Vivienda se declara incompetente

Les sugerimos que se mantengan atentos a sus pantallas porque el asunto que estamos publicando sobre Visocan y la aguerrida política de Vivienda del Gobierno de Canarias va a dar mucho que hablar. Somos conscientes de que es muy probable que estemos ante la punta del iceberg de un auténtico escándalo en la adjudicación y posterior tramitación de viviendas de protección oficial, pero deberán ser las instituciones responsables las que tomen nota y lleguen hasta el final con los mecanismos que el Estado de derecho pone en sus manos. O no. Porque, a tenor de un escrito oficial de la Dirección General de Vivienda, este escándalo en Visocan le es ajeno ya que, atención, “esta Dirección General no cuenta con las competencias normativas necesarias para resolver en vía administrativa contrato alguno otorgado por la referida entidad [Visocan], toda vez que la misma es una entidad mercantil con personalidad jurídica propia, y por ello cuenta con capacidad jurídica y de obrar propios, debiendo dilucidarse cualquier pretensión sobre cumplimiento de obligaciones en sede judicial”. Es decir, que el director general de Vivienda le dice al mundo que la empresa pública de la que es consejero sólo responde ante los tribunales. Hombre, a lo mejor un empujoncillo podría dar para que la cosa funcione mejor. Él, Miguel Ángel Pulido, y los demás miembros del consejo de administración: Antonio Castro Cordobez (presidente), Emilio Luque (vicepresidente y consejero ejecutivo), Miguel Becerra (consejero), Natalia Escuder (consejera), Domingo Berriel (consejero) y Carlos Ascanio (gerente), deben una explicación urgente a la opinión pública, y muy especialmente a los 20.000 solicitantes de vivienda que están a la espera de que alguien sea eficiente en estos menesteres.

Les sugerimos que se mantengan atentos a sus pantallas porque el asunto que estamos publicando sobre Visocan y la aguerrida política de Vivienda del Gobierno de Canarias va a dar mucho que hablar. Somos conscientes de que es muy probable que estemos ante la punta del iceberg de un auténtico escándalo en la adjudicación y posterior tramitación de viviendas de protección oficial, pero deberán ser las instituciones responsables las que tomen nota y lleguen hasta el final con los mecanismos que el Estado de derecho pone en sus manos. O no. Porque, a tenor de un escrito oficial de la Dirección General de Vivienda, este escándalo en Visocan le es ajeno ya que, atención, “esta Dirección General no cuenta con las competencias normativas necesarias para resolver en vía administrativa contrato alguno otorgado por la referida entidad [Visocan], toda vez que la misma es una entidad mercantil con personalidad jurídica propia, y por ello cuenta con capacidad jurídica y de obrar propios, debiendo dilucidarse cualquier pretensión sobre cumplimiento de obligaciones en sede judicial”. Es decir, que el director general de Vivienda le dice al mundo que la empresa pública de la que es consejero sólo responde ante los tribunales. Hombre, a lo mejor un empujoncillo podría dar para que la cosa funcione mejor. Él, Miguel Ángel Pulido, y los demás miembros del consejo de administración: Antonio Castro Cordobez (presidente), Emilio Luque (vicepresidente y consejero ejecutivo), Miguel Becerra (consejero), Natalia Escuder (consejera), Domingo Berriel (consejero) y Carlos Ascanio (gerente), deben una explicación urgente a la opinión pública, y muy especialmente a los 20.000 solicitantes de vivienda que están a la espera de que alguien sea eficiente en estos menesteres.