El Constitucional da vía libre al derribo del hotel de Fuerteventura que incumple la normativa de costas

El Tribunal Constitucional ha firmado la sentencia de muerte de un hotel que lleva décadas construido en las dunas de Corralejo de la isla canaria de Fuerteventura. El pleno ha rechazado las alegaciones que el gobierno de Canarias había presentado contra la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de no renovar la concesión otorgada hace más de 20 años y que permite que el hotel y los apartamentos Oliva Beach, de la cadena hotelera Riu, siguieran en ese emplazamiento. El ejecutivo canario de Fernando Clavijo llevó el caso al tribunal de garantías, que considera que esta decisión es competencia del ejecutivo central.

El pleno, con ponencia de César Tolosa y por unanimidad, ha decidido rechazar estas alegaciones, según apuntan fuentes del tribunal a elDiario.es. No hay dudas, explican estas fuentes, de que se trata de una competencia del Estado y no del ejecutivo autonómico.

Las dunas de Corralejo, al norte de la isla de Fuerteventura, fueron declaradas parque natural en 1982. Para entonces el hotel Oliva Beach de la cadena Riu llevaba más de un lustro levantado sobre la arena y la vía de hechos consumados llevó al ejecutivo de José María Aznar a dar una concesión a la empresa en 2003. Tres décadas de autorización a contar desde el año 1992, fecha en la que las autoridades dejaron por escrito que el hotel invadía dominio público.

La licencia concedida a la empresa Geafond fue modificándose y prorrogándose con el paso de los años hasta que en 2020 las autoridades constataron que el hotel y los apartamentos habían crecido muy por encima de las condiciones que se habían pactado. Una carretera, zonas ajardinadas, depósitos de agua sin tratar y una valla que impedía el acceso a la parcela. Fue en febrero de este año cuando el secretario de Estado de Medio Ambiente firmó la caducidad de la concesión y comunicó a la concesionaria su obligación de demoler el hotel por incumplir la normativa de costas.

El ejecutivo canario de Clavijo acudió al Constitucional sin cuestionar el fondo del asunto pero planteando lo que se denomina un conflicto positivo de competencia: entiende que la competencia sobre costas está en manos del gobierno de las islas y no del ejecutivo central. El gobierno de las islas llegó a hablar de una “injerencia directa” en las competencias de la comunidad autónoma.

La decisión del pleno del Constitucional ha sido rechazar estas alegaciones y declarar que sí es potestad del Gobierno central tomar este tipo de decisiones, avalando en el plano formal una orden que tiene por finalidad la demolición del hotel y los apartamentos Oliva Beach en las dunas de Corralejo. Como ha sucedido en el caso de otros hoteles, el proceso de demolición puede prolongarse durante años con nuevos pleitos por la vía judicial como ocurre en la actualidad con el complejo de La Isla de Valdecañas en Extremadura o El Algarrobico en Andalucía. Un trámite que, como denuncia la propia Fiscalía, es difícil de ejecutar y suele eternizarse en los tribunales.