Un año de récord en infracciones y más de 30.000 accidentes visibilizan la lacra de la siniestralidad laboral en Canarias

Pedro tenía 35 años y trabajaba como miembro del equipo de mantenimiento de una empresa agrícola dedicada al cultivo de plátanos. Era mayo de 2012. La máquina encargada de trocear los tallos sobrantes de las piñas presentaba una avería, así que tanto él como su jefe comenzaron a repararla. La herramienta cuenta con dos cuchillas muy afiladas, pero ese problema puede solucionarse accionando los paros de seguridad en el cuadro de mandos. Mientras el trabajador estaba desarmando el sistema, el encargado de planta apareció en escena hablando por el móvil. Pedro cuenta que lo perdió de vista. Y fue entonces cuando este último, “supongo que despistado por la conversación telefónica”, desbloqueó la paralización del mecanismo y puso en marcha el aparato. Al protagonista de la historia, que tenía la mano izquierda junto a las cuchillas, el artificio le succionó tres dedos, lo que provocó una hemorragia importante. Fue evacuado de manera urgente al hospital y ahí, recuerda, “empezó un calvario”.

“Operaciones, rehabilitación, trasplante de tendones, hospitales de la Península… Que duró dos largos años”, narra Pedro.

La empresa recibió una sanción económica y sucesivas inspecciones periódicas. Pedro explica que en ese momento no existía un protocolo para manipular la máquina en cuestión. Pero agrega que, diez años más tarde, y con él ahora como jefe del mismo departamento, todo ha cambiado. “Soy muy estricto con las medidas de seguridad, tanto en la utilización de los Equipos de Protección Individual (EPI) como en la señalización de todos los trabajos que hacemos. Y no me corto a la hora de paralizar la producción o lo que haga falta con tal de que mis chicos trabajen de forma segura. Una experiencia de este tipo te hace ver las cosas diferentes”.

El ejemplo de Pedro es antiguo, de hace más de diez años, pero cobra ahora especial relevancia porque engorda una estadística, la de accidentes laborales acontecidos en Canarias, que ha aumentado considerablemente este año con relación a los cursos anteriores. Las últimas cifras provisionales del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) detallan que el número de incidentes ocurridos durante la jornada laboral o de camino y vuelta al trabajo, los conocidos como in itinere, alcanzaban los 31.117 casos hasta julio, un 13,34% más en comparación con el año pasado.

El incremento está notándose en especial en sectores como la hostelería, construcción, comercio al por mayor y actividades administrativas y servicios auxiliares, que acumulan más de la mitad de los registros de siniestralidad laboral con baja en las Islas. El aumento ha sorprendido también a los sindicatos, quienes han expresado preocupación por que esta tendencia haya llegado justo el año de la completa reactivación económica tras la pandemia.

“Que algo tan importante como la aplicación de las medidas preventivas haya pasado a un segundo plano, que hayan empeorado los ritmos de trabajo, mucho más vertiginosos que antes, que no esté habiendo sustituciones… Todo ello hace que la clase trabajadora esté sobrecargada. Y esa puede ser la raíz de esta subida”, explica Carmen Marrero, secretaria de Sostenibilidad y Salud Laboral de Comisiones Obreras (CCOO) en el Archipiélago.

Marrero señala directamente al sector servicios, el de mayor representación en el mercado laboral de la Comunidad Autónoma, por considerar que es ahí donde más están exprimiéndose a las plantillas. La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno canario celebró una reunión junto a los sindicatos y la patronal sobre este asunto a principios de septiembre en la que reconoció las malas noticias pocos días después de que las camareras de pisos, uno de los colectivos más afectados, volvieran a lanzar un grito de auxilio ante el empeoramiento de las condiciones laborales. “Nuestros problemas son los mismos o más graves”, dijo a esta redacción Gladys Medina, delegada sindical de CCOO y trabajadora de esta ocupación en un hotel en el sur de Tenerife.

“Quizá está fallando la necesaria formación adaptada a los riesgos laborales que debe recibir cada trabajador. Nos encontramos con que muchísimas empresas lo único que hacen es aportar un librito y pedir a los empleados que lo lean y ya está. Y eso no es así. La prevención en este sentido es una inversión. Debe acabar la mentalidad que existe por parte del empresariado de que esto es un coste. Porque mejorar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores aumenta la productividad y ayuda a que la gente esté menos estresada”, remarca Marrero.

