Las trabas legales

Desconocemos el contenido de esa interesante reunión de la dirección de un partido con sus cinco expulsados, pero nos podemos hacer una idea. Desde luego cabe descartar por completo que se haya hecho el menor esfuerzo por disuadir a los censurantes. Ya ha quedado dicho, y a las pruebas nos remitimos, que la tendencia suicida de una buena parte del PSOE tinerfeño va en la línea de pactar con el Partido Popular de modo y manera que en 2015 los conservadores se conviertan en la primera fuerza política en la isla. Por lo tanto nos inclinamos a pensar que Fumero y los suyos se habrán dedicado a dar ánimos a los rebeldes y a explicarles que el procedimiento orgánico de expulsión de un militante de un partido contempla unas garantías legales de salvaguarda de derechos fundamentales que imposibilitan que a) la expulsión se haga efectiva de manera inmediata, sin trámite de audiencia, instrucción y demás; b) se pueda considerar tránsfuga a quien no censura a un alcalde de su propio grupo político abandonándolo previamente para integrarse en otro. La dirigencia socialista insular les habrá recordado la existencia de informes jurídicos contundentes que impedirían al secretario general del Ayuntamiento de Tacoronte imponer lo previsto en la reforma de la Ley Electoral y hacer que se computen como una carga doble los cinco votos de los expulsados. Y les habrán recordado lo ocurrido con Alpidio Armas en El Hierro, que ganó a AHI en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pleito que interpuso contra su elección como presidente del Cabildo tras una censura con similares ingredientes. Armas, por cierto, no fue expulsado del PSOE y, dada la autoridad que eso le confiere y su misma visión de con quién pactar cuando se ha soportado tanto a CC, ha sido de momento el único miembro de la Ejecutiva Regional que públicamente ha dado su apoyo a los cinco de Tacoronte. En los cuarteles generales se espera de modo inminente el respaldo de los socialistas de La Palma.

Desconocemos el contenido de esa interesante reunión de la dirección de un partido con sus cinco expulsados, pero nos podemos hacer una idea. Desde luego cabe descartar por completo que se haya hecho el menor esfuerzo por disuadir a los censurantes. Ya ha quedado dicho, y a las pruebas nos remitimos, que la tendencia suicida de una buena parte del PSOE tinerfeño va en la línea de pactar con el Partido Popular de modo y manera que en 2015 los conservadores se conviertan en la primera fuerza política en la isla. Por lo tanto nos inclinamos a pensar que Fumero y los suyos se habrán dedicado a dar ánimos a los rebeldes y a explicarles que el procedimiento orgánico de expulsión de un militante de un partido contempla unas garantías legales de salvaguarda de derechos fundamentales que imposibilitan que a) la expulsión se haga efectiva de manera inmediata, sin trámite de audiencia, instrucción y demás; b) se pueda considerar tránsfuga a quien no censura a un alcalde de su propio grupo político abandonándolo previamente para integrarse en otro. La dirigencia socialista insular les habrá recordado la existencia de informes jurídicos contundentes que impedirían al secretario general del Ayuntamiento de Tacoronte imponer lo previsto en la reforma de la Ley Electoral y hacer que se computen como una carga doble los cinco votos de los expulsados. Y les habrán recordado lo ocurrido con Alpidio Armas en El Hierro, que ganó a AHI en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el pleito que interpuso contra su elección como presidente del Cabildo tras una censura con similares ingredientes. Armas, por cierto, no fue expulsado del PSOE y, dada la autoridad que eso le confiere y su misma visión de con quién pactar cuando se ha soportado tanto a CC, ha sido de momento el único miembro de la Ejecutiva Regional que públicamente ha dado su apoyo a los cinco de Tacoronte. En los cuarteles generales se espera de modo inminente el respaldo de los socialistas de La Palma.