MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado el proyecto de ley de Lucha contra el Fraude elaborado por el Gobierno con el único respaldo del Grupo Popular, que ha rechazado las 120 enmiendas parciales presentadas por la oposición, provocando así que PSOE, CiU, UPyD y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se abstengan en la votación.
La portavoz 'popular' de Hacienda, Ana Madrazo, se ha congratulado de que la lucha contra el fraude sea “un objetivo compartido por todos” dado que se trata de una “política de Estado”, por lo que “sería bueno un mensaje de apoyo de todos los grupos a este proyecto”.
A renglón seguido, ha lamentado que las propuestas de la oposición “no hayan tenido cabida en este proyecto” y ha asegurado que “posteriormente, cuando se vena los resultados de su aplicación, se podrá modificar la norma en la medida en que la realidad lo exija”.
Antes de eso, la oposición intentará 'colar' cambios a la legislación durante su paso por el Senado, ya que la tramitación en la Cámara baja ha concluido al haberse dotado a la Comisión de Hacienda de competencia legislativa plena, lo que significa que el texto no debe volver al Pleno.
PROYECTO POCO AMBICIOSO
Sin embargo, la práctica totalidad de la oposición ha argumentado que, aunque los objetivos del proyecto de ley y las medidas que incluye son “positivos”, el Gobierno ha redactado una norma “muy poco ambiciosa”, en la que es necesario incrementar los recursos de la Agencia Tributaria (AEAT) y mejorar la coordinación entre las administraciones estatal y autonómicas en la materia.
Estos dos asuntos han sido incluidos por casi todos los grupos en las 120 enmiendas presentadas, lo mismo que la petición de derogación de la amnistía fiscal y la lucha contra los paraísos fiscales. Asimismo, varios portavoces parlamentarios han señalado que si se incrementara la recaudación por esta vía se podrían evitar muchos de los recortes para equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit.
Así, el socialista Pedro Saura ha reclamado que la lucha contra el fraude esté “en el corazón de la política impositiva de los próximos años para evitar que se suban más los impuestos a los que ya pagan, y también en el centro de la agenda política y económica de la UE”. “No se entiende que, en la salida de la crisis, no se busquen acuerdos y consensos en política económica en general, pero particularmente en política impositiva”, ha añadido.
Entre las principales “preocupaciones” del PSOE con esta normativa destaca que busca “lavar la cara de la amnistía fiscal” --recurrida ante el Tribunal Constitucional y la Audiencia Nacional-- y que se completa con la reforma del Código Penal con la que, a su juicio, “se tratar de dar cobertura y seguridad jurídica al defraudador para acogerse” a dicha amnistía. En la misma línea, el diputado murciano ha lamentado que los recursos de la AEAT caigan un 7,7% en los Presupuestos de 2013 y que el proyecto de ley no incluya “objetivos cuantificados”.
Alberto Garzón, de IU-ICV-CHA, también se ha felicitado por la existencia de este proyecto, que “hacía falta desde mucho antes del inicio de la crisis”, aunque ha señalado que “hay muchos elementos sustanciales que corregir”, en concreto relativos a aspectos como la lucha contra los paraísos fiscales o la mejora del sistema impositivo.
“Es un proyecto sensato en su finalidad pero insuficiente en su contenido. Nuestras enmiendas ayudarían a avanzar en la eficacia del proyecto, y esperamos que el PP y el Gobierno sean sensibles y acepten propuestas de la oposición”, ha insistido.
En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, para quien un problema “tan grave” como éste, que merma en entre siete y ocho puntos del PIB la recaudación fiscal anualmente, requeriría de “propuestas más ambiciosas” en asuntos como los plazos de prescripción de los delitos, los medios de la AEAT o la coordinación administrativa.
“Hay que derogar la amnistía fiscal. No se puede aparecer como un abanderado de la lucha contra el fraude cuando se plantea esta amnistía, que está fracasando en toda regla y deslegitima (la política fiscal) a cambio de una recaudación mínima”, ha dicho, justificando la abstención de su grupo en la “falta de receptividad del PP” y en que “no ha hecho el menor esfuerzo en acercar posturas” y “encontrar complicidades” en la oposición.
A LA ESPERA DEL SENADO
Por parte de CiU, el diputado Antoni Picó también ha reconocido que los nacionalistas catalanes comparten el proyecto de ley, si bien ha argumentado que debería “profundizarse” en cuatro asuntos: la mejora de la seguridad jurídica para buscar rentas no declaradas y no centrarse en la investigación de rentas declaradas, la mejora de la colaboración entre administraciones públicas, la simplificación de las obligaciones tributarias para los ciudadanos, y la introducción en la política fiscal de medidas que vayan más allá de la lucha contra el fraude y colaboren con la reactivación económica.
En cualquier caso, Picó ha esperado que en el trámite en el Senado se pueda “avanzar más” en estos asuntos, especialmente en el cambio de la Ley del Mercado de Valores incluido en este proyecto de ley a través de una de las enmiendas del PP y que a su juicio “deberá ser objeto de estudio en profundidad y de una mejora en la concreción de la redacción” del texto.
Finalmente, la diputada del BNG Olaia Fernández Davila ha reiterado que este plan es “positivo pero muy insuficiente” porque requiere de “medidas eficaces y ambiciosas”, como por ejemplo un acuerdo en el seno de la OCDE para luchar contra los paraísos fiscales o más recursos para la AEAT.
ARGUMENTOS EN CONTRA
Tras exponer sus argumentos, los portavoces de la oposición han lamentado que el Grupo Popular no haya aceptado ninguna de sus enmiendas --aparte de las trece presentadas por el PP, que se incorporaron automáticamente al texto en el trámite de Ponencia--.
Críticas que se producen después de que la propia Madrazo dijera durante el debate de la enmienda de totalidad contra el texto presentada por IU-ICV el pasado jueves en el Pleno del Congreso (contra la que votaron todos los grupos mayoritarios) que la lucha contra el fraude es “tarea de todos” e instara a los grupos a presentar enmiendas para “enriquecer el proyecto” mostrando a renglón seguido la “disposición del PP al diálogo y el consenso”.
Hoy en la comisión, la diputada 'popular' ha argumentado el por qué del rechazo a algunas de las enmiendas, recordando que “hay que ser cauto” y esperar a ver los resultados de algunas de las medidas antes de modificarlas, ya que es la primera vez que se aplican en España,
Además, ha recordado que en asuntos como la lucha contra los paraísos fiscales o la tasa sobre transacciones financieras el Gobierno trabaja en coordinación con instituciones internacionales como la OCDE o la UE; y que la coordinación de la AEAT con otras administraciones tributarias está en el origen de su creación. Asimismo, ha puesto en valor que la Agencia es uno de los pocos organismos públicos que se libra de la tasa de reposición cero decretada en el caso de jubilación de funcionarios.
“Estamos registrando buenos resultados a nivel cuantitativo pero también cualitativo (con las medidas puestas en marcha hasta ahora por el PP), pero el Gobierno no se conforma y seguirá poniendo todos los medios necesarios para combatir el fraude fiscal, que es siempre reprochable pero con esta situación económica demuestra la insolidaridad de muchos ciudadanos con el resto, a los que estafa al no pagar”, ha zanjado.