Mañana tranquila en las instalaciones de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria en la Vega de San Mateo, en las medianías de la isla. Es miércoles, todavía en alerta por riesgo de incendios después de una ola de calor anómala en el mes de abril, que dejará de serlo tanto a partir de ahora. Los agentes intercambian información. Recargan fuerzas. Toman café. Hasta que una llamada moviliza a dos de ellos: alguien está haciendo uso de una desbrozadora en Cueva Grande, cerca de allí. Un vecino ha alertado. Una chispa de la máquina podría causar un incendio forestal. Ya lo hizo el año pasado.
“El deber nos llama”, exclama Raúl (nombre ficticio), uno de los integrantes del cuerpo. El coche de amarillo limón y azul pitufo de la Corporación insular se desplaza hasta el lugar y aparca. Vuelve a escucharse el motor del aparato, pero no queda claro de dónde procede el ruido. Los agentes miran a un lado y a otro. Poco después, el sonido desaparece. A un lado del barranco, algo de mala hierba recién cortada junto a un camino entre viviendas unifamiliares desvela que una persona estaba haciendo uso de una desbrozadora en este paraje. “Ha sido una infracción fugaz. Te alertan de que algo ha pasado, pero luego no lo ves cuando llegas”, lamenta Andrés (nombre ficticio), el compañero de Raúl esta mañana. Sin embargo, a los pocos minutos, vuelve a escucharse un golpeteo similar. Proviene del otro borde del cauce. Y, esta vez sí, los guardias llegan a tiempo.
“¡Basuras! ¡Fuera de aquí! ¡Están locos buscando la multa!”, grita un hombre a los funcionarios en plena actuación. “Normalmente sales y tienes un plan, pero después… Somos víctimas del destino”, resume uno de ellos.
El equipo de agentes medioambientales del Cabildo de Gran Canaria asciende a 21 trabajadores, según datos de la Asociación de Agentes Forestales y de Medio Ambiente del Archipiélago (AFMACAN). Son los encargados de vigilar, custodiar y proteger los espacios naturales protegidos de la isla. También el suelo rústico. Este miércoles, 17 de abril, trabajan ocho en el turno de mañana. Lo hacen en grupos de dos por motivos de seguridad. Cada dúo cuenta con un itinerario para saber a qué puntos acudir de manera prioritaria: zonas de riesgo de incendio, áreas recreativas o extensiones cercanas a tendidos eléctricos, donde podría haber aves dañadas.
Tienen tres formas de enterarse de presuntos incumplimientos de la normativa: la propia vigilancia que ejercen, llamadas de particulares o escritos de la administración. Los miembros del Grupo Urbanístico y Medio Ambiental (GRUMA) de la Policía Local y la unidad especializada del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ayudan. Pero, agentes medioambientales como tal, son solo ellos. Hay 66.707 hectáreas, contando solo las que integran la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos en la isla redonda, que inspeccionar. Y eso, la mayoría de las veces, se hace cuesta arriba.
“Existe un evidente desequilibrio entre el número de agentes de medioambiente y las funciones encomendadas para la protección de la biodiversidad y del patrimonio natural de la isla. [Es] prácticamente imposible hacerlo con las garantías necesarias que se demandan por parte de la sociedad”, señala Ayoze Molina, presidente de AFMACAN. Los datos facilitados por la asociación indican que Canarias tiene 131 agentes de esta índole en plantilla de forma estructural, lo que se traduce en una ratio de 5,86 trabajadores por cada 100.000 habitantes. La media nacional está en torno a 12,5 por cada 100.000. Todo eso sin contar a los turistas, la población flotante.
El cuerpo de agentes de Gran Canaria estrenó recientemente una unidad de drones especializada en detectar posibles infracciones y actividades prohibidas. En las Dunas de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ocurren a menudo. La gente transcurre por los espacios no autorizados para ello o youtubers congregan a decenas de personas para excavar con palas. Molina matiza: “Son herramientas que facilitan la tarea, pero, si los mismos que tienen que intervenir son los que están utilizando el dron, poca utilidad pueden tener”.
Raúl y Andrés, mientras tanto, continúan con su ruta por la cumbre de Gran Canaria. Colocan piedras pesadas en los márgenes de las carreteras para evitar que los coches estacionen entre los árboles de la zona de acampada Altos del Pozo, en Tejeda. Escriben notas para advertir a los conductores que sí lo han hecho. Observan desde la torreta forestal en el Pico de la Gorra si hay algún humo sospechoso en la Cuenca de Tirajana. Paran a los senderistas que caminan por la zona porque hacerlo esta mañana, recuerdan, está prohibido. “El riesgo de incendio no tiene por qué coincidir con la ola de calor”, reitera Andrés, cansado de repetir la misma frase.
