MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha decretado recientemente el embargo de cinco fincas propiedad del exbanquero y actual candidato a la Xunta de Galicia Mario Conde en ejecución de la sentencia de marzo de 2000 que le condenó por apropiación indebida, estafa y falsedad cometidas durante su etapa al frente de Banesto.
La decisión de ejecutar definitivamente estos comisos fue adoptada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia los pasados 12 de mayo y 1 de octubre, aunque ha sido este martes cuando las resoluciones se han hecho públicas.
Según fuentes jurídicas, el entorno de Conde procedió a la enajenación de las fincas, justo unos días antes de dictarse sentencia firme por el Tribunal Supremo en julio de 2002. A partir de ese momento, una sociedad luxemburguesa figuraba como propietaria, motivo por el que el registro de la propiedad no había procedido a anotar el embargo judicial.
LAS SEGUÍA DISFRUTANDO
La Sala recuerda, al ejecutar ahora los decomisos, que “en sentencia ya quedó probado que el dinero empleado en la adquisición de estas fincas tiene su origen en las cantidades objeto de la apropiación indebida que motivó la condena” y que seguían siendo utilizadas por el mismo entorno familiar de Conde, manteniendo los mismos empleados que antes y con gastos domiciliados en cuentas bancarias vinculadas a la familia del ex banquero.
La formalización del decomiso afecta a tres fincas de Baleares y dos de Sevilla (Los Carrizos de Castillbalnco y la hacienda Melonares Bajos), según las mismas fuentes.
El 31 de marzo de 2000, Conde fue condenado por la Audiencia Nacional a 10 años y dos meses de prisión por los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad cometidos durante su etapa al frente de Banesto.
Arturo Romaní fue condenado a 13 años y 8 meses de cárcel y a pagar en solitario 1.344 millones de pesetas, mientras que Fernando Garro y Rafael Pérez Escolar son condenados a seis años de prisión cada uno.
Algo más de dos años más tarde, el 29 de julio de 2002, el Supremo aumentó la pena impuesta a Conde de 10 a 20 años, lo que supuso su reingreso en prisión.