El Consultivo afea al Gobierno de Canarias su falta de transparencia en la tramitación de la nueva ley de ciencia

El Consejo Consultivo de Canarias ha afeado al Ejecutivo regional, conformado por Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), su falta de transparencia en la tramitación de la nueva Ley de Ciencia del Archipiélago, aprobada este lunes en Consejo de Gobierno y que próximamente iniciará su paso por el Parlamento autonómico.

El órgano consultivo del Gobierno canario ha concluido que el Archipiélago tiene competencia suficiente para legislar sobre investigación, desarrollo e innovación científica. Ya lo hizo con la Ley de Ciencia todavía vigente, aprobada en el año 2001, y lo puede hacer con la de ahora, que pretende sustituir a una norma “totalmente desfasada”, según la Administración liderada por Fernando Clavijo (CC).

Pero el Consultivo ha criticado en su dictamen, firmado el pasado 7 de abril, la falta de transparencia del Ejecutivo autonómico en la tramitación de la citada normativa. Apunta que la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, encabezada por Migdalia Machín (CC), no cumplimentó los trámites de audiencia e información pública ni justificó la omisión de dichos procedimientos, ineludible cuando un proyecto de ley “afecte a derechos e intereses legítimos de las personas”.

Es cierto que el Gobierno acordó la consulta pública de la ley, que básicamente permite recabar la opinión de ciudadanos y agentes sociales implicados antes de su elaboración. Esto lo hizo entre el 22 de mayo de 2024 hasta el 12 de junio de ese mismo año, habiendo presentado alegaciones, únicamente, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Tenerife.

Según el informe del Consultivo, también se realizó una sesión participativa de los agentes públicos y privados del sector, entre los que se encontraban las universidad públicas, a la que siguió un periodo de encuestas en el que constan distintas aportaciones que fueron incorporadas en un informe de asesoramiento redactado por la empresa Science&Innovation Link y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).

Sin embargo, los trámites de audiencia e información pública a los que se refiere el órgano consultivo tienen por objeto recabar la opinión de la ciudadanía sobre un proyecto normativo ya redactado, es decir, un borrador, algo que no ocurrió en este caso. En la página de participación pública del Ejecutivo regional no aparece el anteproyecto de la Ley de Ciencia, como sí lo ha estado, por ejemplo, el del alquiler turístico. Y la propia Migdalia Machín dijo el lunes que su consejería acababa de terminar el texto legislativo, que solo puede verse en la página web del Parlamento regional desde hace unos días.

Pero el reproche del Consultivo no acaba ahí. También critica que, si bien es cierto que la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura solicitó informes al Consejo Municipal de Canarias y el Consejo de Colaboración insular sobre la futura ley, estos nunca llegaron a emitirse, un trámite “necesario”, en su opinión, para “garantizar la autonomía local”, esta es, “el derecho a participar a través de órganos propios en el gobierno y administración de cuantos asuntos atañen a las corporaciones locales”.

Una ley repleta de “recomendaciones, principios o directrices”

La Ley de Ciencia que pretende aprobar el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular presenta en “buena parte” artículos que se limitan a establecer “recomendaciones, principio o directrices”, según el Consejo Consultivo.

El Ejecutivo defiende que la norma busca “promover la I+D+I” en las Islas “como palanca fundamental del crecimiento sostenible y la creación de empleo de calidad”. Pero el órgano consultivo argumenta, por su parte, que la misma se caracteriza por “ser en buena medida de carácter programática (…) introduciendo en numerosas ocasiones el uso de conceptos jurídicos indeterminados que podrían comprometer el principio de seguridad jurídica”.

Por ejemplo, el artículo 4 de la ley dice que la Estrategia Canaria de Ciencia, Tecnología e Innovación (el instrumento clave para alcanzar los objetivos establecidos en la norma, según el Gobierno) y el Plan Canario de I+D+I “promoverán la incorporación de la perspectiva de género como una categoría transversal en todo su desarrollo”. Esto, de acuerdo con el Consultivo, es una “mera recomendación o sugerencia”. Y para que las leyes sean efectivas y “verdaderas normas jurídicas”, incide, deben fijarse “reglas de exigencia obligatoria para sus destinatarios”.

“Las simples recomendaciones de promover, impulsar, apoyar, etc., no tienen, en sentido técnico, carácter de norma jurídica al carecer de fuerza vinculante”, resume el órgano.

Otro reproche similar del Consultivo tiene que ver con la indeterminación de plazos para el desarrollo de reglamentos, como el de organización y funcionamiento del Consejo Canario Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, o para la elaboración de la mencionada Estrategia Canaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no consta.

“Esta indeterminación puede comprometer la eficacia de la norma jurídica que se pretende aprobar, toda vez que su aplicación práctica podría quedar pospuesta más allá de lo razonable”, resume el informe.

La Ley de Ciencia, por otra parte, fija un porcentaje mínimo de inversión en investigación, desarrollo e innovación en los presupuestos autonómicos en un intento por garantizar el “incremento anual” en las cuentas canarias de las partidas destinadas a esta materia, una de las más perjudicadas siempre que se aproxima el fantasma de los recortes.

Según el texto normativo, los porcentajes van desde el 1,33% en 2026 hasta el 3% en 2030, lo que quiere decir que el Gobierno pretende doblar el peso de la I+D+I en sus presupuestos en los próximos cinco años. El Ejecutivo reconoce que el Archipiélago tiene indicadores de I+D+I “muy inferiores a la media nacional”, cuando la media nacional, encima, es “pobre (…) en relación con los países de nuestro entorno europeo”.

“Esto, sin duda, hace pagar un peaje a las economías canaria y española en términos de productividad por hora trabajada y de competitividad, dando lugar a desequilibrios en el mercado de trabajo y a un crecimiento inferior al potencial, dentro de una concepción sostenible de la economía”, lamenta el Gobierno canario.

El problema que ha detectado el Consultivo, no obstante, es que esos porcentajes de inversión que determina la Ley de Ciencia están vinculados a las disponibilidades presupuestarias. Y, en este sentido, la Dirección General de Planificación y Presupuesto, que forma parte de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, ya ha alertado que “no se ajustan” al plan presupuestario para el periodo 2025-2027, acordado por la Administración de Clavijo hace un año.

Lo que pone en entredicho que se cumpla el primer porcentaje de inversión en I+D+I para 2026, del 1,33%. Este curso, sin ir más lejos, apenas representa el 0,9%, con 100 millones de gasto sobre un presupuesto de más de 11.100 millones.