La evolución negativa en siniestralidad laboral terminó por hacerse visible hace unas semanas, cuando dos operarios fallecieron en sendos accidentes en la isla de Tenerife. Fuentes del sector de la Inspección de Trabajo consideran que la muerte de ambas personas en un mismo día fue “mala suerte”, que no suele ocurrir continuamente. Pero la hemeroteca refleja un patrón reciente poco halagüeño, ya que 2022 registró el dato más alto de muertes en el trabajo en Canarias en casi una década, con 28 siniestros, ocho de ellos in itinere y 20 en el mismo lugar donde la víctima solía realizar su labor.

Las estadísticas negativas no acaban ahí. Además de la información aportada por el ICASEL, los informes de la Inspección de Trabajo revelan que las infracciones y sanciones impuestas por el organismo estatal en el Archipiélago alcanzaron un nuevo récord en 2022, a mucha distancia de la anterior marca, al registrar 1.471 vulneraciones de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales (el dato más alto registrado en los últimos diez años era de 1.167 infracciones, en 2011) y un importe total por multas propuestas de 5,06 millones de euros (supera con creces la última cifra más elevada, también en 2011, con 4,23 millones de euros).

El documento resumen de las actuaciones de los inspectores laborales en las Islas indica que los principales motivos que propiciaron dichas intervenciones son, por orden, las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, formación e información de empleados, medidas de protección personal, máquinas y equipos, evaluación de riesgos y vigilancia de la salud. El texto agrega que la Inspección investigó 451 accidentes en este contexto en la Comunidad Autónoma, 17 de ellos mortales, y que esto derivó en la contabilización de 291 infracciones y 1,34 millones de euros en sanciones.

“Los accidentes laborales son multicausales. Nunca hay una única causa, sino que existen varias de diverso origen. La prevención es una inversión, sin embargo, muchos empresarios la siguen viendo como un coste, una obligación legal que hay que cumplir para no ser sancionado y ya está. Nosotros creemos que hay que incrementar los recursos humanos en ella y, al margen, mejorar las condiciones”, argumenta José Francisco Hernández, técnico de prevención de riesgos laborales en la Unión General de Trabajadores (UGT).

“En la reunión que tuvo el Ejecutivo regional con los agentes sociales se llegó a una conclusión. Y es que tanto trabajadores como empresarios se han relajado en el cumplimiento de la normativa. Y ese relajamiento puede estar motivado por la falta de concienciación preventiva o en poner por delante de la seguridad de las personas sacar la producción”, continúa Hernández.

El experto radiografía el perfil de un trabajador promedio accidentado en Canarias. Detalla que sería una mujer, empleada en el sector de la hostelería, en concreto como camarera de piso, en la provincia de Las Palmas. Y agrega que “no es casualidad” que sean precisamente ellas las que “están demandando mejoras constantemente”, especialmente después de que una compañera falleciera por causa “natural” en un hotel de Tenerife a finales de agosto. A pesar de que este tipo de casos no suelen atribuirse como laborales, un macroestudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que las jornadas trabajadas de 55 horas o más provocaron 745.000 defunciones por accidentes cerebrovasculares y cardiopatías isquémicas en 2016.

Las cifras del Ministerio de Trabajo, por otro lado, certifican que son los hombres quienes registran la tasa de accidentalidad más alta, pero, al menos este año, el número de partes cerrados con baja por enfermedades notificadas es mucho mayor entre las mujeres (113 contra 53). Más allá de los problemas físicos, ellas lideran las bajas por salud mental en España, sobre todo las jóvenes, de acuerdo con un análisis elaborado por elDiario.es.

“Las malas condiciones laborales no solo pueden provocarte un accidente, sino también una enfermedad que podría invalidarte. En ese punto hay que hacer hincapié”, destaca Marrero. El sector servicios acumuló el 72% de todas las enfermedades declaradas en 2021 en las Islas, según recoge la recién aprobada Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo en Canarias para los años 2023 a 2027.

La mencionada hoja de ruta presume que el Archipiélago ocupe uno de los puestos más bajos del país en el índice de accidentalidad laboral. Pero también recuerda que la población de la Comunidad Autónoma está envejeciendo, y que “como consecuencia de esos cambios fisiológicos propios del envejecimiento”, es necesario implantar medidas concretas.