El Cabildo de Tenerife ha vuelto a sacar a la palestra el que fue el modelo energético defendido por Coalición Canaria en la pasada legislatura: apostar por el gas como energía de transición hacia un modelo sostenible. En un pleno celebrado el pasado 31 de mayo, se aprobó una moción del Partido Popular que reclamaba la construcción de una regasificadora en el puerto de Granadilla. A excepción de Sí Podemos Canarias, todos lo grupos de la Corporación gobernada por PSOE y Ciudadanos apoyaron seguir las directrices marcadas en el Plan Energético de Canarias (Pecan) aprobado en 2006 que planteaba como objetivo para el año 2015 que el 30% de la electricidad de las Islas fuese generada con energías alternativas y se apoyarse, de forma complementaria, en el gas natural al ser menos contaminante que el petróleo.
El documento aprobado bajo el mandato de Adán Martín, fracasó en sus objetivos: apenas se alcanzó el 7% de fuentes limpias. El actual Ejecutivo regional trata de renovar la estrategia energética con una nueva hoja de ruta basada en renovables, cuyo estudio ha encargado al Instituto Tecnológico de Canarias. El gas “no será una alternativa en las ciudades”, dijo el consejero Transición Ecológica del Ejecutivo, José Antonio Valbuena, al poco de acceder al cargo tras haber sido consejero de Medio Ambiente en el Cabildo de 2007 hasta 2019. Apostar por regasificadoras “es actuar con miopía en la planificación energética de Canarias”, reiteró durante una entrevista el pasado 17 de mayo en Radio Nacional de España. El próximo viernes, a petición del Grupo Popular, Valbuena deberá comparecer en el Parlamento para que explique “la hoja de ruta para que la central de Granadilla sea alimentada con gas natural”.
En Tenerife existen cuatro centrales térmicas: dos pequeñas que funcionan con gas natural (en Isora y Arona), y otras que operan quemando fuel y gasóleo para generar electricidad, ubicadas en Candelaria y Granadilla. Esta última, la de mayor potencia, es de ciclo combinado, es decir, está concebida para usar como energía primaria el gas natural, pero también puede emplear derivados del petróleo. El objetivo que persigue la moción presentada en el Cabildo de Tenerife es que la central de Granadilla use gas natural en lugar de fuel oil porque así se reducirían los gases contaminantes que emite la infraestructura, actualmente entre las 20 instalaciones españoles que más dióxido de carbono expulsa.
A pesar de que el gas natural también es un combustible fósil, el PP defendía en su moción que “están más que demostrados los beneficios” de emplear este tipo de energía en sustitución del fuel o el gasoil. En concreto, destacó que se permitiría reducir “en más de un millón” las emisiones de dióxido de carbono y la isla se encaminaría hacia ser “100% renovable”. Las centrales térmicas de Tenerife emitieron 2,1 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2018, la más contaminantes del Archipiélago según el Anuario Energético de Canarias de 2019, aunque muy cerca de Gran Canaria (2.063.910 tCO2eq).
En cualquier caso, la iniciativa respaldada por el Cabildo remarca que el objetivo es la producción de hidrógeno como solución de futuro, pero con una implantación progresiva “bajo el formato de acompañamiento al gas natural” en formato de respaldo porque las renovables, al ser variables, no pueden dar soporte al sistema insular en su totalidad. Estas tesis han sido respaldadas por un informe de Deloitte publicado en 2020 y encargado por Endesa, que monopoliza todas las centrales térmicas de Canarias.
En dicho documento también se defiende la apuesta por el gas natural para reducir emisiones en la actualidad mientras se desarrolla la entrada del hidrógeno verde a largo plazo. Para ello, propone adaptar los grupos térmicos existentes que pueden emplear gas natural y sustituir los más antiguos para permitir el uso de este combustible. Y plantea la necesidad de construir infraestructuras “temporales” y “fácilmente desmontables” de almacenamiento y regasificación ubicadas en las tomas de agua de las centrales, amarradas al fondo marítimo a una distancia cercana de los grupos térmicos o en un puerto existente.
La instalación de la regasificadora en Granadilla fue valorada en una inversión de alrededor de 250 millones de euros y adjudicada a la Empresa Nacional del Gas (Enagás), compañía de transporte y gestor del sistema, con un 5% de participación estatal. Su desarrollo se recogía en el Pecan y se fijaba 2010 como el año en el que estaría en funcionamiento, con una capacidad de almacenamiento de 150.000 metros cúbicos de gas licuado y otros 150.000 en estado gaseoso. Estas instalaciones tienen como función almacenar esta energía en forma líquida y la transforman para destinarlo a hogares, comercios o al uso térmico. El documento también contemplaba la introducción de gasoductos para transportar el recurso desde la regasificadora a la central térmica de Granadilla, la de Candelaria y a Santa Cruz de Tenerife, con una longitud de más de 50 kilómetros. Este diseño se reelaboró en 2012 con otras previsiones que fijaban la fecha de operatividad en 2014 y añadían otros tramos de transporte al sur y al norte de la Isla, que ampliaban las tuberías hasta los 60 kilómetros de longitud.
Como recordó el propio consejero de Transición Ecológica del Gobierno regional, la regasificadora de Granadilla ha sido rechazada en múltiples ocasiones. La Comisión Nacional de Competencia concluyó en dos ocasiones que la infraestructura de Granadilla no era conveniente. Estimaba que el diseño del proyecto no contemplaba la prestación de servicios como la carga de buques, no recogía un análisis de la demanda de gas prevista o las características del mercado, así como tampoco se garantizaba su viabilidad.
