El Gobierno de España ha propuesto declarar la caducidad de la concesión sobre dominio público otorgada a Riu para el Hotel Tres Islas, situado en las Dunas de Corralejo de Fuerteventura. El Ministerio para la Transición Ecológica ha planteado también que la cadena hotelera se encargue del “levantamiento y retirada” de las instalaciones existentes en el dominio público. Así lo refleja una propuesta de resolución del expediente de caducidad emitida el pasado 27 de febrero y a la que ha tenido acceso esta redacción.
El Gobierno de Canarias ha reaccionado a esta propuesta de resolución sobre el expediente de caducidad y ha insistido en que las competencias en Costas son de la comunidad autónoma desde el 1 de enero de 2023. En esta línea, la Consejería de Transición Ecológica ha enviado un escrito al Consejo de Estado. “No hay base [...] para entender que el Ministerio retiene la competencia sobre el otorgamiento de las concesiones de la Transitoria Primera de la Ley de Costas”, apunta el documento. “Si el Ministerio consideraba que le corresponde la competencia para otorgar esas concesiones, debería haber introducido esa salvedad en el Real Decreto de traspaso”, añade.
El consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, ha señalado en declaraciones a esta redacción que su departamento insistirá al Ministerio de Presidencia para que inste al Ministerio de Transición Ecológica “a que no siga ejerciendo unas competencias que no son suyas”. “Nosotros entendemos, en base a un informe jurídico de uno de los redactores de la Ley de Costas, que estas competencias son nuestras”, apunta Valbuena. Además, asegura que aún no han podido ver el expediente sobre el Hotel Tres Islas y que ya lo han solicitado de manera oficial para poder tramitarlo.
“Queremos estar seguros de cómo se ha tramitado el expediente y de cómo se tiene que tramitar a partir de ahora, sobre todo teniendo en cuenta que no es uno cualquiera, sino que afecta a un número importante de trabajadores y familias”, defiende Valbuena.
Los establecimientos construidos sobre este Parque Natural han desatado discrepancias entre el Gobierno de España y Canarias desde que se anunció el traspaso de las competencias en Costas. Mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica entiende que debe seguir gestionando los expedientes de caducidad de las concesiones a la empresa Riu, el Ejecutivo autonómico considera que ahora le corresponde esa tarea.
El Real Decreto de 713/2022, que fija las transferencias en Costas a la región, no especifica si este tipo de concesiones también deben ser traspasadas o si las conserva el Gobierno de España, que sigue siendo titular del dominio público. Fuentes de la Presidencia del Gobierno de Canarias afirman que no se va a demoler ninguno de los hoteles de las Dunas de Corralejo hasta que no se resuelva este conflicto sobre las competencias.
Preguntado por si el Gobierno canario quiere paralizar la demolición de los hoteles, José Antonio Valbuena ha respondido que lo que quieren es decidir. “Primero, volver a analizar el expediente de cero. Después, analizar el problema y buscar las vías de solución que se tengan que ver de manera conjunta con Riu”. El consejero plantea esta misma solución para el caso del Oliva Beach, otro de los hoteles de la cadena situado en las Dunas de Corralejo. “Es un expediente que está abierto y que le corresponde cerrar al Gobierno de Canarias”.
“Obras ilegalizables”
El 12 de abril de 2007 se otorgó la concesión a Riu de los terrenos sobre los que se levanta en la actualidad el Hotel Tres Islas. También se autorizó a la cadena a realizar obras de rehabilitación y mantenimiento, siempre y cuando no implicaran un aumento de volumen de la construcción existente. El incumplimiento de esta condición daría lugar a la caducidad de la concesión, tal y como ha adelantado Diario de Fuerteventura.
En mayo de 2008, se notificó a la mercantil la incoación de un expediente sancionador por hacer obras que supusieron un aumento de volumen. Esta infracción “grave” fue sancionada con 10.885,50 euros y la exigencia de recuperar el estado anterior de la edificación. Doce años después, en 2020, se notificó a Riu que “las obras declaradas ilegales” no eran legalizables y se le volvió a exigir que el hotel volviera a su estado anterior en un plazo máximo de dos meses. Según el documento del Gobierno central, el total de las actuaciones ilegales asciende a 2.996,92 metros cuadrados.
Después de una inspección practicada dos meses más tarde, los técnicos comprobaron que la demolición ordenada no había sido ejecutada. Según el Ministerio, el solarium del hotel está en uso comercial no autorizado y ha supuesto un aumento de la edificabilidad de la parcela, una modificación estética de la fachada en la cara del mar y una explotación comercial del espacio no autorizada. También señaló que la planta depuradora de aguas residuales por el sistema de aireación está “en muy mal estado de conservación” y que el agua residual en bruto se vierte directamente al mar por un emisario submarino.
En agosto de 2021, Riu emitió un escrito al Gobierno central en el que alegaba indefensión y consideraba a la administración “incompetente” para tramitar y resolver el expediente. “El aumento de superficie y el volumen de las actuaciones no autorizadas son incumplimientos del título concesional lo suficientemente graves como para justificar la procedencia de la caducidad”, concluye el texto del Ministerio.