Pese a todo el trabajo, la conservación de los espacios naturales protegidos de Canarias “depende mucho de la concienciación ciudadana”. Los propios agentes lo reconocen. El 40,57% del Archipiélago presenta algún nivel de protección, el porcentaje más alto de España. Existen 146 áreas y 302.041 hectáreas que gestionar.
La masificación ha empezado a llegar a estos emplazamientos tras el confinamiento estricto por la COVID, en el que la ciudadanía “empezó a tener una necesidad mayor de disfrutar más de los espacios abiertos”. Los fines de semana están hasta arriba de visitantes. El diseminado residencial característico de las Islas, también presente en las áreas protegidas, unido a la compleja orografía insular, suponen un “plus de dificultad” para la vigilancia. Molina pone un ejemplo.
“Imagina que hay dos parejas [de agentes] en la cumbre de Gran Canaria más otra en medianías. Y nos llega un aviso de actividades de riesgo en La Aldea de San Nicolás [la localidad más al oeste de la isla, para la que, hasta hace nada, no era precisamente seguro y rápido acceder]. No te digo nada si ocurre en Guguy [enclavado al sur de La Aldea]. Los costes de traslado a los espacios naturales protegidos son muy elevados, tanto en tiempo como en materia económica”.
La asociación AFMACAN ha apoyado las reivindicaciones esbozadas por los colectivos convocantes de las manifestaciones contra la masificación turística este sábado, 20 de abril, en toda Canarias. Molina entiende que es necesario que “se adecúen los recursos de vigilancia y protección a las demandas reales existentes”. Apunta que la ley canaria de creación del cuerpo de agentes de medioambiente data del año 1989. Que “ya ha corrido bastante tiempo” desde entonces. Y que los medios, pensados para atender una demanda de hace décadas, “no solo no han aumentado, sino que han menguado”.
El catedrático de Botánica por la Universidad de La Laguna (ULL) Pedro Luis Pérez de Paz, experto en espacios naturales protegidos y, durante muchos años, miembro del patronato de algunos de ellos en el Archipiélago, ahonda en esta idea. “En los parques nacionales se hace algo de gestión activa. Pero el resto está abandonado. Y lo está cuando más lo necesita, porque la sobrepoblación es un hecho. Visitar el Parque Rural de Anaga o el Parque Rural de Teno. O me imagino que acudir a Tamadaba o la cumbre de Gran Canaria… Hay una presión enorme”.
La ley de declaración de los espacios naturales de Canarias fue aprobada en el año 1987. En ese momento, el Archipiélago era una región “puntera” en este sentido y se hizo una labor “muy buena”, continúa Pérez de Paz. “Pero luego, claro, se va descubriendo que proteger tiene un coste”.
“Lo que tenemos aquí son muchas cositas, pero en poca cantidad. Y eso aúna dos conceptos: diversidad y singularidad. Tenemos muchas cosas diferentes. Pero, además, esas cosas son singulares. Y es verdad que a partir del año 1987 se hizo una labor de promoción importante. Pero en este momento da la impresión de que es un todos contra todos. Porque esta misma manifestación [la del 20 de abril] es fruto y retrato del fracaso. De que no hemos sabido reconocer la situación”, explica el botánico.
Para Juana Barber, ingeniera de montes por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente presidenta de EUROPARC-España, una organización que aglutina a profesionales vinculados a las áreas protegidas del país, la clave de todo esto está en mejorar la gestión. Y para ello se necesitan recursos “económicos y materiales, pero sobre todo humanos”.
“[Una buena gestión depende de muchas cosas] No solo del número de agentes, también debes tener una normativa que te lo permita y un régimen sancionador. En algunas zonas, por ejemplo, según el nivel de concentración de gente, puedes desplegar impedimentos y barreras de acceso”, asegura Barber. La experta hace hincapié en el modo de entrada a los espacios naturales, ya que en las Islas se puede llegar a ellos desde múltiples puntos y en Barcelona, donde Barber trabaja, también.
La ingeniera de montes reconoce que “tenemos una presión muy grande”, diferente a la que presentan otros enclaves aislados, por la cercanía de los núcleos poblacionales a las zonas protegidas. Y eso implica “cambiar la manera de ir” a estos lugares. “Podemos zonificar y decir, bueno, pues aquí puede haber más visitantes porque desde un punto de vista natural o de la conservación no es tan frágil”. O cerrar algunos accesos, añade Barber, en los que solamente puedan circular los residentes y fomentar el uso del transporte público por un camino prioritario. O apoyarse en grupos de voluntarios para regular mejor este asunto.
“Es importante explicar a las personas por qué haces esto. Todo el mundo lo tiene que entender, porque en estos momentos es lo que se necesita. Siempre hemos tenido muy accesible nuestro espacio y lo sentimos como nuestro. Pero (…) no hemos sido cuidadosos” con el mismo, concluye.