El plan de Tenerife contra la acumulación de basura puede generar más basura

En 2011, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, concluía en un informe que la principal barrera con la que se iban a encontrar las administraciones públicas para instalar plantas de valorización energética era “el rechazo de algunos grupos sociales”. La normativa no impide su instauración. No hay ninguna ley que prohíba esta tecnología. Pero quienes la proyecten deberán tenerlo muy claro.

En Tenerife, después de que el Cabildo insular anunciase su intención de hacerlo, toda la oposición (PP, Coalición Canaria y Podemos) se ha puesto de acuerdo para rechazar el programa. Arico, el municipio del sur de la isla donde se va a montar la planta, también. El Cabildo cree que se está intentando obstaculizar su gestión. “Parece que cada cierto tiempo la estrategia de CC es ir lanzando falsedades y nos tenemos que dedicar a explicar cosas como esta o retrasar los procedimientos, cargándonos de informes que avalen nuestro trabajo”, dijo Pedro Martín (PSOE), presidente de la corporación que gobierna junto con Ciudadanos y el apoyo externo de Podemos.

La polémica no está en si la iniciativa es ilegal o no. Tampoco en qué empresa se hará cargo de los desechos de la isla ya que el procedimiento de contratación aún no ha terminado. Principalmente, hay tres cuestiones detrás: una moral, pues el Cabildo de Tenerife declaró a la isla “territorio libre de incineradoras” hace tres años y ahora promueve técnicas categorizadas por la Unión Europea como tal; medioambiental, ya que Bruselas ha elaborado recientemente un estudio que excluye a la valorización energética como actividad sostenible; y de gestión: algunos expertos temen que debido a esta decisión se reduzcan los esfuerzos por la prevención de residuos y haya un estancamiento de los mismos.

Tenerife tiene un problema: genera demasiados residuos y la mayoría de ellos acaban en una celda de vertidos. En 2019, el Complejo Ambiental de Arico trató 542.320 toneladas de basura, de las cuales 226.756 procedían del consumo doméstico. El 60% de toda esa maraña de desperdicios acabó bajó tierra. La isla lleva décadas haciendo lo mismo. Cuando no se pueden reciclar, los despojos se acumulan en una región cuyo porcentaje de suelo protegido alcanza el 48,6%, según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Ya no hay más espacio para más vertederos.

El Cabildo quiere sacarle partido a este asunto. Una empresa (aún se desconoce cuál) se instalará en la isla, pagará por cada tonelada de basura que reciba y sacará provecho de ello vertiendo electricidad a la red (siempre y cuando no se pueda reciclar). Utilizará tratamientos térmicos a altas temperaturas como la pirólisis, gasificación y procesos de plasma para quemar los residuos y obtener energía. Y operará durante 15 años (ampliables a 20), el tiempo necesario para que la inversión de la compañía, que correrá con los gastos de construcción, adecuación y procesamiento, sea rentable. 

A Mariel Vilella, directora de estrategia global de Zero Waste Europe, no le parece la mejor idea. Apunta tres consecuencias perjudiciales: estas plantas “producen emisiones tóxicas”, “emiten grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) contribuyendo así al calentamiento global” y “son incompatibles con la reducción de los residuos, la maximización de la reutilización y el reciclaje”.

Villela explica que una instalación de este tipo necesita de grandes cantidades de desechos para echar a andar. En Tenerife no tendrá problemas, en principio. La isla ha aumentado considerablemente desde 2013 la producción de residuos per cápita, pasando de 530 kilos por habitante en 2011 a 636 en 2019. No se espera que ese número decaiga considerablemente en los próximos años y menos en una comunidad como Canarias, sustentada en el turismo, una máquina de generación de desperdicios.

“Nuestro modelo económico genera mucha basura: envases ligeros, papel y cartón, vidrio… Que son el modelo de usar y tirar. Ni siquiera sabemos lo que reciclamos de verdad. No hay un control y nadie controla a Ecoembes”, sostiene Pilar Álvarez, experta en Educación Ambiental. “Lo de siempre en Canarias es: falta de datos técnicos, caracterización, no hay planes coordinados, etc. Si no cambias el sistema de raíz no habrá nuevos resultados”. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Archipiélago es la tercera comunidad que más residuos genera por persona, 577 kilos, por detrás de Baleares (737) y Cantabria (579).

