En total 304.000 euros

Efectivamente, la incorporación de Ignacio Calatayud al concurso de acreedores de Inalsa, sumada a las facturas giradas por el anterior letrado, Cobo Plana, terminará costando a esta empresa pública del Cabildo de Lanzarote la friolera de 304.000 euros sólo en asistencia jurídica. Porque el ex magistrado ya ha facturado a la institución 118.000 euros fruto de los dos conceptos ya ejecutados en el concurso (38.000 por la fase común y 80.000 por el crédito comunicado al juzgado de lo Mercantil). Pero a ese dinero hay que sumar los 186.000 euros en que ha presupuestado su trabajo Ignacio Calatayud por los cuatro conceptos restantes (86.000 por la fase común, 40.000 por la fase de convenio, 40.000 por la fase de liquidación y 20.000 por la fase de calificación). Si San Ginés hubiera mantenido a Cobo Plana, la Corporación se habría ahorrado un 52% de lo que va a costar a los lanzaroteños este caprichito de su presidente insular. Y eso que al juez y a los administradores se les aseguró que el cambio de letrado no iba a suponer incremento sobre el presupuesto aceptado.

Efectivamente, la incorporación de Ignacio Calatayud al concurso de acreedores de Inalsa, sumada a las facturas giradas por el anterior letrado, Cobo Plana, terminará costando a esta empresa pública del Cabildo de Lanzarote la friolera de 304.000 euros sólo en asistencia jurídica. Porque el ex magistrado ya ha facturado a la institución 118.000 euros fruto de los dos conceptos ya ejecutados en el concurso (38.000 por la fase común y 80.000 por el crédito comunicado al juzgado de lo Mercantil). Pero a ese dinero hay que sumar los 186.000 euros en que ha presupuestado su trabajo Ignacio Calatayud por los cuatro conceptos restantes (86.000 por la fase común, 40.000 por la fase de convenio, 40.000 por la fase de liquidación y 20.000 por la fase de calificación). Si San Ginés hubiera mantenido a Cobo Plana, la Corporación se habría ahorrado un 52% de lo que va a costar a los lanzaroteños este caprichito de su presidente insular. Y eso que al juez y a los administradores se les aseguró que el cambio de letrado no iba a suponer incremento sobre el presupuesto aceptado.