La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel, apuesta claramente por mantener la moratoria turística en Canarias, si bien considera importante admitir cada cuatro o cinco años la puesta en marcha de proyectos singulares diferenciados del resto, que permitan abrir nuevos segmentos en la demanda.
Así lo han dejado claro el presidente y gerente de Ashotel, Jorge Marichal y Juan Pablo González, respectivamente, en los encuentros mantenidos estos dos últimos meses con los cuatro grupos parlamentarios (CC, PSC-PSOE, PP y Mixto) que trabajan en el proyecto de Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias. “Con la renovación de la planta obsoleta se permitirá, además, la creación de puestos de trabajo en el sector de la construcción y en la industria complementaria”, destaca Marichal.
En un documento de veinte folios, Ashotel apunta una serie de reformas al articulado del citado proyecto de ley, con cuyo espíritu general está de acuerdo, pues se comparte la necesidad de intervención por parte de la Administración pública en la regulación del sector, “siempre y cuando su fin no sea otro que garantizar su sostenibilidad y continuidad como principal motor económico del Archipiélago”. En este sentido, la Asociación se opone a una moratoria sine die, “ya que limita el alcance de la renovación a una parte importante del sector, el extrahotelero, precisamente el que más modernización necesita”.
Además de permitir la construcción periódica de proyectos turísticos singulares, la Ashotel, que aglutina a unos 250 empresarios hoteleros de la provincia tinerfeña, propone la creación de una nueva figura para la planta extrahotelera que trate de paliar el problema que se presenta con los incumplimientos en la unidad de explotación. Se trata del concepto de residencial turístico, “que deberá estar sujeto a inspección para obligar al explotador a cumplir con un mínimo mantenimiento del edificio”. “Esta medida permitiría evitar el aspecto deteriorado de muchos complejos extrahoteleros situados en los centros neurálgicos turísticos”, sostiene la asociación.
Otro de los planteamientos de Ashotel hace alusión a la posibilidad de permitir un cambio de uso de suelo turístico a residencial en un plazo de dos años desde la aprobación de la ley si el empresario desistiera de las expectativas para ese uso turístico.
Asimismo, el aspecto financiero “es fundamental”, pues la Asociación considera que esta ley “no tiene sentido en los momentos actuales de falta de créditos bancarios si no se articula una ficha financiera”. Para Ashotel, se hace necesario habilitar líneas de crédito para los hoteleros que promuevan las reformas necesarias en sus instalaciones. Por otro lado, plantea que el sector pudiera seguir accediendo a la subvención denominada Incentivos Económicos Regionales 2007-2013, que ha permitido hasta ahora sufragar entre el 13% y el 15% de cada proyecto de renovación. Si a esto se une la apertura de esa citada línea de crédito en condiciones favorables, “esta importante operación de renovación tendría buenos resultados”, según la asociación. “Grosso modo, nuestros asociados necesitarían en conjunto unos 250 millones de euros para renovar su planta obsoleta”.
Por último, entre las alegaciones destacadas, Ashotel exige que se estipule en la futura ley quién y cómo se fijarán los precios de las unidades del propuesto banco de camas. Esta figura prevé que aquel hotelero que renueve su planta y que no pueda construir por falta de espacio en su establecimiento ese 50% más de camas que contempla la Ley de Medidas Urgentes, además de un 25% extra en caso de incremento de categoría, pueda ofertarlo a un banco de camas. Ashotel exige que se establezcan precios máximos y un tiempo tope de dos años para colocar esas camas. El objetivo de esta limitación, señala Ashotel, “no es otro que evitar la especulación”.