WASHINGTON, 11 (EUROPA PRESS)
El Banco de España reconoce en el informe que ha realizado el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la banca española que el proceso del reestructuración del sector bancario del país no se acometió con la celeridad oportuna, pero incide en siete argumentos que, en su opinión, ayudan a explicar este proceso.
En primer lugar, el Banco de España destaca que es “importante” tener en cuenta que los instrumentos adecuados de resolución no fueron introducidos hasta 2009, al mismo tiempo que apunta que solo ahora, desde la perspectiva, se puede saber que el deterioro de la economía fue más prolongado de lo que anticiparon las instituciones nacionales e internacionales.
En tercer lugar, destaca que los sucesivos gobiernos españoles durante este periodo decidieron y confirmaron que solo se podían usar “limitados fondos públicos” para rescatar a los bancos, lo que eliminaba la posibilidad de alternativas como la creación de bancos malos. Así, recuerda que se consideraron otras medidas ya que, a diferencia de otros países, los grandes bancos no se vieron afectados.
En este sentido, añade que esta decisión se tomó no solo debido a la necesidad de contener el déficit público, sino también, y especialmente, debido al hecho de que un gran incremento del déficit podría llevar a un empeoramiento de la crisis de deuda soberana, como ocurrió en otras economías.
“La decisión de implementar la reestructuración a través de soluciones privadas tiene muchas ventajas pero es inevitablemente más lenta, muchos más compleja y más difícil de implementar que aquellas que, pese a actuar con mayor rapidez, implican grandes cantidades de recursos públicos”, defiende.
En un cuarto lugar, reconoce que la implementación de una solución privada ha demostrado ser “particularmente difícil y lenta” durante la crisis porque las principales entidades internacionales que podrían haber participado en fusiones y adquisiciones no estaban en condiciones de hacerlo. “Por esta razón, la solución privada se limitado a nivel doméstico”, añade.
El quinto argumento esgrimido por el Banco de España es que durante esta crisis sistémica no fue posible utilizar la herramienta tradicional de resolución de liquidar un banco con amortizaciones para los tenedores de deuda, ya que si España hubiera sido el único país en imponerles pérdidas en el caso de las entidades de tamaño medio, la financiación para las que están en una situación saludable se hubiera visto seriamente dañada.
“Por lo tanto, los beneficios derivados de la liquidación de un buen número de entidades crediticias no hubiera compensado el potencial daño al sistema bancario en su conjunto y especialmente a las entidades más saludables”, insiste.
En sexto lugar, remarca que la gobernanza de las cajas de ahorros se sumaron también a la complejidad del proceso de reestructuración y afectaron a su velocidad, debido a la fuerte presencia de intereses políticos y sindicales en sus consejos y juntas. Aunque añade que este problema se ha mitigado con las transformación de las cajas en bancos, cree que solo desaparecerá si pierden el control de sus bancos participados.
Por último, apunta que el hecho de que las comunidades autónomas utilizaran su poder para aprobar las fusiones durante el proceso de reestructuración lo ralentizó “significativamente”, dada la necesidad de mantener negociaciones “largas, complejas y difíciles” con gobiernos regionales para lograr acuerdos adecuados. “Este problema ya desaparecido gracias a la transformación de las cajas en bancos”, concluye.