En plena lucha contra la crisis climática, Canarias tiene un problema de comunicación: los planes del Gobierno autonómico al respecto, que son muchos y han sido presentados a lo largo de la legislatura, son impopulares. No porque no gusten o generen rechazo, sino porque literalmente casi nadie los conoce. Y eso, teniendo en cuenta que el apoyo a la acción por el clima depende de que la gente entienda las políticas públicas, no es una buena señal.
El mayor estudio demoscópico vinculado a una temática medioambiental hecho en el Archipiélago, desarrollado en abril de 2022 y cuyos resultados se han publicado recientemente en la revista Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles bajo el título La percepción del cambio climático en espacios insulares: el caso de Tenerife, revela que ocho de cada diez personas encuestadas, poco más de 500, no conoce ningún plan o instrumento legal canario de lucha contra las consecuencias de la emisión continua de gases de efecto invernadero.
El Gobierno regional ha impulsado en estos últimos cuatro años la Ley Canaria de Cambio Climático, el nuevo Plan de Transición Energética (PTECAN) de las Islas, con diferentes estrategias para acelerar la penetración de renovables, y la Estrategia Canaria de Acción Climática, entre otras políticas. Pero la mayoría de la población reporta absoluto desconocimiento sobre ello, algo que, en opinión de los expertos, podría mermar la aplicación efectiva de las medidas.
“Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que los esfuerzos que están llevando a cabo [las administraciones] para dar respuesta normativa a la emergencia climática no están llegando a la población. Y si la ciudadanía no es consciente, todo se queda en un mero papel”, apunta Jordan Correa, geógrafo e investigador en la Universidad de La Laguna (ULL) especializado en el análisis de los efectos del cambio climático. “Cualquier ley medioambiental aspira a transformar el día a día, que la gente adquiera hábitos cotidianos sostenibles. Si nadie sabe que esa norma existe, ¿cual es entonces la efectivad?”, se pregunta el experto.
Las conclusiones podrían extrapolarse a otros puntos del país e incluso del mundo. Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado el pasado mes de febrero demuestra que más de la mitad de los españoles no sabe o no contesta sobre los compromisos climáticos del Ejecutivo nacional, que precisamente también aprobó una ley específica hace algo menos de dos años.
En otras regiones industrializadas, como Francia e Italia, ocurre exactamente lo mismo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde el presidente Joe Biden acordó destinar 369 billones de euros en este sentido, “la inversión más importante jamás realizada para hacer frente a la crisis climática”, un tercio de los habitantes no ha escuchado nada al respecto, un 24% ha oído “un poco” y un 29% sabe “algo”, según una encuesta realizada en diciembre de 2022.
El mismo informe del FMI arguye que el conocimiento y la comprensión de las acciones climáticas pueden influir en el apoyo a las políticas de mitigación. Otro estudio publicado en 2015 en la revista Environmental Policy and Governance señala que la “confianza, responsabilidad y entendimiento” son las variables de mayor impacto positivo en el amparo a estas medidas. El problema es que esa sabiduría dista mucho de ser universal.
“Muchas personas siguen sin tener una opinión cuando se trata de apoyar u oponerse a las medidas de política climática en su país. Para defender las transiciones, urge colmar las lagunas de información, que siguen siendo grandes, y concienciar sobre las transformaciones sociales y los cambios de comportamiento necesarios, el coste de la inacción y el impacto de las medidas de mitigación y adaptación”, concluye el FMI.
El ejemplo más paradigmático está en Canarias: el sondeo realizado por Correa y otros investigadores de la Cátedra de Reducción de Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la ULL ilustra que el 18% de los tinerfeños encuestados considera que no se ha hecho “nada” en la lucha contra el cambio climático, el 28% cree que se ha trabajado “poco” y el 32% apunta a que sí ha visto “algo”. Tan solo un 3% asegura que “bastante” y un 1% que “mucho”.
Para el autor principal de la publicación, “está fallando la comunicación e implicar a la ciudadanía” porque, como se ha mencionado anteriormente, sí se han aprobado disposiciones que convierten al Archipiélago en “el primer territorio español con sistema normativo plenamente aprobado y vinculado a la acción climática”, en palabras del consejero del Transición Ecológica, José Antonio Valbuena.
“Estamos diseñando estrategias, pero desde arriba, sin pensar en la implantación local que eso tiene, sin contar con asociaciones de vecinos, sin ir a los municipios pequeños a explicar en qué consisten, donde en absoluto se tiene constancia de lo que está haciendo el Gobierno canario”, agrega Correa. “Ese es otro sesgo del que tenemos que hablar: el conocimiento de las iniciativas climáticas institucionales es mayor en los ámbitos urbanos que en las áreas rurales. Allí, no hay ningún tipo de información”.
A pesar de que el Ejecutivo regional presume de haber redactado “la ley más consensuada de la historia” de las Islas, en referencia a la legislación de Cambio Climático, con más de 384 aportaciones ciudadanas y más de 30 reuniones con diferentes colectivos, el geógrafo opina que, en la práctica, “nadie percibe en su vida cotidiana si [dicha norma] tiene algún impacto, pues tampoco le prestan mayor atención”. “Aunque sepan que hay algo, no saben responder a cómo influye realmente en sus vidas”, remacha el experto. El propio Valbuena ha dicho que “en un plazo de cinco años empezaremos a percibir los efectos” de la misma.
3 de cada 4 personas estarían dispuestas a cambiar sus hábitos
Los resultados de la encuesta en Tenerife muestran que el 95,3% de la población apoya la existencia del cambio climático, porcentaje superior a la media nacional y europea, y que la mayoría cree que Canarias se verá igual de afectada por los efectos del calentamiento global que el resto del Estado, a pesar de ser una de las comunidades más frágiles en este sentido y uno de los puntos más biodiversos del mundo.
Por otro lado, “la falta de una cultura ambiental”, según Correa, motiva que casi la mitad de los encuestados asegure que la acumulación de gases de efecto invernadero se debe a una combinación entre causas naturales y humanas, cuando los expertos del IPCC ya han demostrado la naturaleza antropogénica del cambio. Según los mismos tinerfeños, los riesgos más graves que afrontan las Islas son la escasez de agua, así como el incremento de las sequías, de los grandes incendios forestales y el empeoramiento de la calidad del aire. Resulta llamativo que el ascenso del nivel del mar, una consecuencia especialmente dañina en espacios insulares, no esté entre las principales preocupaciones.
Además, el 87,6% de los consultados manifiesta haber percibido algún efecto de la crisis climática, principalmente el incremento de las temperaturas y de los fenómenos meteorológicos adversos. Poco más de la mitad afirma que la sociedad está a tiempo de frenar el calentamiento global, mientras que un 28% opina que al menos sí sus consecuencias más graves. El sondeo ilustra que los jóvenes, por su parte, son más pesimistas. Aunque finaliza con un mensaje positivo: más de tres de cada cuatro personas estarían dispuestas a modificar su forma de vivir para pararle los pies al calentamiento continuo de la Tierra.