La organización ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción ha reclamado este viernes que se reconduzca urgentemente el modelo turístico de Canarias y ha apostado por su decrecimiento y por limitar el número de visitantes para reducir la presión social y ambiental que genera.
Tras conocerse los datos del tráfico registrado en los aeropuertos canarios en 2023, año en el que se ha batido récords al contabilizarse 48,4 millones de pasajeros, Ben Magec ha propugnado un modelo turístico controlado, respetuoso con el entorno y que ponga freno a la degradación del territorio.
“Canarias tiene un límite”, ha recalcado la organización ecologista, que defiende la conservación de los espacios naturales y la calidad de vida en el archipiélago.
Para Ben Magec, “la presión que soporta Canarias a causa de un modelo turístico de masas, sin ningún tipo de límite o control, hace tiempo que se volvió insostenible”, a lo que, además, se suma el aumento, “también incontrolado”, de la población de origen europeo.
Todo ello repercute en “unas islas completamente masificadas en las que la generación de residuos y la explotación de recursos provocan una degradación casi irreversible de sus ecosistemas naturales”, según recalca la organización.
En ella alude a un estudio del Laboratorio de Sostenibilidad de Nueva York (EEUU), en el que colabora con el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y que determinó que la capacidad del medio ambiente de Canarias para asimilar la presión turística sin recibir un daño irreparable se ha visto reducida a la mitad en los últimos veinte años.
Conforme a ese estudio, los ecologistas advierten de que si se alcanza un punto en el que se sobrepasa esa capacidad de asimilación, el ecosistema se degrada de manera irreversible.
Atentados medioambientales
La organización opina que al enorme impacto de la industria turística en las ecosistemas canarios “se suman las continuas infracciones que a diario cometen las personas que visitan los entornos protegidos del archipiélago; vuelos de dron sin autorización, acceso a zonas restringidas, carreras y ciclismo por fuera de los senderos, atravesando cualquier espacio, y hasta una fiesta con dj’s en lo alto de un volcán protegido”.
“La sensación generalizada es que existe cierta impunidad para quienes cometen estas infracciones y también una enorme falta de supervisión y control por parte de las autoridades y administraciones competentes”, añade.
Ben Magec considera que la supervisión es en muchos casos “insuficiente” y “evidencia la incapacidad de las instituciones insulares de hacer frente a la avalancha de turistas que soportan los espacios naturales protegidos de las islas e incluso aquellos que cuentan con la figura de mayor protección, los Parques Nacionales.
Turismo sostenible
Ben Magen afirma que el debate social de los últimos años se dirige hacia “la innegable necesidad de un cambio en el modelo turístico que transite hacia un modelo sostenible y respetuoso con el territorio, que incluye además de una moratoria para frenar las nuevas construcciones turísticas y el aumento de plazas alojativas, la implantación de una tasa turística, también llamada ecotasa”. Este impuesto, explica, “es una contribución económica que las personas que nos visitan realizan en el lugar de destino, enfocada a mantener y proteger el entorno natural y cultural del lugar. Es aplicable en destinos turísticos y tiene el propósito principal de financiar proyectos de conservación y sostenibilidad que compensen el impacto que esta industria genera en el territorio”.
Sin embargo, las instituciones locales e insulares han hecho “caso omiso” a este debate generalizado, negando además la problemática y tachando de turismofobia las reclamaciones de un población desbordada por la ausencia de regulación, la masificación de todos los espacios, la falta de vivienda y el empleo precario que genera una industria que no para de crecer en las islas, añade la organización. Además, estas mismas instituciones fomentan este modelo, promoviendo la construcción de nuevas infraestructuras turísticas con inversiones foráneas y usando figuras como el interés insular para justificar y permitir edificaciones, fomentando la especulación y saltándose cualquier protección en espacios naturales, como por ejemplo un resort de 1400 plazas, 54 villas, centro de congresos y campo de golf en el enclave palmero de La Pavona, ubicado, en gran parte, dentro de la Red Natura 2000 y de alto valor agrícola y ganadero, concluye.
Por todo ello, la organización pide decrecer y “transitar hacia un modelo controlado, respetuoso con nuestro entorno y que ponga freno a la degradación del territorio, asegurando así la conservación de nuestros espacios naturales y la calidad de vida de quienes habitamos estas islas. Canarias tiene un límite”.