La Dirección General de Costas ha iniciado un nuevo expediente de caducidad de la concesión sobre dominio público otorgada a Riu para el Hotel Tres Islas, situado en las Dunas de Corralejo de Fuerteventura. En un escrito del pasado 5 de julio, al que ha tenido acceso este periódico, el órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica indica que el procedimiento anterior, iniciado en agosto de 2021, superó el plazo máximo de tramitación que fija la ley, pero al constatar que se mantienen las obras que incumplen la normativa y las condiciones de la concesión otorgada, ha vuelto a comenzar el proceso que puede confluir en la demolición del edificio.
Costas recuerda que una orden Ministerial del 12 de abril de 2007 otorgó a Sonco Canarias (absorbida por RIU) la concesión hasta 2037, con la condición de que no se modificara ni la altura ni la superficie del hotel ubicado sobre un espacio natural protegido. Poco más de un año después, personal de vigilancia de Costas comprobó que se ejecutaron unas obras de ampliación e impuso una sanción de 10.885 euros con la consiguiente orden de reponer el inmueble a su estado anterior. Tras comprobar que la situación no cambiaba, en agosto de 2021 comenzó a incoar un expediente de caducidad de la concesión.
El procedimiento es arduo e involucra a todos los actores implicados, desde la empresa afectada y su derecho a presentar alegaciones, también ecologistas u otras partes interesadas, hasta las distintas administraciones intervinientes. Además de la sanción impuesta, se comprobó que las actuaciones realizadas en el hotel habían supuesto un aumento del 3,46% de la superficie y las construcciones que conllevaron un cambio de uso ocupaban un volumen de un 3,25% respecto a lo que se había autorizado.
Lentamente, el expediente fue obteniendo todos los parabienes: el 19 de julio de 2022 la Subdirección General de Dominio Público Marítimo Terrestre concluyó que procedía ejecutar la caducidad de la concesión y la extinción del derecho a ocupar dominio público del hotel Tres Islas. El 11 de agosto del mismo año, el Consejo de Obras Públicas también se pronuncia en la misma línea y un mes después, el expediente obtiene la seguridad jurídica necesaria con un informe de la Abogacía del Estado, que manifiesta su conformidad con la caducidad de la concesión.
Tan solo restaba el informe del Consejo de Estado para que el expediente gozara de las garantías suficientes para poder transformarse en una resolución, aunque ya casi en el tiempo de descuento del plazo que establece la ley. Sin embargo, el 20 de abril de este año, el Consejo de Estado dictamina que “procede declara la caducidad del expediente” porque ha transcurrido “el plazo máximo legalmente establecido” sin que se haya notificado la correspondiente resolución a las partes interesadas. Y un mes después, el secretario de Estado de Medio Ambiente ratifica la decisión, pero recordando que aún cabe abrir un nuevo procedimiento si persisten los incumplimientos de la concesión y de la legalidad.
Una decena de infracciones
Lejos de desistir, Costas volvió a realizar una inspección en el hotel Tres Islas el 8 de junio, día en el que también recibe un escrito de la asociación ecologista Agonane que solicita que se vuelva a iniciar el procedimiento “Se corrobora que las causas que motivaron la incoación del expediente de caducidad continúan en la actualidad, no habiéndose producido cambio alguno en la concesión”, cita el informe sobre la visita al inmueble.
En concreto, detalla que las obras que conllevaron una sanción en 2008 y motivaron el inicio del expediente de caducidad han sido explotadas comercialmente, lejos de lo que se había previsto en el proyecto de obras que se autorizó con la concesión. El escrito cita que sobre el solárium de la sexta planta del hotel se crearon cuatro nuevas habitaciones que han supuesto “un sensible aumento del volumen del edificio” y “se encuentran en la actualidad en el mismo estado en el que fueron sancionadas”.
Costas añade que la empresa ha cambiado el uso de dicha superficie del que inicialmente se le había autorizado con la concesión, es decir, dos gimnasios, una peluquería, tres salas de masaje y un cuarto. “Con la distribución reflejada en el plano del proyecto no resultaría posible la distribución de usos actuales, por lo que deben haber sido necesarias obras de reorganización de la planta por completo” sin la autorización correspondiente, según cita el escrito.
Además de aumentar el volumen, Costas dice que se han llevado a cabo actuaciones sin contar con título habilitante, como las obras de reforma interior y exterior de la Casa de Tico Medina; la reorganización de los muros divisores de espacios en el jardín o la construcción de un pasillo ajardinado que sirve de acceso a dicha edificación entre las pistas de tenis y la zona de gestión de residuos del hotel. A ello, suma la edificación de un arco en el acceso al hotel de 128 metros cuadrados de superficie y 336 de volumen.
En el escrito alude a la modificación de las tres piscinas ubicadas en el jardín principal del hotel Tres Islas, con dimensiones y formas diferente a la inicialmente permitida, junto a un jacuzzi “de cuya autorización no se tiene constancia”.
En la visita de inspección, Costas también detectó “el estado de ruina de las edificaciones colindantes con la depuradora y la antigua casa de Tico Medina, que se encuentran sin techo, con grietas de gran tamaño en las pareces próximas al colapso”. En este sentido, recuerda que el concesionario tiene la obligación de conservar y mantener las obras y terrenos concedidos “en perfecto estado de utilización”.
Así, la secretaria de Estado de Medio Ambiente dio luz verde al inicio de un nuevo expediente de caducidad, al detectar “el incumplimiento de la orden ministerial que rige la concesión, así como de la normativa de costas”.
Ecologistas frente a Riu y el Gobierno canario
Al respecto, la asociación ecologista Ben Magec, que ha sido parte interesada y ha demandado la caducidad del expediente, ha lamentado “gravemente” que el anterior expediente no pudiera finalizar su tramitación. “Es una negligencia pública, en este caso, del Consejo de Estado y demandamos que no vuelva a incurrir en la misma actitud porque entendemos que puede haber prevaricación manifiesta”.
A pesar de ello, el portavoz de Ben Magec, Eugenio Reyes, ha añadido que considera una buena noticia el inicio de un nuevo proceso y anuncia que el colectivo se personará en el nuevo expediente porque entiende que “los derechos ambientales son bienes generales y comunes que están más allá de los intereses particulares de una empresa”.
Por su parte, la cadena RIU ha defendido el interés general de los hoteles, tanto el Tres Islas como el Oliva Beach, por los puestos de trabajo que genera en la zona norte de Fuerteventura, un argumento respaldado por una plataforma formada por empleados y apoyado por distintas administraciones, desde el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura al Gobierno de Canarias.
La empresa ha reiterado que desde enero de 2023 el Gobierno de Canarias es quien tiene las competencias para gestionar las concesiones de los hoteles y critica que el Estado siga ejerciendo su tutela. “Es una actuación clara de injerencia en las competencias transferidas a Canarias y una más que clara persecución administrativa a este establecimiento y a esta empresa que raya en un abuso de poder”, ha manifestado a este periódico.