Poco más de 48 horas después de firmar el acuerdo programático del próximo Gobierno canario, Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) se enfrentan a las primeras críticas por una de las líneas estratégicas que presumiblemente adoptarán de aquí a 2027. Los populares gestionarán el área de transición energética y han prometido, según el programa electoral utilizado para las elecciones del 28 de mayo, impulsar el desarrollo del gas natural en el Archipiélago, una medida ampliamente criticada por expertos y colectivos ecologistas y que el ejecutivo del Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Podemos y ASG) no contemplaba.
El PP quiere desarrollar el gas natural “como una fuente de energía más limpia que otros combustibles fósiles, como el petróleo o el carbón”, ya que considera que “emite menos dióxido de carbono y otros contaminantes en la atmósfera”. La formación conservadora defiende que esta tecnología “puede combinarse con energías renovables (…) para proporcionar energía de respaldo en momentos en que la demanda de electricidad es alta y las fuentes de energía renovable no son suficientes para cubrir la demanda”.
Las pretensiones del Partido Popular en las Islas han hecho que algunos científicos e ingenieros del Archipiélago y de otros puntos de España se echen las manos a la cabeza. Carlos Bravo, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y miembro del equipo de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E, en sus siglas en inglés), considera que la utilización del gas natural para la transición energética es “un engaño absoluto”.
Bravo recuerda, en primer lugar, que el gas natural es un combustible fósil “compuesto en su mayor parte por moléculas de metano” y que, por lo tanto, “tiene una huella climática”. Los propulsores de este tipo de combustible suelen replicar que a pesar de ello se trata de una alternativa menos contaminante. Pero el experto asegura que en esas conclusiones no se están teniendo en cuenta las fugas y filtraciones de todo el sistema de suministro.
Desde la producción hasta la combustión (análisis well-to-wake), el metano suele fugarse en los gasoductos o escaparse de los motores. Puede haber pequeñas filtraciones en la perforación, la extracción, el trasvase a los barcos metaneros, las plantas de distribución… Y en todos los pasos hasta la quema final. “Las fugas son una barbaridad, diez veces más de las cifras que las [empresas] gaseras informan. [Pero] no hay forma de saberlo, ya que es un gas muy liviano, pesa menos de la mitad que el aire y es incoloro”, apunta Emilio de las Heras, ingeniero naval y experto en energía y cambio climático.
Para los expertos consultados, que haya emisión de dióxido de carbono (CO2) es perjudicial para el medio ambiente. Pero que haya expulsión de metano puede ser todavía peor. Un gramo de metano atrapa 86 veces más calor que uno de CO2 en un plazo de 20 años. En 2019, Canarias expulsó 1,019 toneladas de metano, solo el 7,6% de los gases de efecto invernadero expulsados en las Islas (13,7 toneladas).
“Las empresas tratan de convencernos de que repartamos el efecto de las fugas en 100 años… Pero es otra barbaridad, pues el metano pasa apenas entre 10 y 12 años en la atmósfera hasta que se oxida en la estratosfera. Aun así, su poder de atrapar calor a 100 años es 28 veces mayor al del CO2”, continúa De las Heras.
Los posibles efectos nocivos del gas natural han llevado al Banco Mundial a dudar de su viabilidad a corto y largo plazo. En un informe reciente, la organización asevera que existen “riesgos considerables” si los países y las empresas invierten en infraestructuras de Gas Natural Licuado (GNL) para cumplir los objetivos climáticos de la Organización Marítima Internacional (OMI).
El Banco Mundial cree que los gastos en este combustible fósil son “innecesarios”, fomentarían los “activos bloqueados” y harían de “bloqueo tecnológico” para la transición hacia la neutralidad climática. Canarias, además, es la única región española que pretende convertirse en un territorio cero emisiones en 2040, por lo que la instalación de tecnologías por el estilo frenaría el devenir del Archipiélago, ya planificado con la nueva Ley de Cambio Climático (y de la que el PP quiere hacer “reformas”) y con el último Plan de Transición Energética de Canarias (PTECAN), ambas normas aprobadas en esta legislatura.
Roque Calero, doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y especialista en energías renovables, señala que la penetración del gas natural en las Islas “impedirá la máxima implantación de renovables a corto plazo”. Calero agrega que “los altos costes” para el establecimiento de esta también complicará su reposición o eliminación en un corto periodo de tiempo y dice, en definitiva, que “no presenta ninguna aportación positiva, si acaso negativa, al desarrollo sostenible del Archipiélago”.
“El GNL no representa ninguna ventaja frente a los combustibles derivados del petróleo en cuanto a la introducción de las energías renovables. En el caso de Canarias, [de hecho], será justo lo contrario. La inclusión del gas natural licuado retrasará o impedirá la máxima penetración de las renovables, al menos hasta que las elevadas inversiones en la implantación del GNL sean amortizadas”, añade el experto. Una instalación de gas natural podría rondar los 350 millones de euros, con un plazo de amortización de entre 25 y 30 años.
Calero, Bravo y De las Heras también han refutado algunos de los argumentos esgrimidos por parte del Partido Popular para defender el posicionamiento de la formación conservadora en este asunto (y también de CC, que no lo hace explícito en su programa electoral, pero sí ha abogado históricamente por ello). Los populares dicen que el gas natural es “relativamente económico” en comparación con otras fuentes de energía. También afirman que su precio es “menos volátil” que el del petróleo y que el tratamiento de este puede “combinarse” con renovables “para proporcionar energía de respaldo”.
Bravo matiza que, si bien es cierto que el gas natural es más económico que el petróleo, esto podría cambiar próximamente. El transporte marítimo va a ser incluido por primera vez en el régimen de comercio de emisiones y los armadores deberán pagar derechos de expulsión de gases contaminantes por valor del 40% de las emisiones a partir de 2024, 70% en 2025 y del 100% a partir de 2026.
“Nos están vendiendo una milonga. Y todo para favorecer infraestructuras de almacenamiento, gasoductos y demás para que luego las empresas reclamen las inversiones. Toda la descarbonización puede verse retrasada”, remacha el licenciado en Ciencias Biológicas por la UCM. “Lo de que quieren mezclar el gas con renovables también es un engaño. ¿Cómo va a ser? ¿Un 2% de biometano con un 98% de combustible fósil? Eso no es descarbonizar”.
“Se comprende que los combustibles alternativos todavía no han llegado: tanto el e-metanol como el e-amoníaco están empezando, tienen diferentes dificultades, pero no se puede promover un combustible que es igual de contaminante que los derivados del petróleo. Y fomentar inversiones millonarias en una tecnología que deberá desaparecer”, concluye De las Heras en un artículo en el blog del diario Expansión. El Instituto Tecnológico de Canarias ha apostado, por un lado, por el hidrógeno verde para descarbonizar las centrales térmicas; y, por otro, por el amoniaco como el combustible idóneo para los barcos.