“El sector audiovisual canario lleva conviviendo más de un año con la incertidumbre y la inseguridad jurídica”, así arranca un comunicado de prensa enviado por el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC), en relación a la situación de los incentivos fiscales. El clúster denuncia “la huida de las producciones extranjeras” ante la dejadez del Ministerio de Hacienda que “no ha respondido ni resuelto” las reclamaciones sobre la modificación de los incentivos en mayo de 2020. Esta situación, “pone en grave peligro las inversiones realizadas y sobre todo proyectando una imagen exterior de nuestra región de inseguridad y de incertidumbre jurídica”, reiteran en el comunicado.
Cabe recordar que, desde la modificación de los incentivos, el Clúster viene reclamando a las instituciones públicas “trasladar el límite máximo anual de la deducción por inversiones en producciones audiovisuales españolas y extranjeras realizadas en Canarias, a los 18 millones de euros”, por representar un porcentaje superior, de un 80% más que en el territorio común, tal y como se presenta en el art. 94 de la Ley 20/1991 de modificación del REF.
Tras las recientes informaciones sobre un principio de acuerdo entre el Gobierno central y el regional para regular el tope de deducción anual por incentivos fiscales en Canarias a 12,4 millones (aumentando los 5,4 actuales en 7 millones), el Clúster Audiovisual de Canarias (CLAC) valora la propuesta como “una solución a corto plazo para poner fin a la situación de incongruencia legal para el territorio insular y comenzar a revertir la situación de injusticia que venimos padeciendo en pro de mantener un diferencial respecto al territorio común como establece el REF”. En todo caso, esta subida ha de formalizarse por las vías legales correspondientes con antelación suficiente a la presentación de las autoliquidaciones tributarias correspondientes del ejercicio fiscal de 2020, en especial, a la presentación del Impuesto de Sociedades (durante el mes de julio 2021) para que tenga verdadera eficacia.
En segundo lugar, desde el CLAC instan a todas la instituciones, partidos políticos y agentes sociales “a seguir defendiendo la mayor claridad y concreción posible en las normas que regulan el sector, a respetar el ordenamiento jurídico español, a aspirar a conseguir el máximo anual que a Canarias le corresponde según el porcentaje establecido del 80% (para la situación actual, 18 millones) y, también, a que los límites que se establezcan en la futura reforma del REF adopten la fórmula de porcentajes y no mediante cifras concretas”.
“Está en juego la imagen de nuestro territorio y la estabilidad de nuestras empresas”, sentencian.
Antecedentes
El 6 de mayo de 2020 se publicaba en el BOE el Real Decreto-ley 17/2020, por el que se aprobaron una serie de medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Entre otras novedades, la Disposición final primera incrementó los incentivos fiscales relacionados con la producción audiovisual. En concreto, estableció una subida de cinco puntos en la deducción por inversión, que pasó a ser del 30% respecto del primer millón y del 25% sobre los millones sucesivos, así como un nuevo tope máximo por cada producción realizada, que ascendió de 3 a los 10 millones de euros.
“En Canarias celebramos en su momento estos cambios porque, gracias al Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), el porcentaje de deducción aumenta automáticamente en 20 puntos sobre cualquier incentivo, que por tanto pasó a ser del 50 y 45%, respectivamente”, relatan en el comunicado. Sin embargo, el cambio respeto al incremento del importe máximo de la deducción no se produjo de la misma forma automática, pese a lo que indica el art. 94 de la Ley 20/1991 del REF, que establece que la “deducción por inversión en Canarias, tendrá por límite máximo un porcentaje […] siempre superior en un 80% al que para cada modificación de la deducción por inversiones se fije en el régimen general”. Es decir, no solo no se ha respetado la diferencia del 80% que la disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994 de modificación del REF había fijado (en aquel entonces en 5,4 millones frente a los 3 millones del resto de España, esto es, un 80% más que en el territorio común), sino que “incluso estamos técnicamente por debajo del límite que disfrutan desde mayo de 2020 con total garantía el resto de inversiones audiovisuales producidas en el territorio común”.
Otras mejoras de los incentivos
Desde el CLAC proponen otras mejoras en los incentivos fiscales, c“omo el de tratar que exista un único incentivo fiscal, adoptando el modelo del incentivo internacional (el Tax rebate del 36.2), más eficaz y operativo que el nacional (el denominado 36.1), que se basa en la inversión directa del productor en el territorio”.
Adicionalmente, solicitan que se “reduzca el límite mínimo por debajo de un millón de euros para la inversión directa del productor (según la fórmula actual del incentivo internacional)”, ya que se están desaprovechando oportunidades de que sea usado por un mayor número de productores canarios. “La disminución de este límite es la vía de acceso para que nuestras pymes del sector audiovisual atraigan más proyectos del mercado internacional adecuados a su escala, y generen industria”. Esta cuestión también se demanda desde la Spain Film Commission y la recomienda en sus conclusiones el Informe de PROEXCA sobre el sector audiovisual, de diciembre de 2020. “Sería una herramienta clave que provocaría que un mayor número de empresas accediera al incentivo y atrajese más rodajes”, concluyen.