se pretende podría desembocar en otra cosa, un auto de apertura de juicio oral que complicaría aún más el futuro político del candidato y, por añadidura, de su propio partido.

No fueron cuatro años de escuchas

De momento, Coalición Canaria se ha enrocado en la defensa de su candidato, al menos oficialmente, y ha iniciado una suerte de estrategia consistente en sostener que todo lo hizo Clavijo por el bien de los vecinos de La Laguna y que al juez Pamparacuatro se le fue la mano, primero soltando este auto en estos momentos y, segundo, pinchando teléfonos durante cuatro años. Esta es una burrada que no se sostiene a la vista del auto porque las referencias a conversaciones telefónicas empiezan en mayo de 2010 y terminan a finales de ese mismo año. Sería imposible que un juez, por muy soliviantado que pueda considerársele, mantenga esa medida tan drástica por mucho más tiempo, y de haberlo hecho, ¿alguien cree que sólo habría descubierto esos comportamientos que relata? Cuatro años en la vida pública de cualquier político darían para tres juzgados trabajando simultáneamente, más ocho escáneres y una brigada completa de la Policía Judicial. Al sector clavijista que avienta esta teoría le conviene que todo el mundo crea que ha habido cuatro años de escuchas porque así todo el que haya hablado con el candidato durante todo ese tiempo, incluidos los adversarios que tiene dentro de su propio partido, estará acojonado hasta que todo se aclare. En cuanto al momento en el que Pamparacuatro emite su auto, bien harían los que se han puesto histéricos en preguntarse qué hubiera pasado si los tiempos judiciales hubieran sido otros. ¿Habría podido si quiera presentarse al proceso interno alguien con una imputación así? Porque si el juez hubiera alzado el secreto en el verano de 2012 e imputado entonces al alcalde de La Laguna, ¿alguien está en condiciones de sostener que a estas alturas no estaría aún imputado? O lo que es peor, hasta habría podido ser condenado. No se lancen, que es peor.

Más gasolina al fuego de los sondeos

Efectivamente, todo lo que es susceptible de empeorar, termina empeorando. La actuación de la Armada española contra tres botes de Greenpeace en la ya conocida zona de Sandía 1 no ha hecho más que enconar los ánimos contra las prospecciones de Repsol en Canarias. La contundencia con la que dos Zodiac de la patrullera Relámpago se emplearon para impedir que los activistas se acercaran al Rowan Renaissance es de una torpeza infinita solo justificada por los detalles de la orden gubernamental que esas fuerzas ejecutaban. Ya lo dijo Soria una vez se produjeron los incidentes, la Armada estaba protegiendo a Repsol y lo seguirá haciendo, dónde va a parar. Como en toda acción militar, la primera víctima ha sido la verdad, como se pudo comprobar en el comunicado emitido de inmediato por Defensa: no hubo abordaje y, por lo tanto, la activista italiana de 23 años que cayó al agua lo hizo porque seguramente estaba practicando breaking dance en la borda de la Zodiac. Y, acto seguido, Defensa añadía que las heridas que sufrió fueron producidas por la hélice de uno de los botes de la organización ecologista. Algunos medios se apresuraron a tragarse la versión oficial y a resaltar el gesto humanitario de la Armada rescatando a la herida, estabilizándola en la enfermería de su patrullera y trasladándola de inmediato por helicóptero al hospital Doctor Negrín. Es más que probable que el que escribió el comunicado no supiera en aquellos momentos que los activistas llevaban al menos tres cámaras GoPro que registraron unas imágenes que, de primeras, demostraban que hubo sucesivas embestidas de los botes militares a sus embarcaciones. Luego se abrió el debate de qué hélices provocaron las heridas: mientras Greenpeace insiste en que usa motores jet, la Armada divulgó una fotografía de una embarcación del Arctic Sunrise con hélices a la vista.

Los huevos del jefe de prensa del PP

El caso es que con esta acción de las Fuerzas Armadas contra una organización ecologista que no tiene sospecha de ser violenta, el resultado no puede ser más negativo para su imagen y para el empeño del Gobierno por proteger los intereses de Repsol a toda costa. Las redes sociales se llenaron de comentarios favorables a la organización ecologista y las noticias sobre los incidentes fueron las más leídas en todos los periódicos digitales. Hubo también, cómo no, internautas que atacaron a los activistas y defendieron la acción de la Armada. Y hubo quién fue mucho más allá de la originalidad retando a Greenpeace a “hacer lo mismo con los sondeos de Marruecos, muy cercanos también a Canarias, pero no hay huevos”. Quien escribió esto en Twitter el sábado no fue otro que Juan Santana, jefe de prensa del PP de Canarias a sueldo como asesor de la delegada del Gobierno en Canarias. Es más que probable que los motivos de que la organización ecologista no haya actuado en Marruecos respondan a la inexistencia allí de lugares de interés comunitario (LIC) de la Unión Europea, o de santuarios de especies como los que está probado que hay en las aguas donde Repsol va a prospectar. Pero sean cuales sean las causas de que no haya habido acciones en Marruecos, lo que sí estamos en condiciones de asegurar es que huevos, lo que se dice huevos, por emplear la misma terminología que este portento de la comunicación, estos activistas parecen tener de sobra. Basta con visionar las imágenes que han dado la vuelta al mundo para corroborarlo porque solo se rindieron ante las violentas embestidas de las Zodiac de la Armada cuando resultó herida la activista italiana y las embarcaciones de la organización sufrían graves daños producto de esos ataques.

El primer partido que salió en defensa de Fernando Clavijo no fue Coalición Canaria, que dejó reposar dos días el auto del juez Pamparacuatro para cerrar filas en torno a su candidato. Fue el PP, por boca de su siempre locuaz Manuel Fernández, el que apeló a la indiscutible presunción de inocencia (una obviedad muy común) y redujo las cuatro imputaciones penales a hechos menores. Parece natural que a los populares le queden escasas ganas de remover la paja en ojo ajeno con lo que le está cayendo encima, lo que además se complementa en el caso que nos ocupa con la idoneidad que desde el principio apreció en el candidato lagunero, mucho más propenso a devolverlos al poder que el actual presidente, Paulino Rivero. Manolo Fernández, como establece el manual, se dio por satisfecho con las explicaciones que ofreció en su rueda de prensa Fernando Clavijo y se congratuló de que no haya habido “ningún aprovechamiento personal” en los delitos atribuidos al alcalde lagunero, como si la corrupción y los comportamientos indeseables hayan de quedar reducidos siempre al soborno o al saqueo. El que fuera secretario general del PP sabe de lo que habla porque estuvo colateralmente imputado en el caso salmón al descubrirse que era el conseguidor de Anfi del Mar, el que reservaba las suites a José Manuel Soria y el que llevaba a esa compañía los asuntos urbanísticos simultaneándolo con sus labores como parlamentario. Fernández sí obtuvo lucro personal con esa dualidad, y Clavijo y su partido, ventajas políticas gracias a los comportamientos que aparecen reflejados en el auto del polémico juez Pamparacuatro.

La corrupción según Melchior