La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido en la UE sobre varios proyectos gasistas en España que considera innecesarios en el actual contexto de descarbonización. Las advertencias figuran en un informe de la agencia europea de reguladores energéticos, ACER, y comprenden varias infraestructuras de gas natural licuado (GNL) y un proyecto para construir una tercera interconexión con Portugal.
“En relación a los proyectos tradicionales de gas no construidos y en fase de proyecto (ampliación de interconexiones o plantas de GNL) indicamos que no parecen encajar con la política energética de descarbonización. Por tanto, no vemos su necesidad, ni tampoco a la vista del uso de las interconexiones actuales”, explican fuentes de la CNMC.
El informe de ACER está fechado el 3 de mayo y recoge las observaciones de los organismos de supervisión de cada país sobre los borradores de proyectos a diez años presentados en octubre de 2020 por los diferentes gestores de transporte de gas de la UE.
En él queda patente el rechazo que el regulador español ha expresado ya en varios dictámenes sobre dos regasificadoras proyectadas por Enagás en Canarias: la de Arinaga (Gran Canaria) y la de Granadilla (Tenerife), cuya construcción insistía en reclamar esta semana el PP insular tras haber rechazado hace unos días su instalación la Autoridad Portuaria de Tenerife.
El informe de la agencia europea también advierte sobre cuatro proyectos de ampliación de otra regasificadora polémica que lleva años en marcha, la de Reganosa, en Mugardos (A Coruña): “De acuerdo con la actual Política Energética Española de descarbonización, las nuevas infraestructuras y corredores de gas no van a ser desarrollados en la Península Ibérica”.
Los cuatro proyectos prevén duplicar la capacidad de la terminal de GNL hasta 19,8 mcm/diarios mediante la construcción de nuevos vaporizadores Open Rack; construir un segundo puerto de atraque para los barcos que descargan el GNL; ampliar la capacidad de almacenamiento con un tanque adicional para 190.000 metros cúbicos; y construir un nuevo gasoducto de 318 kilómetros de longitud que iría desde Guitiriz (Lugo) hasta la estación de compresión de Enagás en Zamora.
Reganosa, que tiene en sus socios a la Xunta de Galicia, ha declinado hacer valoraciones sobre este asunto [“No comentamos informes de los reguladores”]. La empresa logró a finales del año pasado que el Ministerio para la Transición Ecológica concediera la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable a la planta. Un paso imprescindible después de que, en julio de 2019, el Tribunal Supremo declarase nula la exención de ese procedimiento que acordó el Consejo de Ministros en mayo de 2016, con el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones.
El informe de ACER cuestiona otro proyecto vinculado a ese gasoducto que plantea Reganosa, la construcción de una tercera interconexión con Portugal proyectada por la empresa lusa REN. Se trata de la primera fase de la infraestructura que conectaría Celorico da Beira, en el Distrito de Guarda, con Zamora (España), con un gasoducto de 162 kilómetros. La iniciativa ha recibido observaciones en contra del regulador portugués y del español. La CNMC “duda de la necesidad de este proyecto” y recuerda que ya hay en operación dos interconexiones gasistas entre ambos países que están infrautilizadas.
Planta de El Musel
Las advertencias del regulador español incluyen una infraestructura ya construida, la regasificadora que Enagás construyó en el puerto de El Musel (Gijón) hace casi una década y cuya DIA favorable acaba de aprobar el Ministerio para la Transición Ecológica. “La CNMC duda de la necesidad de este proyecto, que fue construido hace años pero está inactivo”, indica el informe de ACER. “Deberemos decidir entre Ministerio y CNMC a qué uso se dedica”, explican fuentes de la CNMC, que no obstante añaden que el organismo da “la bienvenida a proyectos experimentales sobre gases descarbonizados”.
El futuro de El Musel pasa por el hidrógeno renovable, el vector energético de moda, que por ahora no es viable sin ayudas y para el que, según explicó la semana pasada la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se han planteado 502 Manifestaciones de Interés para optar a fondos europeos que suman 10.000 millones de inversión, frente a los 1.555 millones previstos por el Gobierno hasta 2023.
Enagás, empresa participada por el Estado, ha planteado construir en el puerto gijonés y junto a Naturgy una planta de electrólisis que alimentaría un parque eólico marino flotante de 250 MW y otro terrestre de 100 MW. La regasificadora se aprovecharía para exportar el hidrógeno producido.
Según Transición Ecológica, la legislación permite, tras la DIA favorable, autorizar otros usos para la planta, como el “logístico”, que Enagás planteó al tramitar el nuevo permiso. En esta categoría entrarían “otro tipo de servicios conexos como puede ser la propia logística del hidrógeno renovable”, incluyendo la exportación mediante barco hacia Europa o almacenamiento de hidrógeno. La Dirección General de Política Energética y Minas será el órgano que deba autorizar el proyecto integrando las condiciones que se le imponen en la DIA y las que considere oportuno en materia energética.
El Musel, tras una inversión de cerca de 380 millones de euros, nunca llegó a abrirse por orden judicial y de la propia Administración, que decidió hibernar en 2012 la planta. Esta ya fue evaluada y autorizada en 2008, pero esa DIA fue anulada por el TSJ de Madrid en 2013 debido a que al iniciarse el procedimiento de autorización se hallaba en vigor en Asturias el régimen de distancias mínimas del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), que fue derogado en esa región por la Ley autonómica 11/2006 (no todo el RAMINP, que sigue vigente).
Se trata de la séptima instalación de estas características en España, el país con más regasificadoras de Europa. Las seis activas son las de Mugardos, Sagunto, Bilbao, Barcelona, Cartagena y Huelva. Hace cinco años, Enagás advirtió de que un improbable desmantelamiento de esta instalación le daría derecho a una compensación millonaria,
La CNMC es uno de los 13 reguladores energéticos nacionales que ha realizado comentarios a los proyectos planteados por los diferentes gestores de transporte de gas de la UE. Los otros son los de Austria, República Checa, Croacia, Chipre, Estonia, Francia, Grecia, Italia, Hungría, Letonia, Malta y Portugal.