Las Islas han aprobado recientemente un nuevo plan integral de gestión de residuos (Pircan). El principal objetivo, el que figura en la primera línea del texto, es el de promover la reducción en la producción. Aunque también lo era en el último Pircan que se firmó (2000-2006) y apenas ha habido avances en esa línea. Todo lo contrario, de hecho. Antonella Risso, gerenta técnica internacional de cambio climático de la asociación Salud Sin Daño, pide abandonar las respuestas tecnológicas y avanzar en soluciones sistémicas.

“La incineración no ha resuelto la problemática asociada al volumen de residuos que estamos generando. Necesitamos planes concretos para abandonar el uso de desechables, mejores estrategias de reciclado y compostaje. No existen soluciones únicas aquí. Seguir generando plásticos que contienen sustancias tóxicas para después incinerarlos para una valorización energética no es una solución real”, subraya la experta. Un estudio publicado en la revista Environmental Science & Technology afirma que hemos superado el límite planetario de contaminación química. 

¿Qué le puede esperar a Tenerife?

Un ejemplo claro: según datos de Eurostat, la producción de residuos urbanos en Dinamarca ha aumentado un 62,2% desde 1995 hasta 2020. Y eso que incinera casi la mitad de la basura que origina, de los países que más del continente. En toda la Unión Europa no hay estado que genere más desechos por habitantes que Dinamarca, 845 kilos por persona. Un estudio elaborado por investigadoras italianas sobre la valorización energética llega a varias conclusiones: que esta tecnología solo es eficiente con grandes volúmenes de residuos; que la demanda por ella está aumentando y que la eliminación de despojos se está ralentizando, mientras la basura circula cada vez más entre países. Tenerife tratará los desechos de La Palma y La Gomera. Gran Canaria podría hacer lo mismo con los de Lanzarote y Fuerteventura. 

Las empresas detrás de estos proyectos suelen vender la valorización energética como la panacea, advierte Álvarez. Y debido a que la inversión que hacen es importante (se hacen cargo de todos los gastos de construcción y mantenimiento), exigen a la administración un mínimo de toneladas que tratar, socavando las políticas de prevención y reducción. El Cabildo se vería obligado a garantizar que la basura seguirá fluyendo. En caso de no cumplir con lo estipulado, tendría que pagar una compensación a la empresa.

En Indianápolis (Estados Unidos), el gobierno acordó con Covanta, la compañía encargada de la gestión de la incineradora de la ciudad, un total anual de 300.000 toneladas de desechos, según el periódico local IndyStar. El contrato se redujo a 260.000 toneladas y la administración local tuvo que pagar 2,3 millones de dólares a modo de compensación. En Baltimore, también en el país norteamericano, ocurrió lo mismo y la empresa adjudicataria de la licitación, Wheelabrator, exigió 32 millones de dólares por pérdidas, según el medio WasteDive.

Acorde a un informe de la consultora Research Nester, el mercando mundial de la valorización energética podría alcanzar un balance de ingresos de 42,5 mil millones de dólares para finales de 2024. La idea de acabar con los vertederos es el pretexto que suele emplearse para seguir expandiéndose.

La Alianza Residuo Cero Canarias ha presentado alegaciones al Pircan y ha advertido de una situación de colapso en las Islas. Álvarez aporta más claves. “Esta maniobra del Cabildo ya la avisamos hace años: se va a dar como mal menor la construcción de incineradoras o plantas de valorización energética. Ellos dicen: después del pretratamiento de toda esta basura, ¿qué hacemos con ella? La comunidad europea nos va a meter una sanción si no actuamos. Pues vamos a colocar aquí algo que desvíe el flujo de residuos para considerarlo reciclaje”.

Para Álvarez, es la consecuencia de años y años en no trabajar la prevención, mejorar la reutilización y controlar el modelo de consumo que existe en el Archipiélago. Y si además se promueven tecnologías como esta, que necesitan importantes cantidades de desechos para funcionar, es previsible que no se reduzca la generación de residuos, sino todo lo contrario, como ha ocurrido en Dinamarca.