La lucha ciudadana en contra de la regasificadora llegó hasta el Tribunal Supremo, que acabó rechazando la instalación al desestimar el recurso del Estado y de Enagas y confirmaba la anulación de la autorización administrativa. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife también descartó la construcción de la regasificadora en un comunicado emitido en abril de este año, donde recordaba que la declaración de impacto ambiental caducó en octubre del año pasado.
El mismo proyecto se intentó emular en el puerto de Arinaga, en el sureste de Gran Canaria, pero contó con el rechazo frontal presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), y los municipios de la Mancomunidad, que frenaron la inciativa. Esto motivó disputas contra el expresidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, bajo cuyo mandato aprobó un decreto elaborado en 2015 para introducir el gas ciudad en ocho municipios de las Islas, una operación adjudicada a la empresa Redexis.El Ejecutivo de CC persistió en este modelo hasta el final de la legislatura de Clavijo a pesar de la mayor pujanza de las renovables.
El objetivo del actual Gobierno de canarias, según Valbuena, es sustituir los grupos térmicos “por otros con 100% de hidrógeno” y en caso de que necesiten gas natural, indica que deberán disponer de “regasificadoras en las propias instalaciones sin necesitar infraestructura externa”, como la proyectada en Granadilla.
En una comisión parlamentaria celebrada en noviembre de 2019, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, confirmó que el Banco Europeo de Inversiones había bloqueado el crédito 125 millones concedidos a Redexis para el proyecto al impedir dar fondos a energías fósiles. Y en 2020, el Tribunal Supremo ratificó la anulación de una red isleña de distribución de aire propinado después de que Redexis y el Gobierno canario presentaran un recurso a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tumbaba, a raíz de un recurso del grupo Disa, los criterios de valoración fijados por el Ejecutivo regional para resolver el concurso.
Estas operaciones se daban bajo un contexto nacional que convirtió años atrás a España en el país con más regasificadoras de Europa, tal y como detalla un reportaje elaborado por eldiario.es y Ballena Blanca. Con seis activas y otra ubicada en el puerto El Musel (Asturias) sin haber entrado nunca en funcionamiento al no ser necesaria y declarada ilegal, han estado durante los últimos años por debajo del 40% de su capacidad. Y la proliferación de estas infraestructuras, además de otras de almacenamiento, gasoductos y de ciclos combinados basadas en el gas, ha dado como resultado que el sistema gasista está sobredimensionado, con más oferta que demanda, en plena transición hacia las renovables. Dejando además ejemplos dantescos como el caso Castor, que ha abocado al Gobierno central a endeudarse para pagar 1.350 millones de euros a los bancos que adelantaron dicha cantidad a Enagás en 2014 para indemnizar a la promotora del fallido almacén de gas ubicado cerca de la costa de Castellón.
Otro de los argumentos esgrimidos en la moción del PP aprobada en el Cabildo de Tenerife para apostar por la regasificadora hace referencia a la supuesta pérdida de combatividad de los puertos de la Isla ante el horizonte 2025, fecha hasta la que se debe reducir el uso de combustibles fósiles y el gas natural también se posiciona como una apuesta de transición. El documento pone como ejemplo que en el puerto de La Luz y de Las Palmas se permita un centro de almacenamiento de gas natural licuado, regasificación y producción de energía. La iniciativa fue adjudicada a Totisa Holdings, promotora del proyecto, tras casi un año de trámites burocráticos y de pujanzas por la concesión por parte de grandes compañías como Endesa, Disa o Enagás. Cuenta con el visto bueno de Puertos Canarias desde diciembre de 2020.
Valbuena rechazó que la central de la capital grancanaria y la negativa a construir una regasificadora en Granadilla vaya a restar competitividad a Tenerife. El proyecto ubicado en el Puerto de La Luz y de Las Palmas plantea almacenar gas para suministrar a los buques, una planta regasificadora destinada a generar electricidad con ese gas en la red isleña, conectándose con la central térmica. y el repostaje con electricidad a barcos con motores apagados. Precisamente, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Endesa, Enagás -a través de su filial EnaGas Renovable- y la Universidad de La Laguna (ULL) desarrollan un proyecto para almacenar y suministrar “gas renovable”.
En la actualidad, el puerto de la capital chicharrera ya cuenta con instalaciones que suministran gas natural a buques y tras rechazar la regasificadora en Granadilla, Carlos González, presidente del ente que rige los muelles en la provincia occidental de las Islas, anunció en una entrevista en la Cadena Ser que se ha puesto encima de la mesa un barco-regasificador como alternativa en el muelle granadillero, además de una planta regasificadora en Santa Cruz de Tenerife similar a la de Las Palmas de Gran Canaria. Estas instalaciones, según Valbuena, se parecen “como un huevo a una castaña” al proyecto inicial que se reclamaba para esa zona
“Los buques necesitan almacenamiento de gas natural en estado líquido, no gaseoso. El gas que llega a Canarias es gas natural en estado líquido. Y eso es lo que hay que almacenar, porque los buques se nutren de gas en estado líquido. Hay barcos que tienen su propia regasificadora. Es más fácil transportar gas natural en estado líquido que gaseoso. Y lo que se hace es transferir el gas en estado líquido a los buques del puerto. Por lo tanto, lo que se necesitan son depósitos de almacenamiento”, explicaba Valbuena a RNE. Y respecto a los depósitos de gas de Cepsa existentes en las Islas, el consejero detalló que son “de carácter estratégico” y almacenan el combustible para usarlo en caso de emergencia.
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