MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Las asociaciones de internautas han adelantado este miércoles que están “analizando la posible inconstitucionalidad” del texto pactado entre PSOE, PP y CiU en el Senado para sacar adelante la Ley Sinde. Según el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez, que se pueda cerrar una página web “por si acaso puede hacer daño es algo que no cabe en la Constitución”.
Aparte de otras consideraciones acerca del contenido de la Ley, concretamente están analizando el punto que establece que la Comisión de Propiedad Intelectual pueda adoptar medidas preventivas contra webs que “hayan causado o sean susceptibles de causar un daño patrimonial”.
“Podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos que vulneren los citados derechos siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial”, plantea el texto.
En esta línea, Pérez ha subrayado que son más de una treintena de organizaciones de todo tipo las que están trabajando en desarrollar acciones de queja conjuntas, las cuales “se irán haciendo en la medida en que surja el calendario”.
“No queremos que nadie se aproveche del trabajo de los demás, pero esta es una ley para criminalizar al enlazador, y de esta manera se tendría que cerrar internet”, ha argumentado, para después señalar que “hay que cambiar el modelo de negocio porque el futuro no pasa por lo que nos quieren imponer los que han triunfado con el modelo anterior”.
“CAPACIDAD INQUISITORIA TREMENDA”
El presidente de la Asociación Música e Internet (AMI), Santiago Ureta, ha ido más allá y ha hablado de que esta ley es una “medida cautelar sin precedentes, con una capacidad inquisitoria tremenda”. Víctor Domingo, de la Asociación de Internautas (AI), ha denunciado, asimismo, que “han llevado al BOE una Comisión que es de antes de 1975”.
Pérez ha planteado también que este “no es un problema de piratería”, ya que se “pueden prohibir todas las descargas”, pero no va a servir de nada si la industria no se adapta a los nuevos tiempos. Así, ha reclamado una reforma “a fondo” de la Ley de Propiedad Intelectual y la eliminación del canon, pues “perjudica al creador y al usuario y sólo beneficia al intermediario”. “Hay soluciones, pero no pasan por criminalizar al usuario”, ha añadido.
Por su parte, Domingo ha recordado que ya presentaron todos juntos una petición en el Senado para que no sacaran adelante la Ley Sinde, y ha afirmado que la enmienda pactada es una “chapuza” que, además, no tiene más garantías judiciales, a pesar de que eso es lo que defienden los partidos firmantes.
A su juicio, con esta enmienda “se da más facultades a la Comisión de Propiedad Intelectual, y se pasa a los jueces a la categoría de notarios”. “Se está potenciando la Comisión sin una tutela judicial efectiva, se baja a los jueces a certificadores, ya que todo lo llevaría una Comisión política, convirtiendo además a los proveedores en la policía, pues ellos tienen los números IP de los usuarios”, ha expuesto.
Sobre el compromiso del Gobierno de adaptar el canon a las sentencias europeas, Domingo ha dicho que es algo que ya tenía que estar hecho, y ha avanzado que más de 60 ayuntamientos están ya reclamando lo que han pagado por este concepto desde 2003, una cifra que, según ha recalcado, la Comisión Nacional de la Competencia cifra en 160 billones de euros.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI), Miguel Errasti, ha recordado que la mayor parte de los alojadores webs -más del 90 por ciento- no están en España, por lo que esta ley sería “ineficaz”. Ha avisado de que la ley puede además crear inseguridad jurídica y una migración hacia otros países del sector del hosting, lo cual provocaría cuantiosas pérdidas económicas.
DIMISIÓN DE LA MINISTRA
Ejerciendo como portavoz de todos los presentes, Domingo ha explicado que a ellos no les incumbe el anuncio de dimisión de Álex de la Iglesia al frente de la Academia de Cine, pero que lo que sí quieren es que dimita la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, quien “lleva dos años de regalo en el Ministerio”.
Sobre este asunto, Pérez ha indicado que le han pedido reuniones directamente a la ministra en varios ocasiones, algunas de ellas recientemente e incluso entregándole documentación en mano en diversos actos públicos, a pesar de lo cual no han obtenido una respuesta positiva.