“Ha habido lustros, décadas de mala actuación y dejación. Estamos en emergencia climática y no estamos viendo que se tomen medidas valientes”, agrega. El Cabildo de Tenerife aprobó hace unos meses el borrador del programa de prevención de residuos, pero no cuenta aún con presupuesto. El consejero de Desarrollo Sostenible y Lucha Contra el Cambio Climático, Javier Rodríguez Medina, justificó la valorización energética porque teme, entre otras cosas, que los ayuntamientos canarios no implementarán a corto plazo el quinto contenedor para la materia orgánica. 

Problemas operacionales y medioambientales

Desde que empezó a promover esta infraestructura, el consejero Rodríguez ha evitado utilizar la palabra “incineradora” y ha optado por el término “planta de valorización energética”, alegando que no se pretende prender fuego a los residuos, sino utilizar una tecnología mucho más avanzada. Concretamente, en esa planta se llevarían a cabo tres procesos químicos: pirólisis, gasificación y gasificación por plasma. Estos tratamientos térmicos consisten, básicamente, en someter a los residuos a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Con esto se conseguiría reducir su volumen y extraer de ellos gas y combustibles que podrían ser comercializados.

Sin embargo, en otras partes del mundo estas plantas han demostrado ser problemáticas. El informe Gasificación y pirólisis de residuos: procedimientos de alto riesgo y baja rentabilidad para el tratamiento de residuos, de la asociación Gaia, destaca multitud de experiencias en distintos puntos del planeta que han resultado fallidas. En 2016, solo dos años después de haber firmado el contrato para la construcción de una planta con el gobierno de Reino Unido, la compañía Air Products abandonó el proyecto debido a “problemas operacionales y de diseño”. La propia empresa reconoció que la tecnología estaba resultando ser “mucho más compleja de lo que se creía en un principio”.

En este mismo país, la compañía New Earth Solutions cosecha un total de seis instalaciones fallidas o abandonadas. Según dicho informe, los costes de mantenimiento, reparación y mano de obra resultaron ser más altos de lo que se había planeado en un primer momento. El fracaso de uno de los proyectos le supuso una pérdida de al menos 2,4 millones de libras al gobierno local. Pero las incineradoras fallidas se extienden por la geografía de los diferentes continentes. Algunas ciudades de Canadá, Escocia, Estados Unidos, Alemania y Australia también han sufrido la inoperancia de estas plantas de valorización energética.

Sobre la causa de este tipo de problemas, Antonio Marcilla, doctor en Ciencias Químicas y catedrático de la Universidad de Alicante, asegura que tiene que ver con el tratamiento de residuos para los que no están preparadas estas infraestructuras. “Sé de ayuntamientos que han instalado la planta y después han tenido problemas porque no estaba diseñada para los residuos que han querido tratar. No es una planta estándar que sirva para cualquier tipo de residuo y que resuelva el problema. Se tiene que operar de una forma muy específica y, muchas veces, entre los residuos aparecen restos de metales que pueden generar problemas de funcionamiento y de medioambiente”.

Las emisiones de furanos y dioxinas es otra de las cuestiones que el consejero del Cabildo, Javier Rodríguez, ha negado rotundamente. No obstante, desde la ONG Salud Sin Daño aseguran que estas emisiones sí pueden darse durante el tratamiento de determinados materiales: “Las dioxinas y furanos se generan al incinerar ciertos tipos de plásticos como el PVC”. En este punto, el profesor Marcilla coincide: “Si estás tratando residuos urbanos mezclados con plásticos y las condiciones en las que se opera no son las adecuadas, se pueden llevar a cabo emisiones contaminantes que pueden resultar tóxicas: monóxido de carbono, poliaromáticos, dioxinas…”

Ante el aluvión de críticas que ha recibido por parte de la oposición, el Cabildo ha encargado –a posteriori– dos informes con los que respaldar su postura. Uno ha sido realizado por el grupo de investigación de Catálisis Heterogénea de la Universidad de La Laguna y otro por los servicios técnicos del propio Cabildo. Sin embargo, ninguno de esos dos informes menciona uno solo de los inconvenientes que presentan este tipo de plantas. Y pese a que sí menciona algunos casos de éxito, no nombra ni una sola de las tantas experiencias que han resultado fallidas.